La polémica del gas: Pidieron la intervención de la Justicia

Tras la difusión periodística del Informe Suárez, el fiscal de Estado requirió que se recabe información sobre las reservas de gas con las que cuenta Tierra del Fuego. El pedido se debe a "las obligaciones que se pretende hacer asumir a la provincia en la oferta suscripta por la Gobernadora el día 28 de abril de 2009". El Gobierno intentó restar crédito a la opinión del secretario ejecutivo de la Ofephi, quien dijo estar dispuesto a ratificar sus argumentos ante la Justicia.
USHUAIA.- La publicación en distintos medios provinciales del informe elaborado por el secretario ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Oscar Suárez, dando cuenta de que las reservas estimadas de gas de Tierra del Fuego son de 10 años, lo que tornaría inviable el convenio entre el Gobierno e inversores chinos para el desarrollo de una planta de metanol en la provincia, motivó que el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, enviara copias de las informaciones periodísticas a la jueza María Cristina Barrionuevo.

El funcionario adjuntó una solicitud a la magistrada para que recabe "información precisa, fehaciente y fidedigna que acredite las reservas de gas comprobadas en la provincia", a la vez que pidió que cite a declarar a Suárez "para que amplíe su opinión respecto al tema abordado a fin de tener un mejor conocimiento del asunto".

Cabe mencionar que Suárez, quien además advirtió sobre el perjuicio económico que causaría a la Provincia los términos de ese convenio, manifestó ayer estar dispuesto a presentarse ante la Justicia para aportar su punto de vista si así se lo requieren.

El texto de la solicitud de Martínez de Sucre, citado por el portal de noticias SUR54.com, señala que se requiere a Barrionuevo "recabar información precisa, fehaciente y fidedigna que acredite las reservas de gas comprobadas en la provincia, como así también se oficie a las dependencias públicas competentes y a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) a fin de que elaboren un informe a través del cual expongan su opinión".

El pedido se basa en "las obligaciones que se pretende hacer asumir a la provincia en la oferta suscripta por la Gobernadora el día 28 de abril de 2009".

Es necesario recordar que ese día la mandataria provincial y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA suscribieron la "oferta" de venta de gas que el Estado provincial realizó al grupo inversor. A su vez, la aceptación por parte de TDFEyQ se tradujo en el depósito de 3 millones de dólares en las arcas provinciales.

Esta reunión, realizada en el más estricto secreto, fue revelada por TIEMPO Fueguino, lo que motivó una airada reacción de Ríos, quien dijo que no se había firmado el acuerdo definitivo sino solo la aceptación de la oferta. Pero no mencionó los motivos del por qué la rúbrica no fue informada oficialmente, mientras que posteriormente el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D' Andrea, afirmó que en realidad sí se había firmado el convenio definitivo, contradiciendo a la mandataria.

En tanto, Martínez de Sucre también pidió que "se cite a prestar declaración testimonial al ingeniero Oscar Suárez con el objeto de que ratifique, de corresponder, lo publicado y adjudicado a su persona, como así también para que amplíe su opinión respecto al tema al abordado a fin de tener un mejor conocimiento del asunto".

En diálogo con TIEMPO Fueguino, Suárez había sostenido que "la verdad es que no entiendo por qué el Gobierno de la Provincia avanza con este contrato, cuando en realidad si se retira del negocio e incentiva al mismo a dos privados -y el Estado se coloca en su papel de contralor cobrando el 12% de las regalías, más los Ingresos Brutos, más el Impuesto al Sello-, termina sacando del negocio del gas de regalías una cifra muy superior a la expuesta en el convenio con los chinos, disminuyendo prácticamente todos los riesgos que plantea el negocio".

Asimismo, en diálogo con la emisora de Ushuaia FM del Sur, Suárez, también representante de la provincia en la Ofephi, explicó que "en la página web de la Secretaría de Energía de la Nación están las reservas de gas de todo el país, y de acuerdo a una cuestión geológica se deben considerar el 100% de las reservas comprobabas, el 50% de las probables y el 10% de las posibles por el grado de incertidumbre de cada una". En función de ello "y previendo el aumento de la producción que deberemos tener para incorporar el millón y medio de metros cúbicos para los chinos, las reservas alcanzan para 10 años".

