Más de 120 policías presentaron impugnaciones a la reglamentación de la Ley de Personal

El abogado Gonzalo García ingresó ante la jefatura policial y el Gobierno de la Provincia un escrito en representación de más de un centenar de uniformados de Río Grande, impugnando la reglamentación de la Ley 735, de Personal Policial.
Cuestionan veinte puntos de esta reglamentación que tildan de “anticonstitucional” y que es basada en el reglamento de la Policía Federal dictado en la época del Proceso. Aseguran que hay arbitrariedades en el aspecto laboral y que incluso el Gobierno busca tomarse atribuciones salariales que son propias de la Legislatura.

Los efectivos policiales trabajaron en los últimos días en el análisis de la reglamentación de la ley 735 del personal policial, que fuera publicada en el boletín oficial del Gobierno el pasado 29 de diciembre, a partir del anexo 1 del decreto provincial 2657/08.

Esta reglamentación que llevaron a cabo los jefes policiales de la ley votada inicialmente por la Legislatura Provincial, “en algunos casos va en contra del espíritu de la misma ley”, aseguran los más de 120 efectivos policiales de Río Grande que decidieron el pasado lunes presentar la impugnación administrativa con reservas de acudir a la instancia judicial.

Para ello el abogado de la ciudad de Ushuaia, el Dr. Javier Gonzalo García, patrocinó la presentación que impugnó 20 de los 916 artículos de la ley, que debieron ser leídos en tiempo record ante el vencimiento del plazo legal de días para recurrir esta medida.

Los artículos que se impugnan son “a fin de que se revoquen y dejen sin efecto los mismos pues en ellos se notan vicios de inconstitucionalidad y nulidad por resultar violatorios y contrarios a las disposiciones contenidas en la Ley Provincial 735 de la Policía de Tierra del Fuego por lo que alteran, restringen, y modifican el espíritu del la ley normativa, modificando por la reglamentación los deberes, derechos y demás prescripciones de la carrera policial”, asegura el texto modelo de cada una de las presentaciones personales que efectuaron los uniformados.

Una norma arbitraria

Entre los puntos marcados en disconformidad e impugnados, uno de ellos apunta al artículo 21 de la reglamentación que indica que el “Jefe de Policía tendrá facultad para disponer el pase de cualquier efectivo a cualquier altura del año sin necesidad de mayores fundamentos”, y “con la simple excusa de razones de servicio, lo cual contradice el artículo 99 inciso e de la Ley 141, por lo que resulta ilegitimo y nulo”, señala el escrito presentado.

Entre otros puntos también se cuestiona la eliminación para el cuadro de suboficiales de la pauta “aptitud para el mando”, lo que “provoca un quiebre en la garantía de igualdad ante la ley, se considera parcialmente el desempeño de los mismos limitándolos en sus funciones y desarrollo en sus carreras policiales”, impidiendo a los suboficiales a llevar a cabo sanciones a sus subalternos entre otros efectos.

Otra impugnación apunta al artículo 255, inciso b, donde se solicita la impugnación por nulidad e inconstitucionalidad. “La reglamentación indica que los suboficiales “…no podrán emitir juicio…pero si podrán emitir opinión… “ a fin de que se tome en cuenta al momento de emitirse el voto por parte del personal superior, eliminando el voto de los mismos por completo y cambiándolo por una mera opinión. En la Ley 735, en su Art. 54, se menciona que para calificar al personal subalterno la Junta de Calificación será integrada por un 50% de suboficiales mayores”, expresa el escrito donde se deja por sentado que la ley es discriminatoria y va en serio detrimento de las facultades del escalafón de suboficiales.

Finalmente entre los cuestionados está el artículo 325 donde se elimina el carácter bonificable del suplemento general por “antigüedad”, “con el cual viene siendo liquidado desde hace 25 años a la fecha, por lo que se solicita se adecue la redacción de este inciso “…continuara liquidándose en la misma forma en que se venia realizándose hasta la sanción de la presente reglamentación…”, expresa el texto de la impugnación que además cuestiona la constitucionalidad de la medida en razón de que “el Poder Ejecutivo solo se encuentra facultado para hacer mejoras en el haberes, pero no esta habilitado para mutar el carácter de los conceptos salariales del personal policial ya que ello es materia del Poder Legislativo”.

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