Polémica por la nueva doctrina de la preventiva

Un fallo estableció que todo acusado tiene derecho a esperar el juicio en libertad, por más que se le impute un delito grave como el homicidio. Lilljedahl opinó que es el "poder político el que tiene las herramientas"para la disminución de los delitos.

Opinión. Para el procurador Lilljedahl, el fallo de la Cámara de Casación Penal no modificará el criterio de la justicia local sobre la prisión preventiva.

El procurador general de la provincia, Enrique Lilljedahl, consideró que el reciente fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal, que establece nuevos parámetros para dictar la prisión preventiva, se inscribe "en esta suerte de disputa que se ha entablado entre el poder político y el Poder Judicial" por la creciente ola de inseguridad en todo el país. Y, a tono con lo expresado por miembros de la Corte Suprema de Justicia, opinó que es precisamente "el poder político quien sí puede realizar medidas de fondo para que la situación actual se modifique y que los delitos no ocurran con tanta asiduidad".

El titular del Ministerio Público también sostuvo que la decisión del tribunal de alzada "no modifica" el criterio actual que tiene la justicia provincial, pero que obligará a seguir esos parámetros al fuero federal.

El 30 de octubre pasado los jueces de las distintas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal unificaron criterios doctrinarios y establecieron que todo acusado de un delito tiene derecho a esperar el juicio en su contra en libertad. La decisión de los magistrados del tribunal de alzada se sostiene en el principio de inocencia que establece la Constitución Nacional y en preceptos contemplados por pactos internacionales a los que adhirió Argentina, que poseen rango constitucional.

En síntesis, el tribunal dejó sentado que la libertad del procesado será la regla general y la prisión preventiva la excepción. Esta sólo podrá sostenerse cuando existan indicios vehementes que el imputado intentará eludir el accionar de la justicia -por ejemplo, fugarse- o entorpecerá la investigación.

Pero además falló que de ahora en más la gravedad del delito no justificará por sí sola la prisión preventiva del acusado, aun cuando se trate de un homicidio, cuyas penas alcanzan incluso hasta la reclusión perpetua.

El plenario fijó esta posición en el marco de la causa que se sigue en contra del general Ramón Díaz Bessone, uno de los militares sospechados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, al militar no se le concedió el beneficio de la excarcelación, justamente por considerar que en libertad podría entorpecer la prosecución de la causa en su contra.

Sobre el tema El Ancasti recabó las opiniones del procurador general y la del fiscal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Catamarca, Víctor Monti. El funcionario federal también expuso sus reparos con la decisión de la Cámara de Casación Penal, al estimar que "se vulnera la ley procesal" y "se confiere demasiada discrecionalidad a los jueces", aunque también opinó que el fallo "debe ser saludado como un triunfo de las libertades del ciudadano en el largo e inextinguible camino de los derechos humanos" (ver Luces y sombras....)

Tranquilidad

Por su parte, el procurador Lilljedahl relativizó la influencia del fallo en las decisiones jurisdiccionales de la justicia local y opinó que éste sólo obliga a los actores del fuero federal.

Si bien admitió que el fallo se inscribe en los postulados de los pactos internacionales a los que suscribió el país y de la Constitución Nacional, como el principio de inocencia, también sostuvo que "ni las leyes ni los jueces son tontos", porque "si sobre alguien existen vehementes sospechas de que cometió un delito como el homicidio, este sólo hecho ya es un indicio suficiente de que esta persona podría eludir el accionar de la justicia -fugarse o no presentarse ante el juez- por el hecho de que la pena prevista para este caso es elevada y hasta puede llegar a la prisión perpetua". En ese supuesto, "el juez seguramente dictará la prisión preventiva si se la solicita el fiscal".

Sobre el otro supuesto en el que se admite el dictado de la prisión preventiva, la sospecha de que el acusado pudiera entorpecer la investigación, Lilljedahl ejemplificó que "es muy factible que quien está sospechado de cometer un delito como el robo a mano armada o contra la integridad sexual intentará actuar sobre los testigos para que en el proceso digan determinadas cosas que no son verdad".

"Éstos son los argumentos válidos para que un fiscal solicite la prisión preventiva y, normalmente, para que un juez de garantías coincida con el representante del Ministerio Público", añadió, a la vez que expresó que "la sociedad debe quedarse tranquila porque esto no significa que todos los acusados de un delito saldrán en libertad".

En el tramo final del diálogo con este diario, Lilljedahl consideró que el fallo de la Cámara de Casación Penal "está inscripto en esta suerte de disputa que se ha entablado entre el poder político y el Poder Judicial y en realidad no constituye una medida de fondo".

"Quien sí puede realizar medidas de fondo para que la situación actual se modifique y para que los delitos no ocurran con tanta asiduidad es el poder político, que tiene las herramientas para evitar a largo plazo que los ilícitos disminuyan en su cantidad", agregó.

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