El juez Carbonell dijo que “existen indicios” que vinculan el accionar del sector con los saqueos. Continuarán en esa condición durante 60 días. Entendió que podían entorpecer la investigación.
Los uniformados están acusados de delitos de Sedición, Privación Ilegítima de la Libertad, Daño Calificado, Robo Agravado por la Calidad de Funcionario Público e Instigación a cometer delitos en concurso real durante el acuartelamiento policial y los saqueos del 8 y 9 de diciembre de 2013 en Concordia. La semana pasada, el juez de Garantías Alberto Funes Palacios, dispuso la prisión preventiva para los policías, convencido de que en libertad podían entorpecer la investigación.
El juez Carbonell fundamentó su decisión, en consonancia con lo argumentado por su par Alberto Funes Palacios, en que los miembros de la fuerza “son coautores en una situación donde todos responden con todos”, y coincidió en que si los uniformados recuperaran la libertad podrían llegar a entorpecer la investigación de los hechos.
En la audiencia del 10 de febrero, el fiscal Guerrero consideró que si los imputados “tuvieron la capacidad para tomar la Jefatura de Policía, y las salas de Comando y Comunicación, y no solo eso, sino que además después se encargaron de amenazar a los testigos que estaban declarando contra ellos, ¿cómo no vamos a esperar que tengan la capacidad de entorpecer la investigación?”. Justamente ese fue el principal argumento de Funes para mantenerlos presos.
En el desarrollo del debate, Carbonell contestó cada uno de los planteos de la defensa, para finalmente resolver el rechazo del recurso de apelación.
Pedido de la defensa
En relación al pedido de la defensa, de que la medida sea morigerada y en su lugar se impusiera la prisión domiciliaria, el juez leyó varias declaraciones y pruebas obrantes en la causa, que evidencian la participación de familiares, particularmente las esposas de los policías, en amenazas proferidas contra testigos que declararon contra los imputados y escraches en redes sociales.
Puntualizó -respecto de esa situación- en relación a la denuncia del gerente de un hipermercado de Concordia, donde el denunciante expuso que un grupo de mujeres que se presentaron como mujeres de los policías le advertían que la ciudad volvería a quedar sin seguridad y que ellos no se harían responsable de los saqueos.
Carbonell precisó que en el legajo había suficientes elementos como para imputar a más personas y aclaró que “los imputados tienen adeptos, seguidores y hasta cómplices que son funcionarios policiales y aún no fueron imputados” con lo cual “es imposible garantizar la custodia de una prisión domiciliaria” y señaló: “En pocas causas como en esta he tenido tan clara la probabilidad de entorpecimiento”.
Córdoba aprobó una Ley Antimotines
La Legislatura cordobesa sancionó anoche el proyecto conocido como Ley Antimotines, que prevé la expulsión de la Policía o del sistema penitenciario de los efectivos que “promuevan conductas de insubordinación”.
La iniciativa, promovida por el oficialista bloque de Unión por Córdoba (UPC), fue aprobada por mayoría y contó con el apoyo de todos los bloques de la oposición, con la excepción de Encuentro Vecinal Córdoba y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), según informaron a Télam fuentes legislativas.
De acuerdo con el legislador delasotista Carlos Gutiérrez, los hechos acaecidos el 3 y el 4 de diciembre pasado, cuando se acuarteló la Policía cordobesa, “merecían una respuesta política, que es la que ofrece este proyecto de ley”.
“El policía no es un trabajador como cualquier otro. Es un trabajador público con una responsabilidad especial”, agregó el legislador, al justificar, en nombre del oficialismo, las razones de las sanciones previstas para los policías que se amotinaran.
La iniciativa contó con el respaldo del juecismo, el socialismo, el PRO y el Frente para la Victoria, se indicó desde la agencia estatal.
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