El diputado nacional por Entre Ríos, Julio Solanas (FpV), busca reglamentar la tenencia y portación de armas para aquellas personas que, siendo parte de las fuerzas policial o de seguridad, tengan denuncias en su contra por violencia de género. Para ese fin, el legislador presentó un proyecto en la Cámara Baja nacional que modifica la ley 26.485. 

El proyecto de Solanas está en sintonía con la resolución que tomó este jueves el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, quien dispuso implementar la restricción del uso de armas a policías sobre los cuales pesen denuncias por violencia de género. 

La medida se tomó a raíz de los femicidios de Miriam Romina Ibarra y Norma Milessi, ejecutadas el sábado por la noche, en Paraná, por el prefecto Orlando Ojeda, quien tenía una denuncia judicial en su contra por violento, pero seguía en uso de su arma reglamentaria. 

En declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, Solanas señaló que su proyecto se fundamenta en la necesidad contar con un procedimiento claro al respecto, ya que no se encuentra expresamente previsto en la normativa actual. “Resulta imprescindible establecer medidas de seguridad específicas y necesarias en pos de resguardar la integridad física de la persona denunciante”, afirmó. 

La norma dispone que “en los supuestos de denuncia, por violencia doméstica y/o de género, conforme las leyes 24.417 y 26.485, contra persona integrante de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad, nacionales, provinciales y locales, en actividad o en retiro, la Autoridad Superior deberá prohibir de inmediato la tenencia y portación de arma y de las municiones fuerza correspondientes, evitando su traslado fuera la dependencia donde presta servicios el personal.” 

La reglamentación propuesta por el diputado aclara: “La autoridad judicial competente deberá comunicar al Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la revocación de la autorización para adquisición, tenencia y portación de armas, y ordenar suspender preventivamente la condición de legítimo usuario y/o portación de armas y municiones correspondientes registradas”. 

En los fundamentos de la norma se cita el informe anual del CELS (AÑO 2016) “hay diferentes casos de mujeres asesinadas por sus parejas policías, en un solapamiento de la violencia institucional con la violencia de género. En ese campo se articulan factores políticos, sociales y culturales que redundan en la habilitación y reproducción de prácticas policiales violentas hacia las mujeres por motivos de género”. “Por estas razones resulta oportuno plantear iniciativas específicas, que tengan en cuenta los elementos institucionales que contribuyen a su prevención”, concluyó Solanas.