Gremios de petroleros privados se estarían involucrando

Por otra parte, al menos uno de los gremios que agrupan a los trabajadores del petróleo comenzó a recabar información para certificar cuáles son las reservas de gas.

Trascendió que las estimaciones que se manejan no son las mejores y avalarían la opinión de Suárez, en tanto se advirtió que no sería posible un incremento de la producción a corto plazo ya que eso requeriría exploración de nuevas fuentes del recurso, lo cual en estos momentos las empresas del sector no estarían dispuestas a llevar adelante.

Incluso, ese sindicato emitiría a la brevedad un documento fijando su postura.

Primera reacción del gobierno

En la noche de ayer el Ejecutivo provincial emitió un comunicado en el que manifiesta que el gobernador chubutense Mario das Neves, presidente de la Ofephi, "desconoció y no avala el informe difundido por Oscar Suárez".

Según consigna la información, "autoridades del Ejecutivo provincial mantuvieron este jueves contacto telefónico con el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, quien en su carácter de presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos negó que el organismo tuviese relación o conocimiento alguno sobre el informe dado a conocer por el ing. Oscar Suárez, quien lo suscribió". Y se asevera que, según Das Neves, la opinión de Suárez fue "a título personal y no esgrimiendo representación alguna de la organización".

Asimismo, el Ejecutivo sostiene, siempre citando a Das Neves, que "la entidad que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos... no encargó ni avaló la realización de informe alguno respecto del tema en cuestión", y que "mucho menos respalda lo manifestado públicamente por Suárez respecto a que las reservas de gas en nuestra provincia alcanzarían para 10 años".

Y también se cita que "desde el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, tampoco existieron objeciones a que la Provincia lleve adelante el acuerdo de venta de gas proveniente de regalías con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A". Sin embargo, las resoluciones de la repartición nacional tampoco avalarían los términos del acuerdo.

Cabe aclarar que en ningún momento se realizan citas textuales del mandatario de la provincia patagónica en lo que aparece como un tibio intento de la gestión del ARI de refutar el informe de Suárez.

Juicio político

Si bien no hubo confirmación oficial, ayer trascendió con fuerza que legisladores de la oposición no descartan motorizar un juicio político contra la gobernadora Fabiana Ríos si el Ejecutivo avanza con el acuerdo.

Cuestionan las modificaciones de los términos del acuerdo original, concretamente en lo que refiere a la venta de gas a los chinos, lo cual no estaba contemplado.

Pero también hay fuerte malestar por la falta de remisión de información al Parlamento, por las demoras del Gobierno en responder las observaciones de los organismos de contralor y por la firma casi secreta en Buenos Aires de la oferta de venta de gas a la empresa, que según algunos funcionarios consistió en la rúbrica del acuerdo definitivo.

En ese sentido, fuentes de la Legislatura manifestaron que los parlamentarios que más se están moviendo en la búsqueda de la información pertinente para determinar las responsabilidades son Ricardo Wilder, Ana Collavino (ambos del Frente Para la Victoria) y Mónica Urquiza (MPF).

¿Renuncia Olivero?

Entre los rumores generados por el "Informe Suárez", uno da cuenta de la posible renuncia del secretario Legal y Técnico del Gobierno, Eduardo Olivero.

El funcionario fue fuertemente cuestionado por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado por su intervención en la validación del acuerdo con los chinos.

Le objetan no haber elaborado un dictamen legal que avale la operación, mientras que en realidad lo que se elaboró fue un dictamen confeccionado por un asesor legal de la Secretaría de Hidrocarburos, Amílcar Espósito, que no está habilitado para ejercer en la provincia.

De producirse su salida, Olivero se convertiría en la primera víctima de las desprolijidades del convenio con los chinos.

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