Polémica medida del ENRE que favorece a municipios

Cuando aún persisten los reclamos por el tarifazo de fines de 2008 que afectó a los usuarios que consumen más de 1.000 kwh por bimestre, el sector eléctrico ha vuelto a quedar en medio de un conflicto por las nuevas medidas regulatorias que aprobó el ente de control.
Esta vez el "cortocircuito" que involucra a las distribuidoras, usuarios, electricistas y municipios tuvo su origen en el flamante "reglamento para la conexión del servicio" que puso en vigencia el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Las nuevas normas que fijó el ENRE para la conexión de los medidores en la Capital y el Gran Buenos Aires dejaron sin efecto la obligación de presentar el "certificado técnico" de las instalaciones que estaba a cargo de los electricistas matriculados.

A partir de ahora, la responsabilidad de inspeccionar las instalaciones eléctricas antes de iniciar la prestación del servicio quedó en cabeza de las empresas Edenor, Edesur y Edelap.

A eso se agrega otro cambio polémico. Tanto el gobierno porteño, como los municipios del conurbano quedaron habilitados para crear sus propios sistemas de inspecciones de las instalaciones eléctricas, con lo cual pueden generar una nueva caja de ingresos facturando las tareas de revisión y control que lleven adelante.

Además, el nuevo reglamento determina que cada cinco años las distribuidoras y los municipios tendrían que efectuar una "revisión periódica" de las instalaciones y los sistemas eléctricos internos de todos los clientes residenciales para corroborar que funcionan correctamente y que no ponen en peligro la seguridad pública.

En la región metropolitana hay casi 5 millones de hogares conectados a la red eléctrica, con lo cual se deberían revisar alrededor de 1 millón de viviendas por año para poder cumplir con las normas.

Pese a que el nuevo reglamento se encuentra vigente desde principios de abril, en la práctica las distribuidoras no lo aplican y se siguen manejando con las normas anteriores.

"Esta modificación sólo aporta confusión y una mayor desprotección para los usuarios porque las empresas no pueden inspeccionar las nuevas instalaciones una vez que están terminadas y empotradas", señalaron desde una distribuidora.

"Además destacaron si llegamos a detectar que los cables no son los que corresponden o que las conexiones están mal hechas, cómo hacemos para que los usuarios reconstruyan las instalaciones".

Desde que se privatizó el servicio eléctrico, el control de las instalaciones internas ha sido una tarea de los electricistas matriculados.

Junto con los "certificados" que garantizan las instalaciones cumplen con las normas vigentes, los electricistas tienen que presentar los planos y una memoria técnica donde figuran hasta las marcas de los materiales utilizados en cada caso.

Actualmente, los valores de los certificados técnicos que los usuarios residenciales deben presentar a las distribuidoras para conectar los medidores oscilan entre los 250 y 600 pesos, según los distintos tipos de construcciones.

Más allá de poner el grito en el cielo porque corren el riesgo de perder los trabajos que realizan desde 1995, los electricistas advirtieron que ya hay varios municipios que están armando sus equipos de inspección para quedarse con el cobro de los certificados.

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