"La política afecta al sistema de salud"

La obra social de los docentes y no docentes universitarios de Córdoba (Daspu) tiene ganado un prestigio en sus 52 años de existencia. Con más de 60 mil afiliados y sin asistencia financiera del Estado, este organismo es una referencia en la provincia en la prestación de salud.

El sanitarista Ernesto Gagliano es el presidente de la Daspu y palabra autorizada para hablar de las problemática del sistema de atención de salud. Las obras sociales quedaron en el ojo de la tormenta por las derivaciones de la causa judicial denominada "la mafia de los medicamentos", que involucra a la obra social bancaria.

Para Gagliano, en nuestro país se destina una "enorme" cantidad de recursos para el sistema de salud, pero luego eso no se ve reflejado en las prestaciones, que son "pobres". Según el titular de la Daspu, esto se produce, entre otras causas, por la relación que existe entre el poder sindical y el político.

–¿Por qué las obras sociales tienen tantas dificultades económicas?

–Las obras sociales se financian con un porcentaje que se les descuenta de los haberes a los trabajadores en blanco. Esto es así desde 1944. Desde entonces la patronal tiene la obligatoriedad de aportar para la seguridad social. La crisis de desfinanciamiento de las obras sociales se genera por varios motivos: uno, porque el salario ha sido una variable de ajuste de la economía. Otra cuestión es que no todos los salarios están en blanco. En muchas actividades hay alto porcentaje de empleo en negro. Por otro lado, hay un incremento sustancial en el costo de las prestaciones. Todos estos factores hacen que haya un desfinanciamiento en el sistema de seguridad social. Y esto está afectando seriamente las prestaciones.

–¿Existe falta de controles sobre el funcionamiento de las obras sociales?

–Hay problemas en el funcionamiento de un mecanismo que debe ser más transparente. Las obras sociales sindicales tienen un mecanismo solidario que nace con la ley 18.610, en 1970, por el cual, en una misma actividad hay empleados que ganan mucho y otros que ganan poco, pero todos aportaban el nueve por ciento de sus salarios. Es decir, todos aportan un porcentaje de sus sueldos, que varía de acuerdo a nivel de ingresos, pero todos reciben la misma atención. También se determinó que todas las obras sociales aportaran el 10 por ciento de sus ingresos para un fondo de redistribución, para que las obras sociales fuertes o ricas fueran solidarias con las más débiles o con menores recursos. Es lo que hoy es la Administración de Programas Especiales (APE). El mecanismo es solidario y muy bueno, pero en los últimos 40 años se ha visto infinidad de problemas por la administración de esos fondos.

–¿Hay una cuestión política en el manejo de esos fondos?

–El mecanismo de la APE es bueno, aunque en la práctica existen falencias notorias. Estos fondos que aportan todas las obras sociales sirven para solventar tratamientos médicos costosos que podrían generar desfinanciamiento en obras sociales con menores recursos. Las obras sociales sindicales tienen un fuerte ligazón con los gremios y es un mecanismo de legitimación de sus dirigentes. Entonces, la APE no está desligada de política sindical, y los sindicatos de la política del gobierno de turno. Así tenemos una larguísima historia de usos de estos fondos que no son todo lo transparente que debiera ser. Esto termina afectando a las prestaciones.

–¿Cuáles son los principales problemas?

–Por lo que ha trascendido de algunas causas judiciales, se sabe que existe una suerte de estafa del propio funcionamiento del sistema. Se hacen aparecer a pacientes que no han tenido determinada patología para que algunas obras sociales consigan financiamiento de la APE. Además, por cuestiones políticas, no todas las obras sociales tienen el mismo tratamiento en la APE. Se llegó a la situación de pirámide invertida en la cual obras sociales muy poderosas terminaron siendo financiadas por las más débiles, por una cuestión política. Esto tiene que ver con el juego de alianzas en la CGT, de las relaciones que se tiene con el gobierno de turno, lo que termina incidiendo en la distribución de estos fondos.

–Es decir que estas relaciones políticas terminan afectando al sistema de salud.

–Sin dudas. Estas circunstancias repercuten en el sistema de atención médica, que no es lo mismo que el sistema de salud que es mucho más abarcativo. También incide que el Estado se haya retirado de su capacidad de fiscalizar y regular, con lo cual el mercado avanza de una manera irracional sobre esos fondos. En principio, esa cantidad de recursos debería alcanzar para tener buenas prestaciones, si se las asignara racionalmente. Argentina es muy derrochona en cuanto a la salud, y sin embargo, no somos eficientes en el resultado. Otros países, con mucha menor inversión, tienen mejores indicadores.

–¿Es necesaria una injerencia del Estado en el sistema de salud?

–Sin dudas. Y no es una cuestión ideológica. En los países capitalistas más avanzados del mundo, el Estado tiene una fuerte presencia. En nuestro país se dan circunstancias muy particulares, como por ejemplo, que existan más de 300 obras sociales, algo que no sucede en otros países. También es difícil de entender que en ciudades grandes existan prestaciones de los estados nacional, provincial y municipal, casi sin ninguna coordinación. Es por ello que hablo de que se destinan muchos recursos, pero no se los utiliza con eficiencia. No se puede dejar el sistema de salud en manos del mercado. Además, eso no ocurre en ningún país. Se puede dar una participación del Estado y del privado, sin preeminencia de ninguno de los dos.

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