Polémico fallo de la corporación judicial favorece la campaña PRO

Polémico fallo de la corporación judicial favorece la campaña PRO

La Cámara en lo Civil y Comercial revirtió una ley del Congreso y ordenó mantener al Banco Ciudad como depositario de los fondos de varios fueros del Poder Judicial. 

La disposición permitiría fondear a la entidad con unos 4000 millones de pesos, justo cuando el macrismo planea lanzar líneas de crédito blandas como parte de su estrategia electoral.

El PRO que lidera Maurcio Macri planea anunciar, en plena campaña electoral, una línea de créditos financiada con dinero proveniente de los fondos judiciales, tanto de la actividad de la justicia nacional como de los fueros comerciales y laborales. En medio de la contienda electoral, un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal benefició con una medida cautelar al Banco Ciudad en una disputa iniciada tras la sanción en el Congreso de la ley que ordenaba el traspaso al Banco Nación del dinero que es depositado en concepto de cualquier disposición judicial. En el expediente que fue resuelto a favor de la entidad que preside Rogelio Frigerio intervino el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La entidad adujo que la norma le ocasionaba un perjuicio, pero en realidad suele accionar en sintonía con el macrismo en materia judicial, y en los últimos años se ha opuesto a la mayor cantidad de iniciativas de reforma impulsadas por el gobierno nacional. 

La intención del PRO es anunciar en los próximos días una serie de mejoras a las condiciones de los créditos hipotecarios, para pequeñas y medianas empresas, y para préstamos personales a través del Banco Ciudad. Pero ese anuncio está atado a haber logrado un fondeo de aproximadamente 4000 millones de pesos por parte de la Cámara que quedó en el ojo de la tormenta por su accionar para bloquear la Ley de Medios y la restitución del predio de La Rural, también a través de medidas cautelares. Pero  la novedad a comunicar, en medio de la campaña, también  contempla una reducción de la tasa de interés a créditos ya otorgados, aumento de la cantidad de años para el repago y mejores tasas que sus competidores. En especial, del Banco Provincia, cuya política de créditos es uno de los estandartes que suele exhibir Daniel Scioli.

La millonaria cifra que ingresará a las arcas de la banca pública porteña es el acumulado que, se calcula, habría sido girado al Banco Nación desde la aprobación de la denominada "Ley Conti". Esa norma, sancionada en septiembre de 2012, ordenaba el traspaso de los fondos –que incluyen títulos, bienes y valores secuestrados en procedimientos judiciales– y que antes eran depositados en el Banco Ciudad, que los utilizaba como parte de su activo, pese a ser dineros que eran generados por el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto. El total de dinero bajo este concepto que es volcado al mercado a través de la banca pública porteña es de aproximadamente 7000 millones, que nunca llegaron a ser transferidos en su totalidad a la entidad nacional, porque se suavizó el texto de la ley. Los fondos judiciales correspondientes a las actuaciones del fuero civil ya eran depositados en el Nación, por lo que nunca entraron en disputa, pero tampoco fueron considerados como un antecedente válido para el resto de los casos. 

El banco presidido por Frigerio y secundado por Juan Curutchet se presentó en el fuero Civil y Comercial Federal para cuestionar la constitucionalidad y los efectos de la norma, ya que adujeron que desfinanciaría al banco porteño. Pese a objetar una ley emanada del Congreso, esquivaron el fuero contencioso administrativo para pedir la anulación de su aplicación y recurrieron a los tribunales que han tenido un fuerte enfrentamiento con el gobierno tras beneficiar por años al Grupo Clarín en su intento por evitar los alcances de la Ley de Medios. En primera instancia, el Ciudad no tuvo éxito en la "medida precautoria" solicitada para revertir la transferencia que –públicamente– era cuestionada por los referentes económicos del PRO. El pedido también apuntaba a que no se le pida informes al Estado –de acuerdo a la nueva ley de cautelares– a quien no reconocían como parte en el diferendo. Para la sentencia, el Banco Nación es una entidad autárquica y no un "ente descentralizado" a los que la ley impone consulta previa. 

En primera instancia, la pretensión fue rechazada de plano: el magistrado consideró que la cautelar "coincidía con la pretensión de fondo y que, por ende, su acogimiento habría importado admitir la tutela anticipada del derecho, lo cual rechazó de plano en virtud de la presunción de legitimidad que tienen todas las leyes dictadas por el Congreso de la Nación". Esto implicaba que conceder la cautelar, reintegrar los fondos que iban al Nación, e impedir la aplicación de la norma implicaba lo mismo que declararla inconstitucional, pero de manera anticipada. 

Pero el PRO apeló la medida que fue acogida por la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Ricardo Recondo –actual presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y férreo opositor al gobierno nacional–, Graciela Medina y Guillermo Antelo. Los argumentos para la apelación se basaron en la crítica a elementos que no fueron tenidos en cuenta para rechazarla en primera instancia. 

