Una política que fracasó

Por Jorge Oviedo

El mismo gobierno que paga con cuentagotas las sentencias judiciales por diferencia de haberes en favor de los jubilados, que ve reducirse el superávit fiscal, que sostiene que no puede bajar los altísimos impuestos porque no está en condiciones de resignar esos ingresos, se dedica, por otro lado, a anunciar alegremente subsidios o contribuciones como si el dinero sobrara.

El retroceso parcial en el aumento de la tarifa de electricidad y en el impuesto a algunos consumos de gas representará unos $ 500 millones para el fisco, que se sumarán al multimillonario costo de la política energética. Los Kirchner prometieron en la campaña electoral de 2003 corregir los desfases de las tarifas de manera gradual. Pero luego las mantuvieron congeladas todo lo que pudieron. Y tanto Néstor como Cristina Kirchner se han ufanado de ello, recordando en cuanta oportunidad encontraron cuánto menos costaban la energía y los combustibles en la Argentina en comparación con los países vecinos.

El resultado ha sido malo. La Argentina pasó de autoabastecerse y exportar energía y combustibles a una dependencia muy importante de las importaciones, de las que no puede prescindir ni siquiera cuando la actividad económica cae fuertemente por la recesión.

Se han reducido las reservas de gas y petróleo y se paralizó la expansión de las redes de distribución.

Sorprendentemente, el costo fiscal ha sido enorme. El Estado ha gastado fortunas en importar fueloil venezolano en operaciones más que controvertidas, en comprarles energía eléctrica a Brasil y a Uruguay, en financiar importaciones de gasoil, de gas de Bolivia y de Trinidad y Tobago y sobreutilizó los diques del sistema hidroeléctrico del Comahue hasta el punto en que los puso en riesgo estructural.

Los Kirchner consiguen batir récords de paradojas en un país donde parecía imposible superar las hechas por otros. La costosísima crisis energética actual no es producto de la ausencia del Estado y la falta de recursos. Es la consecuencia previsible de las intervenciones y de la dilapidación de recursos.

El ministro Julio De Vido se quejó ayer de cuánto más caros son los servicios de telefonía celular y de Internet o las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza, en comparación con lo que suman los gastos en gas y electricidad.

Criticó a quienes construyeron edificios donde los departamentos no tienen servicio individual de gas y deben cocinar con electricidad y donde las losas radiantes también funcionan con fluido eléctrico.

De Vido no advirtió que lo que llevó a tomar esas decisiones, que parecen erradas, fueron las tarifas congeladas aparentemente a perpetuidad por el Gobierno.

El Estado ha subsidiado las tarifas manteniéndolas muy bajas con un esquema de subsidios que permite toda clase de manejos poco claros. Ahora lanza manotazos y cambia esquemas de un día para otro.

Las consecuencias no pueden ser otras que las que se ven: falta de inversiones por falta de un marco de acción previsible. La solución no es ni el tarifazo ahora moderado ni volver a lo que había antes. Pero, por ahora, el Gobierno no parece acertar el camino.

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