El manejo de las fuerzas de seguridad es complicado. El lenguaje de los políticos se da de bruces con el lenguaje de los uniformados. Es como si hablaran dos lenguas completamente diferentes. Por eso, desde el inicio, el tema del traspaso de la policía a la Ciudad provocó resistencias.

El malestar de los integrantes de la Policía Federal se manifestó a través de varias páginas de Facebook. Esas opiniones se daban a conocer cada vez que se anunciaba que el pase era una decisión tomada.

Así lo manifestó Mauricio Macri durante la campaña presidencial y lo ratificó una vez que ganó el balotaje. Su objetivo era llevar adelante el traspaso de la policía.

El viernes de la semana pasada se conoció la noticia de que 21 mil policías de la Federal pasarían, en enero, a trabajar en la Ciudad.

También, se dijo que era inminente la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri, en donde se oficializaría la llegada de los 21 mil efectivos a la Ciudad.

En ese decreto se especificaría que el pase se haría con los respectivos fondos. Ese dato no es menor, ya que la única manera que tiene el Gobierno de la Ciudad de afrontar semejante gasto es con los fondos transferidos de la Nación.

Otro dato importante es que los traspasados trabajarán en conjunto con la Policía Metropolitana (PM), que en la actualidad cuenta con alrededor de 6.000 integrantes.

Años atrás, la pelea por el pase enfrentó al Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y al de la Ciudad que encabezaba Macri. La negativa de transferir la Federal con los recursos determinó la creación de la Policía Metropolitana, pero durante la última campaña electoral, el candidato de Cambiemos se encargó de aclarar de que si llegaba a la Presidencia los cosas cambiarían y el traspaso se realizaría. Que él no pondría trabas, como supuestamente lo había hecho el gobierno kirchnerista.

El pase, específicamente, es el de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, que tiene bajo su órbita, entre otras cosas, las 54 comisarías de la Capital Federal.

Dentro de la estructura de la Federal, Seguridad Metropolitana es la Superintendencia con mayor cantidad de efectivos y la de mayor importancia. Su jefe es el tercer hombre en el escalafón policial luego del jefe y el subjefe.

Todos estos sirven para entender parte de la oposición que existe ante el pase a la Ciudad.

“A través de las comisarías, Seguridad Metropolitana se encarga de la recaudación de diversas cajas negras de la Federal, dinero que sube no solamente hacia los jefes policiales sino también hacia los jefes políticos que controlan la fuerza. Esa es una de las razones por las cuales el traspaso era tan problemático. Ningún político estaría dispuesto a quedarse sin ese dinero”, le dijo a Noticias Urbanas un comisario retirado de la Federal.

La agenda y las reuniones secretas

Pocos días antes del balotaje, y ante la insistencia de Macri con el traspaso, la Federal reaccionó de una manera inusual, realizando una movida que nunca había hecho en su historia: expresar sus opiniones políticas.

El jueves previo a la segunda vuelta, dos importantes superintendentes dieron a conocer a través de sus cuentas de Facebook su total oposición al pase y llamaron a votar en contra de la candidatura presidencial de Macri.

El superintendente de Planificación y Desarrollo, comisario general Sebastián Juan Carlos Seggio, y el superintendente federal de Bomberos, Arturo Héctor Jesús Martínez, señalaron, a través de dos cartas, que votar a Macri traería consecuencias drásticas para la fuerza, ya que pasaría a depender de la Ciudad.

“Vienen por todo” era la idea que subyacía en ambos mensajes, que apuntaban a que la tropa votara en contra del postulante de Cambiemos.

Las cartas provocaron sorpresa pero expresaban con claridad el sentimiento de la tropa, que se oponía a transformarse en una policía distrital.

Pero eso fue solamente el comienzo de la escalada azul. A la semana siguiente del triunfo electoral de Macri y pocos días antes de asunción, el jefe, el subjefe y los 13 superintendentes de la Federal pusieron sus renuncias a disposición de las nuevas autoridades. En este caso era un claro mensaje a la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Así renunciaron el uno y el dos, el comisario general Román Di Santo y el comisario general Héctor Eduardo Tebes.

Y acto seguido le siguieron los superintendentes: el de Bienestar, comisario general Horacio Luis Torlasco; el de Planificación y Desarrollo, comisario general Sebastián Juan Carlos Seggio; el de Administración, comisario general Carlos Alberto Boniforti; el de la Policía Científica, comisario general Héctor Marcos Félix De Vargas; el de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, comisario general Rubén Norberto Spettoli; el Federal de Transporte, comisario general José Luis Rodríguez; el de Investigaciones Federales, comisario general Rodolfo Oscar Bierwerth; el de Asuntos Internos, comisario mayor Ester Mabel Franco; el de Seguridad Metropolitana, comisario mayor Guillermo Néstor Calviño; el de Interior y Delitos Federales Complejos (y además a cargo de Drogas Peligrosas), comisario mayor Néstor Roncaglia; el federal de Bomberos, comisario general Arturo Héctor Jesús Martínez, y el federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, comisario general Hugo Osvaldo Lezcano.

