Polémica ley de ocupación de viviendas

Permitirá blanquear la posesión de quienes no tienen título de propiedad; hay quienes sospechan que se legitimarían las usurpaciones
El Senado aprobó ayer con modificaciones un controvertido proyecto de ley que extiende hasta el 1° de enero próximo los alcances de la denominada "ley Pierri", que estableció los mecanismos administrativos para que quienes ocupen viviendas en núcleos urbanos puedan alcanzar el correspondiente título que les garantice el pleno dominio en diez años.

Como al texto se le introdujeron algunos cambios, fue devuelto a la Cámara baja. El kirchnerismo quería sancionar la ley ayer mismo y había pedido el rápido giro a Diputados, pero allí la sesión fracasó por falta de quórum.

La norma abre grandes interrogantes por la amplitud de sus términos, razón por la cual ayer varios legisladores se preocuparon por aclarar que este procedimiento no reemplaza el recurso de usucapión previsto en el Código Civil (aquel que permite acceder a la propiedad habiendo pasado 20 años de ocupación pacífica y continua). Sostienen que esta ley sólo prevé regularizar el dominio de aquellas personas que ocupen viviendas populares y que posean documentos de dominio informales.

"Los derechos de propiedad están absolutamente garantizados", afirmó el kirchnerista Eric Calcagno (Buenos Aires), quien ofició de miembro informante de la iniciativa.

Es más: muchos legisladores destacaron que el beneficio apunta a blanquear la situación de beneficiarios de planes de viviendas que no alcanzaron a obtener el debido título de posesión, en muchos casos por el costo que implica. Sin embargo, otros sospechan que se blanquearía así la usurpación de viviendas que nadie reclama.

La llamada "ley Pierri" fue sancionada en 1997, cuando el por entonces titular de la Cámara baja y uno de los principales referentes del PJ bonaerense buscaba su reelección como diputado nacional.

El procedimiento establecido en la ley permitía regularizar la posesión dominial de familias de bajos recursos que ocupaban viviendas, para lo cual establecía un proceso administrativo para alcanzar el registro definitivo de la unidad.

Para acceder a ese beneficio hay que demostrar al menos tres años de ocupación pacífica de la vivienda, es decir, sin controversia judicial sobre su propiedad, y solicitar su inscripción en un registro específico.

Esta inscripción abre paso a un procedimiento por el cual la Justicia deberá ubicar a quienes figuren en el registro catastral como propietarios del inmueble para comunicarles la situación. Si en 30 días no hay respuesta, se abre un proceso de diez años al término del cual, de no mediar ninguna acción judicial de reivindicación de propiedad de sus legítimos dueños, el bien pasa al pleno dominio de sus ocupantes.

Así lo aclaró Calcagno, quien aseguró que, "ante cualquier denuncia de usurpación, caducan los beneficios de esta ley".

Aquel primer proceso de regularización dominial impulsado por Pierri fue utilizado por unas 150.000 personas, según la peronista bonaerense Marcela Bianchi Silvestre cuando el proyecto se discutió en la Cámara baja por primera vez, el 6 de noviembre del año pasado. Su colega Mariano West dijo que hay al menos unas 800.000 personas más en situación de acogerse a la norma, según datos que adjudicó a la Subsecretaría de Tierras de la provincia de Buenos Aires.

Lo que hace este proyecto es abrir un nuevo plazo para que nuevos ocupantes puedan acogerse a este beneficio. La iniciativa alcanzó amplio consenso gracias a que se introdujeron cambios de último momento.

"El núcleo del conflicto era que se había eliminado de la ley la aclaración de que los bienes involucrados son aquellos edificados en núcleos urbanos", explicó la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis). Esta senadora y el kirchnerista Guillermo Jenefes habían levantado su voz de rechazo por considerar que sin esa aclaración se podía abrir el juego a que ingresen en los alcances de la medida propiedades rurales.

La salteña Sonia Escudero (PJ) aseguró que con este proyecto "se concilian las garantías constitucionales del artículo 17 (propiedad) con las del artículo 14 bis, que garantiza el acceso a una vivienda digna".

Un proyecto contra el spam telefónico

* ¿Usted también está harto de que lo interrumpan en cualquier momento del día proponiéndole participar en concursos o autos en oferta vía telefónica? la Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a la de Diputados un proyecto de ley denominado "No llame", que crea un registro en el que podrán anotarse todos aquellos ciudadanos que no quieran ser molestados por este tipo de estrategias de comunicación cada vez más frecuentes, una suerte de spam telefónico. La inscripción tendrá una vigencia de dos años y las firmas de telemarketing estarán obligadas a consultar el padrón para excluir de sus listas a quienes no deseen recibir en adelante ese tipo de promociones telefónicas no solicitadas previamente

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