Polémico incremento de las mesas de votación.

Habrá 3600 más; la oposición dice que se complica la fiscalización.
La Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires ratificó ayer su decisión de reducir de 390 a 350 la cantidad de electores por mesa, lo que implicará un incremento de 3600 bocas de votación.

Para las fuerzas de oposición, en las que se reconoce que aún no se cuenta con los fiscales necesarios para garantizar el control de la elección, la medida resulta ambivalente: mientras por un lado aporta a facilitar la calidad y agilidad del comicio, por el otro, obliga a redoblar los esfuerzos para poder controlar todos los circuitos.

Según confirmaron desde la Secretaría Electoral, 10.335.398 bonaerenses están en condiciones de sufragar el domingo 28. De ellos, 5.333.890 son mujeres y 5.001.508, hombres. En toda la provincia habrá 30.792 mesas habilitadas.

La discusión por la cantidad de votantes por mesa había sido abierta a mediados de abril por el titular del PJ provincial, Alberto Balestrini. El vicegobernador y candidato "testimonial" a senador, había pedido entonces a la justicia electoral que redujera en 100 la cantidad de votantes por cada mesa para evitar conflictos y demoras.

Al referirse al tema, el juez federal con competencia electoral Manuel Humberto Blanco consideró que la petición era inapropiada e implicaba abrir unas 8000 mesas extras y, consecuentemente, los partidos deberían haber conseguido unos 8 mil fiscales adicionales para controlar los comicios y el Estado aportar nuevos establecimientos.

No obstante eso, ayer la Junta Electoral, presidida por Antonio Pacilio e integrada además por Luis Genoud y el propio Blanco, confirmó mediante un comunicado la reducción de votantes por mesa y subrayó que la medida implica la instalación de 3600 nuevas mesas.

Planteos

"Lamentablemente se transforma en un elemento para obstaculizar la fiscalización y, por ende, la transparencia del comicio", dijo la candidata a diputada del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) Margarita Stolbizer. Los postulantes de esta fuerza han planteado públicamente sus reparos ante un posible fraude electoral urdido desde el oficialismo. "Van a hacer trampa porque saben que pierden", advirtió Stolbizer.

Para Pablo Carona, uno de los apoderados de la alianza liderada por Elisa Carrió, "poner más mesas facilita el voto al elector pero dificulta la posibilidad de control".

El titular del comité provincial de la UCR, Daniel Salvador, reconoció que si bien la cantidad de fiscales necesaria está garantizada en el interior, en el conurbano -donde se concentran dos tercios de los votantes- siguen trabajando para completar el control de la elección.

Fuentes de ACyS reconocieron que hasta el momento sólo poseen un fiscal cada tres mesas y un fiscal general por escuela y que trabajan en la concientización de afiliados y militantes para sumarse a la tarea.

Salvador opinó que la decisión de la Junta "en parte es buena para tratar de evitar el lío de la última elección, pero complica por la falta de establecimientos y la necesidad de más cantidad de fiscales".

En Union Pro tomaron la medida con mesura: "Es una decisión que tiene un aspecto positivo en el sentido de la agilización de la elección, pero no podemos dejar de señalar que, en este contexto, obliga a los partidos a redoblar los esfuerzos para la tarea de fiscalización", dijo anoche un vocero de la fuerza conducida en la provincia por Francisco de Narváez.

Los informantes indicaron que Unión Pro ya cuenta con unos 30 mil fiscales y que reunió otros 20 mil mediante la convocatoria pública al voluntariado. De todas formas, como la fuerza presenta colectoras en muchos distritos, se estima que necesitarán aún otros 10 mil.

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