El mensaje fue tan directo que al nuevo gobierno no le quedó otra que empezar a negociar.

En primer lugar, tanto Bullrich, como el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, no aceptaron las renuncias de los uniformados. A partir de ese momento, se empezó a abrir un canal de diálogo entre el gobierno de Cambiemos y la Federal, al que se sumaron el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Martín Ocampo, y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

La hora del pacto

Los reclamos de los federales eran concretos. Se quejaban por no haber sido consultados por el traspaso, pero, además, por una serie de cuestiones que ellos consideraban importantes y que los políticos no habían tomado en cuenta.

Nadie les explicó quién sería el jefe de la nueva policía si el traspaso se realizaba. Los federales no querían tener de jefe a uno de la Policía Metropolitana.

Otro tema que los preocupaba era la conformación del nuevo escalafón jerárquico si se producía entre los integrantes de Seguridad Metropolitana y los de la Policía Metropolitana. En la PM hay un jefe, un subjefe, cuatro superintendentes y rangos de comisionado general, comisionado mayor y comisionado. Estos rangos no existen en la Federal.

El tema del Hospital Churruca también los preocupaba. Los federales pretendían seguir siendo atendidos en ese nosocomio si el traspaso se realizaba.

Otra de las cuestiones claves es qué iba a pasar con los con los retirados y convocados de la Federal. Los retirados, que siguen teniendo estado policial, pretendían seguir manteniendo los mismos beneficios que tienen como exintegrantes de la PFA. El caso de los retirados que fueron convocados para cumplir diversas tareas también es un problema, ya que no sabían qué les deparaba el futuro. No sabían si seguirían perteneciendo a la Federal o seríaán pasados a la policía de la Ciudad.

A eso se sumó el malestar de los comisarios de alto rango que están retirados y que es muy influyente. En el Departamento Central de Policía de la avenida Belgrano, en el primer piso, se encuentra la Sala de Comisarios Generales. Allí se reúnen los retirados y ellos están totalmente en contra del traspaso. En todas las reuniones que mantuvieron expresaron con claridad su oposición.

Ante la inminencia del traspaso, muchos policías de la Federal que pertenecían a Seguridad Metropolitana pidieron el pase a las delegaciones del interior del país para no perder su rango de federales en caso de que el pase se concretara.

Los reclamos eran muchos. Fue entonces cuando los políticos comprendieron que debían tomar cartas en el asunto y echar por tierra todo lo pensado con anterioridad, en particular el plan que idearon el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el propio Burzaco, sobre la transferencia. Ese plan se basaba en la creación de una policía porteña nueva en donde confluirían la Policía Metropolitana y la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.

La hora cero o la rapidez de los cambios

Apenas asumió su cargo, el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, le encomendó a Ocampo que se pusiera en contacto con los jerarcas de la Federal y con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación para trabajar en un traspaso que conformara a los federales.

Las reuniones del nuevo ministro de Justicia y Seguridad porteño fueron febriles. Pero, en principio, llegaron a buen puerto. Ocampo pactó con la fuerza que los traspasados no perderían su estatus en la Federal (o sea, que seguirían perteneciendo a la PFA) a pesar de recibir órdenes del Gobierno de la Ciudad, y que, además, se nombraría un secretario de Seguridad que sería el nexo entre los policías federales traspasados a la Ciudad, la Metropolitana, los funcionarios porteños y los funcionarios nacionales.

De esta manera, el resto de la estructura de la Policía Federal se dedicaría exclusivamente a Delitos Federales.

Por su parte, Garavano está tratando de definir las atribuciones específicas que tendrán los uniformados de la Federal que sean traspasados a la Capital. Lo que ya quedó claro es que estos seguirán vistiendo de azul, usarán los mismos patrulleros, se atenderán en el Hospital Churruca y tendrán la misma caja de retiros, mientras que los integrantes de la Metropolitana continuarán igual.

El jefe de los federales de la Ciudad será un integrante de la PFA. Es muy poco probable que sea el comisario Néstor Calviño, actual jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Calviño pasará a retiro y se nombrará a un nuevo jefe.

Así, habrá dos jefes, ya que la PM tendrá un jefe propio.

Una vez que se acordó cómo sería el traspaso, desde la Ciudad, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó el lunes que a partir de enero el pase entraría en funcionamiento.

La realidad demuestra a cada instante que el plan perfecto no existe. Eso es lo que más preocupa a los funcionarios del Pro. Más si se tiene en cuenta, que las dos patas del plan la integran los políticos y los policías, que como ya se dijo al comienzo, hablan dos idiomas completamente distintos.