El polémico negocio detrás de las cámaras de vigilancia en la ciudad

Sin licitaciones, el ministerio de Seguridad porteño las compra de forma directa. Ya hay cerca de 300 y buscan que para fin de año haya 500 por lo cual se gastarán más de $8 millones. El lobby del empresario Mario Montoto para quedarse, camuflado, con el millonario negocio.
Las cámaras de vigilancia se multiplican en la ciudad. El gobierno de Mauricio Macri tiene pensado seguir adquiriéndolas con el correr de los meses para incrementar las casi 300 ya instaladas.

Sin embargo, el ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Guillermo Montenegro todavía no planea realizar una licitación, sino que continúa con su política de compra directa, tal como lo hizo con la mayoría de insumos de la Policía Metropolitana.

Según calculan en el Ejecutivo, la idea es llegar a las 500 para fin de año y las mil para fin de 2010. Esto supone que este año se gastarán alrededor de $8 millones adicionales si es que se logra completar con ese número.

"Es una de las tantas contrataciones directas del ministro Montenegro, que a esta altura es un experto en no licitar", le dijo a LPO el presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn.

La posibilidad de no pasar por una licitación y realizar compras de forma directa permite a Montenegro saltearse el trámite burocrático y apurar la adjudicación. La metodología es ir adquiriendo las cámaras por montos pequeños en lugar de realizar una compra masiva.

Las cámaras de vigilancia comenzaron a funcionar en diciembre de 2005 con una primera camada de 73 de última generación, capaces de realizar movimientos de hasta 360 grados y con una capacidad de ampliación que llega hasta los 800 metros de cercanía al objetivo filmado.

Son monitoreadas por un equipo de 120 operadores durante las 24 horas, los 365 días del año en el nuevo Centro de Monitoreo Urbano en Barracas que inauguró el mismo jefe de gobierno en junio pasado.

La compra directa de cámaras de vigilancia comenzó cuando Jorge Telerman se hizo cargo del Ejecutivo (tras el comienzo del juicio político a Aníbal Ibarra) y desde allí, tres años y medio atrás, que se vienen utilizando y ampliando.

Están instaladas en parques y plazas, en la Plaza de Mayo y las calles más cercanas, en Bolívar 1, cerca del Obelisco, en los alrededores de la Facultad de Derecho de la UBA (donde abundan los robos), en los ingresos a la villa 31 de Retiro y en las nuevas estaciones de las líneas de subte A, B y H.

El sistema es muy parecido al que tiene Londres, aunque allí cuentan con más de 10.000 cámaras con un costo total de 280 millones de euros.

La influencia de Montoto

La red de vigilancia se puso en marcha, como se dijo, cuando Telerman estaba a cargo del Ejecutivo porteño. El convenio para el funcionamiento de las cámaras incluía un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional. Este convenio se salteó el llamado a licitación, dato central.

Según publicó el diario Crítica de la Argentina, por las primeras cien cámaras que están funcionando, el gobierno porteño le pagaba 340 mil pesos mensuales a la UTN, que a su vez, subcontrata a Codesur, una empresa del ex dirigente montonero Mario Montoto, quien presta los mismos servicios en la provincia de Buenos Aires.

El negocio de las cámaras mueve 180 millones de dólares anuales en todo el país y alcanzan no sólo el sector público que en los últimos tiempos empezó a incrementar sus compras (desde el municipio de Tigre hasta el gobierno nacional contrataron servicios similares).

La influencia de Montoto en el macrismo es muy fuerte. Desde la década menemista, desde donde logró distintos negocios y hasta se hizo amigo del ex presidente, cultivó relaciones con empresarios emblemáticos de los noventa.

También tiene una muy buena relación con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, donde presta servicios.

Montoto fue dirigente montonero en los 70, después de los indultos dictados por Carlos Menem.

Hoy preside la empresa Corporación para la Defensa del Sur (Codesur), en donde emplea a un general del Ejército, un vicealmirante de la Armada y un brigadier de la Fuerza Aérea –todos retirados–, ofrece mantenimiento para submarinos, arregla helicópteros e incluso hizo la restauración, en sociedad con una firma israelí, del avión presidencial Tango 01, según el mismo matutino.

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