El apuro, junto con la reducción de operadores (se pasará de tres actuales a uno solo), encendió las alarmas en la oposición y en algunos gremios. La inversión para la creación de la nueva terminal asciende a 1.910 millones de dólares: 1.370 millones los tendrá que invertir el nuevo operador en obras y equipamiento, y el resto el Estado.   Los tres operadores actuales (UTE Terminales Río de la Plata SA, APM Terminals y Bactssa) participan de la nueva licitación. A ellos se les suman otros dos operarios de “gran escala”.  El principal aspecto que genera dudas es la reducción de terminales. Un informe preliminar para realizar los pliegos de la licitación recomendó que al menos haya dos operadores. En 2016, la Administración General de Puertos contrató a la firma ALG, dependiente de la española Indra, para que redactara los pliegos de licitación. Los datos nunca fueron difundidos en público. Desde el Ministerio de Transporte alegan que la idea de licitar la terminal para dos operadores solo apareció mientras se armaba el primer borrador. Otro de los polémicos puntos de la nueva concesión es la falta de un informe de impacto ambiental previo. El puerto se expandirá en el río, buscando aumentar el nivel de carga y descarga, pero no se sabe cómo afectará el área y los materiales que se utilizarán. El pliego 1 de la licitación estipula que este estudio deberá ser realizado por el concesionario. El vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, Ricardo Ferrer, sostuvo que el puerto hoy se encuentra viejo y explicó a este medio que este estudio es sumamente importante, que lo mejor sería realizarlo antes de la licitación. Por su lado, Marcelo Depierro, legislador porteño de Mejor Ciudad (Ex ECO), opinó que el nuevo puerto “tiene impacto por varios lados: primero por la contaminación que puede llegar a generar, segundo por el consumo de servicios que va a tener, tercero la cantidad de camiones que entrarán y saldrán”. Además, denunció la subordinación de la Ciudad hacia Nación y que quedó en el pasado el pedido de traspaso del Puerto a la jurisdicción porteña, como solicitó Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno. Otra de las objeciones de la oposición fue la falta de aprobación del Congreso de esta licitación. “La ley de emergencia económica delegaba en el gobierno nacional la concesión de servicios públicos. Caída la ley de emergencia económica caen las facultades delegadas”, denunció Rodolfo Tailhade, diputado kirchnerista. Por último, los trabajadores del Puerto denuncian que al reducir la cantidad de operadores bajará la cantidad de empleados. Pero el interventor del Puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, sostuvo que la nueva operatoria sumará trabajadores a la terminal. En tanto, justificó que en los puertos que tienen como modelo, el de Valencia y Rotterdam, todo es administrado por una sola empresa y la competencia se da entre terminales cercanas. Sobre el apuro de la licitación, sostuvo que se lleva a cabo en este momento porque vence la antigua concesión de 1993 y que el proyecto “trasciende” las banderas políticas, por lo que no debería haber conflictos ni modificaciones, en caso de que Cambiemos no gane las elecciones. La sombra de Niki Caputo Parte de la oposición apunta contra Nicolás “Niky” Caputo. El “hermano del alma” del Presidente es cónsul de Singapur en la Argentina, y argumentan que la empresa del país asiático PSA sería la preferida del Gobierno para ganar la licitación. Incluso, Niky estuvo presente durante las reuniones entre Macri y el primer ministro de Singapur, Lee Hsieng Loong, meses atrás, durante le celebración de la reunión del G20. En diálogo con este medio, Mórtola sostuvo que hasta ahora la firma PSA no ha solicitado visita de obra, uno de los requerimientos necesarios, aunque agregó que si desea hacerlo, “bienvenido sea”.