Es polémico e ilegal, pero en Rosario se aborta por 4 mil pesos.

Es polémico e ilegal, pero en Rosario se aborta por 4 mil pesos.
Las dos rondaban los 30 años, ambas vivían en Rosario, eran de condición humilde y fallecieron en el Hospital Provincial el pasado 20 de febrero por abortos hechos en condiciones precarias que les provocaron infecciones.
Eso fue lo que las unió en sólo 24 horas y sin siquiera conocerse; Carina, una madre de 30 años y tres niños, y una chica de 24, cuyo nombre no trascendió. Sus muertes vuelven a poner en agenda una problemática que desnuda con crudeza diferencias económico sociales y prejuicios.

A pesar de ser ilegal, en Rosario las mujeres abortan. La que cuente con una suma cercana a los 4 mil pesos podrá aspirar a una intervención en forma clandestina pero segura y por un profesional. La que no, recibirá por pocos pesos la atención de alguna comadrona. O, como revelaron fuentes sanitarias, apelará al aborto medicamentoso: tomará un antiinflamatorio que provoca contracciones y que muchas mujeres compran fraccionado y sin receta. Salidas baratas que la mayor de las veces les cuesta la vida.

Por dentro. Poco antes de morir, Carina le reveló a su familia lo que había vivido en los días previos.

La joven transitaba un embarazo de cuatro meses y habría pagado 700 pesos por el aborto. Contó que le aplicaron una sonda, le introdujeron "un líquido" y luego la dejaron ir dándole una serie de medicamentos "por si se producía una infección".

La situación se la describió la hermana de la joven a LaCapital, pero la escena se repite en cientos de mujeres pobres.

Los médicos que suelen recibir estos cuadros complicados por abortos mal hechos sostienen que las mujeres se dañan el orificio del cuello del útero o punzan su bolsa amniótica con variados elementos fuera de toda asepsia (sin esterilizar). "Algunas pacientes han llegado hasta con perforaciones intestinales por introducirse una aguja de tejer", aseguró un profesional.

Los partes policiales hablan de casas humildes y hasta de ranchos en villas cuando refieren a los lugares donde se realizan estas intervenciones caseras que, en los barrios, son un secreto a voces. En esos lugares se suele encontrar curetas (cuchillos curvos), guantes de cocina y sondas con varios usos que apenas se esterilizan en frascos con alcohol.

Remedios.Otra salida que comenzaron a encontrar las mujeres pobres es la del aborto medicamentoso. Toman un analgésico recubierto basado en dos drogas: diclofenac sódico y misoprostol; pastillas cuya caja, en una farmacia y con receta, cuesta arriba de los 200 pesos. Son píldoras que se recetan a quienes padecen dolores óseos o articulares, pero que se ofrecen hasta por internet, de manera fraccionada por los dos nombres comerciales que compiten en el mercado farmacológico.

"Tampoco esta pastilla es una salida válida y sin riesgo para las mujeres que abortan. Primero porque en general la ingieren sin información, sin el seguimiento de un profesional y sin la necesaria contención que se necesita en estas situaciones. Continúan el embarazo desconociendo que la droga puede producir secuelas en el producto de la concepción. La circulación clandestina de misoprostol no resuelve la inequidad, ni le da a la mujer el derecho de decidir sobre su cuerpo", remarcó la ginecóloga Diana Politto, integrante del Foro por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Seguro. Tan vox populi como los sitios de atención de las comadronas son los consultorios médicos, clínicas privadas y hasta sanatorios donde se realizan los abortos en condiciones de asepsia (estériles y seguros). Los datos pasan de boca en boca y de manera reservadísima. No pocas voces fueron las que, pidiendo absoluta confidencialidad, revelaron que una intervención en estos lugares va de los 3 mil a los 5 mil pesos. "La gente que logra abonar esas sumas se somete a un aborto en condiciones de relativa seguridad. A veces son simples consultorios y otras quirófanos bien equipados", describió un profesional de la salud.

Crímenes.Para la secretaria de Salud de la provincia, Débora Ferrandini, "estos son crímenes socialmente premeditados que se cobran las vidas de mujeres pobres. Hay un eje dramático, de responsabilidad social, que no se debe soslayar. Estas dos mujeres postergaron su consulta a un servicio de salud tras los abortos clandestinos porque tenían miedo; dilataron su agonía al saberse en una situación que es juzgada, penalizada y por la que se las interroga y maltrata. Esto está cambiando, pero falta aún más debate: los agentes de salud debemos respetar el secreto profesional, no estamos para interrogar o denunciar a los pacientes, debemos atender a la gente, no juzgarla", señaló.

El tiempo que por miedo dejaron transcurrir las víctimas tras las intervenciones quedó plasmado en los partes médicos que se brindaron desde el Hospital Provincial.

La joven de 24 años, nacida en Paraguay —según la policía— y sobre quien aún hoy se desconocen otros datos filiatorios, había ingresado con "un aborto incompleto, con restos placentarios retenidos por una maniobra abortiva previa", lo que le produjo un "shock séptico". A pesar de haber sido internada en terapia y operada de urgencia, falleció a las horas.

A escondidas. Carina, la mujer de 30 años, era empleada doméstica. A escondidas de la familia transitaba el cuarto mes de embarazo y era madre de tres chicos de 7, 11 y 16 años. Antes de llegar al Provincial había sido asistida en el Centenario, donde fue tratada con ibuprofeno porque nunca refirió a su embarazo. Es más, como el dolor no cedía, su mamá la llevó al Alberdi, desde donde la trasladaron de urgencia al centro de salud de Alem al 1400. Por lo ocurrido en el Centenario “ya se inició un sumario administrativo”, aseguró Ferrandini a este diario.

   Ingresó al Provincial con un aborto incompleto. “Tenía todos los restos íntegros, lo que produjo un caso de sepsis (infección) grave”, explicó el director, Pietro Belletich, antes de confirmar que la mujer falleció el viernes por la tarde. Tras el deceso, la familia denunció el caso en la comisaría 9ª. A eso se sumó la orden de la jueza de instrucción de la 12 ª nominación y todo desencadenó en dos hechos: el escrache y detención de Luisa Valderrama de 57 años. Sería la mujer que practicó el aborto en su casa de Carrasco 1959 y quien cuenta con una denuncia idéntica de aborto seguido de muerte que data de 2001.

Por la vida. Las muertes de estas dos chicas también generaron la reacción de grupos religiosos como el Provida, que llamó a movilizarse el viernes en la peatonal bajo los lemas “los inocentes claman Justicia al cielo” y “los inocentes claman Justicia a los hombres”.

   También sentaron su posición distintos organismos como el de las Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR), quienes piden por “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir”.

   Mientras la problemática se reaviva, el Congreso se da el lujo de tener 50 proyectos sobre despenalización del aborto cajoneados desde el inicio de la democracia, y otros 16 que actualmente tienen estado parlamentario no quieren ser debatidos por muchos legisladores nacionales.

   Santa Fe recién ahora promete implementar en las aulas la ley 10.947 de educación sexual, que fue promulgada en 1992. Y no fueron pocas las veces que los programas de Procreación Responsable, tanto de la Municipalidad como de la provincia, se quedaron sin anticonceptivos orales e inyectables por trabas burocráticas de la Nación; dispositivos de los que dependen nada menos que 100 mil mujeres en la provincia. Y todo sucede mientras muchachas como Carina y la joven de 24 años pasan a ser un número de trágicas estadísticas.

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