El pedido, remitido por la asociación AFAVI, fue rechazado por el Fiscal que tiene a su cargo investigar la trágica inundación ocurrida hace dos años en la Ciudad, donde murieron al menos 89 vecinos.

“Consideramos que la medida es prematura e infundada”, sentenciaron los Familiares de Víctimas, quienes solicitaron al Juzgado de Garantías de Guillermo Atencio y al Fiscal General que “tengan en cuenta lo solicitado por nuestra querella, y dispongan las medidas de prueba y la indagatoria solicitada”.

Respecto a la resolución del fiscal, los Familiares de Víctimas, consideraron en un comunicado que es “prematura toda vez que esta no ha abordado algunas cuestiones que resultan fundamentales para nosotros”.

Según precisó la abogada Sofía Ballesteros, en diálogo con este medio, lo que estaban solicitando es “que impute a cinco funcionarios, entre ellos al intendente de La Plata, Pablo Bruera y al gobernador, Daniel Scioli porque entendemos que ya hay elementos suficientes en la causa que indican su responsabilidad penal por los hechos acontecidos, antes, durante y después de la inundación del 2 y 3 de abril”.

Asimismo, la abogada detalló que el análisis de los hechos en los cuales se determinan las responsabilidades que debieron ejercer los funcionarios y que no cumplieron, está divido en tres momentos: la etapa previa a la inundación, el momento de la catástrofe y el después del siniestro.

No obstante ello, y liego de conocida la decisión del Fiscal, los Familiares de Víctimas del “2A”, cuestionaron que “la prematura e infundada desestimación del Fiscal nos priva del derecho que el código de rito nos acuerda de llevar a juicio a los imputados Daniel Scioli; Pablo Bruera; Alejandro Arlia; Ricardo Casal; Alejandro Collia; Enrique Sette; Santiago Martorelli”.

En el breve comunicado, se analizó que el Fiscal Jorge Paolini, “no se ha tomado el tiempo de analizar en profundidad el escrito presentado, por cuanto – en este caso – aquella recepción lo pondría en el enorme problema de investigar penalmente a personas de notoria relevancia política en nuestro país, resultando siempre más sencillo dirigir la pesquisa a individuos de ninguna trascendencia política (más allá de que su responsabilidad penal pueda ser acertada o no)”.

En ese sentido, se refirieron a las imputaciones que impartió el Fiscal semanas atrás contra los funcionarios Miguel Ángel De Lorenzo, quien durante la inundación se desempañaba como director general de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, y Sergio Ariel Lezana, quien estaba cargo de la Dirección de Defensa Civil municipal que integró el Comité de Emergencia cuya labor era llevar adelante el protocolo de actuación.