Pero allí también marcó su intervención el CPACF, la entidad que agrupa a los abogados matriculados en la Capital Federal y además ocupa un sillón en el Consejo de la Magistratura. Aliado al PRO en las últimas elecciones del Consejo, registra en su nómina de referentes varios hombres del macrismo, incluyendo al ex fiscal general, Germán Garavano. Los antecedentes más cercanos de su actuación en contra de reformas impulsadas por el Ejecutivo Nacional se referencian en el "Fallo Rizzo" que, en la Corte Suprema, volteó la aplicación de la elección democrática de consejeros de la magistratura por voto popular. Pero más cerca en el tiempo, sumaron una presentación a la avanzada generada desde un sector del Poder Judicial contra la Ley de Subrogancias. También hicieron una defensa pública del juez de la Corte, Carlos Fayt cuando era cuestionada su idoneidad, mientras que embistieron contra el candidato propuesto por el Ejecutivo para una vacante en ese tribunal, el jurista Roberto Carlés. Detrás de la Agrupación Gente de Derecho, que preside el Colegio y es conducida por el abogado Jorge Rizzo, se enlistan varios referentes del PRO como Daniel Lipovetzky y hasta la abogada del propio jefe de Gabiente, Horacio Rodríguez Larreta. Cada movimiento del Colegio registra una estrecha sintonía con la postura política que adopte el PRO. 

El CPACF fue aceptado como parte en litigio a favor del Ciudad, apoyando el pedido para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 26.764. El gobierno porteño sostuvo que la "Ley Conti" afectaba la autonomía porteña y que cualquier modificación a la norma vigente debió haber pasado por la Legislatura, pese a que involucraba a tribunales federales. Recondo, Medina y Antelo cuestionaron que el anterior juez se negara a aceptar el pedido para evitar que su fallo convalidara una situación de hecho. "Se ven afectados, según él, por la transferencia de recursos que la Ley 26.764 establece a favor del Banco Nación, privándolo de los medios para cumplir con su función de agente financiero de la Ciudad Autónoma y con la finalidad social de proveer de crédito a los vecinos", aceptaron los jueces el argumento del PRO. "A ello se le agrega el interés de los abogados representados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en lo referente al servicio de Justicia que, según afirma su presidente, se ve afectado por la deficiente prestación del Banco Nación en lo tocante a depósitos judiciales", afirmó. La principal objeción del CPACF fue que el Ciudad tiene una sede dentro de la misma institución que facilitaba el trámite y que el perjuicio era generado por las colas que los abogados tenían que hacer, en la sede del Nación, que está exactamente a 100 metros de ese lugar. "Es evidente que el mantenimiento de esa situación acentuaría la crisis denunciada con derivaciones no susceptibles de ser reparadas al momento de la sentencia definitiva", sostuvieron los jueces al conceder la cautelar, haciendo énfasis en la política crediticia en la que el gobierno porteño estaría siendo perjudicado. De todas formas, evitó inmiscuirse con los tribunales federales, porque circunscribió el retorno de los fondos de los tribunales nacionales ordinarios en lo Comercial, Laboral, Criminal y Correccional –incluida la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional–.  Los fondos para sostener el funcionamiento de esos tribunales aún provienen del Presupuesto Nacional para el Poder Judicial. 

El inminente anunció que proyecta el PRO en plena campaña, a partir de la recuperación de los fondos, contrasta con los cuestionamientos a la política crediticia en la ciudad efectuada por un informe de la Defensoría del Pueblo, sobre todo en lo concerniente a la cuestión habitacional. A partir del lanzamiento del Programa Primera Casa BA ocurrido en junio de 2012, se "previó el otorgamiento de entre 3500 y 4000 créditos", ejemplificó el informe. Pero la respuesta concreta fue la presentación de 200 mil solicitudes, de las cuales el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sólo derivó 5276 carpetas y el Banco Ciudad aprobó 3114 créditos. Pero hasta comienzos del 2014 –fecha del relevamiento y cuando ningún fondo había sido traspasado por la Ley Conti- "se efectivizaron 508 créditos hipotecarios", lo que representa entre el 12,7 y el 14,5% de los casi 4000 créditos previstos. Ese mismo informe concluía que en seis años de gobierno de Macri, a partir de subejecución presupuestaria, se destinaron 267 millones de pesos, un equivalente a 630 préstamos hipotecarios, y una cifra inferior al 7% de lo que representan los fondos judiciales que fueron regresados a partir de la cautelar. 

Aunque no parece un escenario probable, no se confirmó que sucedería con los futuros préstamos si la decisión sobre el fondo del litigio entre ambas entidades fuera en sentido contrario a la cautelar que otorgó la Cámara, y eventualmente se ordenara el retorno de los fondos al Nación. Eso sería un problema.  «

Protagonistas de un fallo polémico

 

Ricardo Recondo peside la Asociación de Magistrados y es uno de los más férreos opositores al gobierno desde el Poder Judicial. Integra la Cámara Civil y Comercial, que falló a tono con la estrategia del PRO.

 

Jorge Rizzo es el artífice de Gente de Derecho, la agrupación que controla el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Presentó un recurso de amparo en sintonía con los deseos del macrismo.

 

 

Fondeo

4 mil millones de pesos sumaría en sus arcas el Banco Ciudad, luego del fallo que revierte la denominada "Ley Conti".

 

Créditos

7 mil millones es el dinero originado en la justicia que ya distribuyó el Banco Ciudad a través de créditos.

 

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