Polémica sobre los radares en la localidad de Centeno

Luego de la presentación ante la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de un pedido de investigación sobre la posible comisión de delitos de acción pública en la concesión, uso, administración y verificación técnica oficial de radares para control de velocidades máximas en rutas nacionales, el abogado que suscribe el documento, Pablo Sapir, explicó a La Capital los fundamentos de la denuncia que involucra a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a las autoridades comunales de Centeno y a la empresa Anca SRL, que provee y opera los dispositivos.
 De acuerdo con la documentación presentada ante el procurador general, Agustín Basso, Sapir dijo que "en el caso de la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Hebe Marcogliese, y del presidente comunal de Centeno, Miguel Angel Suárez, el pedido de investigación se fundamenta en que, aun cuando estos funcionarios habían tomado pleno y fehaciente conocimiento de que los radares estaban alterados y no cumplían con la ley de metrología legal, permitieron y facilitaron con su accionar omisivo que esos dispositivos siguieran utilizándose".

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