Los números son contundentes y hablan a las claras del estado de descomposición en el que se encontraba la mayor fuerza de seguridad del país. Casi el 30% de los 95.000 efectivos que integran la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron sumariados, están presos o fueron despedidos por sus vinculaciones con el delito que deberían combatir.

 

“De la A a la Z, estos muchachos no dejaron afuera ningún artículo del Código Penal. Lo mismo que hacen los delincuentes lo hacen los malos policías”, le dijo un estrecho colaborador de la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

La frase, contundente, está en sintonía con las palabras pronunciadas esta mañana por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, durante una conferencia de prensa derivada de los “atentados” incendiarios ocurridos el jueves a las 20:30 en uno de los estacionamientos externos del ministerio que conduce y que dejó el saldo de un policía herido, y dos autos quemados. “No nos van a amedrentar”, dijo Ritondo, que estaba acompañado de su jefe policial, el comisario general Fabián Perroni, quien no respondió preguntas ni habló.

 

Ritondo también confirmó que desde el martes pasado está desaparecido un colaborador suyo, el ex oficial de la policía provincial Oscar Edgardo Alvarenga.

 

El funcionario, con gesto adusto, sostuvo que una de las hipótesis más firmes sobre los incidentes “preparados con anterioridad” podrían ser una “serie de decisiones que tomamos con la finalidad de eliminar a las mafias enquistadas en la provincia durante décadas”.

 

Y sobre el tema puntualizó que se trataría de las “mafias en el sistema policial, como el narco, La Salada, las plantas verificadoras” o inclusive los “52 pases a retiro” de uniformados de alto rango firmados el mismo día de “los atentados”.

 

Según trascendió, en la lista figuran no sólo policías que ya habían cumplido sus años de actividad para jubilarse, sino también quienes “tenían ruido” por diversas denuncias que se tramitan en la Dirección General de Asuntos Internos.

 

Los números sobre la “purga policial” –aunque a la gobernadora María Eugenia Vidal no le gusta llamarla así– impactan, y es un dato objetivo que podría estar vinculado con los 20 litros de combustible, divididos en cuatro bidones, y la pólvora esparcida debajo de los autos incendiados, que fueron noticia anoche.

 

Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de agosto pasado se abrieron 15.080 sumarios. Como cada uno de esos expedientes involucra, por lo general, a más de dos efectivos, el número de investigados supera los 30.000 policías, es decir, más de un tercio de la fuerza, una cifra récord en la historia policial bonaerense. De ese mar azul, 5.968 uniformados fueron apartados por distintas irregularidades.

 

Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los jefes de la Dirección de Narcotráfico y Crimen Organizado Avellaneda-Lanús que ocultaban droga en el cielorraso de la comisaría.

 

Otros 1.411 fueron suspendidos en sus funciones. Están sospechados, por ejemplo, de amparar a bandas de piratas del asfalto, o fraguar los libros de actas de las comisarías para beneficiar a detenidos a cambio de dinero, o sea, de recibir coimas.