Polémica en la Villa 31 por el plan oficial para demoler viviendas

Delegados del asentamiento afirmaron que no llegaron a ningún acuerdo con la Ciudad y que sólo tuvieron un par de reuniones. El Ejecutivo quiere disminuir el riesgo de las construcciones en altura, pero dijo que buscará consensos.
La decisión del Gobierno porteño de demoler las 50 viviendas en altura con más peligro de derrumbe en las villas 31 y 31 bis generó una fuerte polémica de parte de los habitantes del asentamiento. Delegados de los barrios afirmaron ayer que no llegaron a ningún acuerdo con la Ciudad, y no descartaron medidas de protesta.

La polémica surgió luego de que Clarín publicara ayer en exclusiva que el Gobierno porteño iba a avanzar en la demolición de 50 de las 600 casas de más de una planta construidas ilegalmente en el asentamiento, porque las considera "peligrosas". La idea, informó el jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, es consensuar con los habitantes de esas viviendas la relocalización dentro de la propia villa y no actuar por la fuerza.

La noticia agitó los ánimos en las villas 31 y 31 bis. Durante la mañana, un grupo de habitantes de los asentamientos cortó el ingreso y salida de micros de la terminal de Retiro, y durante todo el día amenazaron con hacer diferentes cortes. Zulma Moretti, una de las delegadas que participa de la Mesa de Diálogo con el Gobierno porteño, le aseguró a Clarín: "Fuimos a dos reuniones con los ministros Juan Pablo Piccardo (de Espacio Público) y María Eugenia Vidal (de Desarrollo Social) y nunca nos presentaron nada por escrito. No acordamos las demoliciones, y tampoco podríamos hacerlo sin consultar a los vecinos".

Otro de los delegados, Carlos Cuenca, agregó: "Cualquier medida así debe ser consensuada con la gente, tomada en el marco de una plan de urbanización de las villas y respetando el derecho a la vivienda. Mañana (por hoy) realizaremos asambleas con la gente para ver cómo seguir. Acá hay casas de más de 40 años que nunca se cayeron, mientras que en otros barrios sí hubo derrumbes".

Amalia Aima, otra delegada, afirmó: "Este no es un plan serio, ¿adónde va a vivir la gente a la que le tiren abajo la casa? Ya pasó que hay familias a las que luego de un desalojo las iban a reubicar y nunca lo hicieron". En tanto, Héctor "Chacho" Mendoza, el delegado al que se vio en la TV amenazando con hacer "cortes en toda la Ciudad" contra las demoliciones, aseguró: "Somos la feta del sánguche (sic) que quedamos en el medio del Gobierno nacional y de la Ciudad, que se tiran la pelotita entre ellos. Acá en la villa hay que construir, no destruir. No queremos que nos traten como ciudadanos de segunda."

Tras esta reacción, el Gobierno porteño emitió un comunicado en el que insistió con que "no está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar".

Además, fuentes de la Comuna le repitieron a Clarín: "El arquitecto Carlos Poli y su equipo, más peritos de Bomberos (como ordenó el juez porteño Roberto Gallardo), irán a la villa, hablarán con los habitantes de las 50 viviendas más peligrosas y quienes vivan en las casas linderas y les explicarán los riesgos. Si están de acuerdo, los relocalizaremos dentro de la villa y apuntalaremos o demoleremos esas viviendas. Esto ya se lo dijimos a los delegados en la Mesa, incluso les mostramos un Power Point con las 50 casas detectadas". De la mesa participan 33 delegados, desde simples vecinos hasta integrantes de movimientos como el Polo Obrero o Barrios de Pie.

El arquitecto Poli fue quien hizo el relevamiento en la villa, para lo cual se tuvo que hacer pasar por fumigador. Encontró que hay 600 viviendas de más de una planta que fueron hechas sin habilitación y sin cumplir ni las mínimas medidas de seguridad. En base a ese relevamiento, la Ciudad presentó un recurso judicial, y la jueza Cecilia de Negre le ordenó a la Nación (dueña de los terrenos), que impidiera el crecimiento de la villa. Esta medida disparó otra polémica entre la Ciudad y el Gobierno nacional (ver Otro duro cruce...).

Según la Comuna, la población de las villas 31 y 31 bis creció un 20% el último año, y ya alcanza los 30.000 habitantes.

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