Polémica en España por la suba de la edad para jubilarse

El gobierno socialista prevé llevarla de 65 a 67 años; oposición de los sindicatos y de la izquierda
La iniciativa del gobierno español de llevar la edad para la jubilación de los actuales 65 a 67 años, para garantizar el pago futuro de las pensiones, desató ayer una fuerte controversia, y tanto los partidos de izquierda como los sindicatos adelantaron una férrea oposición al proyecto, dado a conocer mientras la economía del país atraviesa una severa crisis.

El borrador de la propuesta, que reforma una norma vigente desde hace nueve décadas, fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros del gobierno socialista y tendrá que pasar el examen del Parlamento.

"Debemos ser conscientes del envejecimiento de la población; esta iniciativa garantiza la sostenibilidad de las pensiones hasta 2030", dijo la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

"Rechazo frontal", sintetizó Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), el principal gremio del país. La Unión General de Trabajadores (UGT), históricamente cercana al gobernante Partido Socialista (PSOE), afirmó que la reforma "supone un recorte de las pensiones, de su cuantía y un endurecimiento de las condiciones de acceso", según Cándido Méndez, secretario general de la agrupación.

De aprobarse en el Parlamento, la ampliación de la edad de jubilación comenzará a aplicarse gradualmente en 2012, de tal forma que en 2025 todos los trabajadores se retiren legalmente a los 67 años. Según datos oficiales, el número de españoles mayores de 64 años se duplicará en los próximos cuarenta años hasta alcanzar el 31,9 por ciento de la población total. Por cada diez personas en edad de trabajar, en 2049 vivirán en España casi nueve personas inactivas, entre los mayores de 64 y los menores de 16.

"Habrá problemas en la cámara [Parlamento] y que no quepa duda de que habrá problemas en la sociedad", advirtió el vocero parlamentario de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares. Iniciativa per Catalunya-Verds y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), entre otros partidos, también rechazaron la reforma. En tanto, varios dirigentes del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición, dijeron que la iniciativa es "una gran improvisación" y "un globo sonda" para desviar la atención de los "200.000 nuevos desempleados".

Ayer, casi simultáneamente con el anuncio de la reforma, se conocieron las cifras de la desocupación de 2009: 18,8% de la población económicamente activa, es decir, 4.326.500 personas.

Mientras el Partido Comunista anunció "una gran campaña de movilización" contra la reforma, la Cámara Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), principal central gremial empresaria del país, manifestó su apoyo. Pocos días atrás, el presidente de esa entidad, Gonzalo Díaz Ferrán, propuso incluso elevar hasta los 70 años la edad laboral.

Ante la baja de la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida, la polémica reforma parece seguir una tendencia europea en cuanto a aumentar la edad de jubilación. De aprobarse la iniciativa en España, ese país se unirá a Noruega (67 años, con posibilidad de una prejubilación a los 62) y Dinamarca (65 años y subiendo progresivamente a 67 años desde julio de 2007). A corto o mediano plazo, los asalariados de varios países de la Unión Europea, como Francia (que tiene la edad más baja del continente, 60 años), Gran Bretaña y Alemania probablemente seguirán la misma suerte. Pocos países, como Suecia (65 años), carecen de proyectos similares.

Plan de austeridad

Aunque cerró 2009 con un superávit de 8500 millones de euros, la seguridad social de España presenta un horizonte sombrío. En sólo un año, el sistema perdió un 40,8% de su superávit. Aun así, sigue siendo la única administración pública del país que no tiene las cuentas en rojo. El resto -el Estado central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos- es responsable de que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se disparase en 2009 hasta el 11,4% del producto bruto interno (PBI), mucho mayor que el ya elevado 9,5% previsto inicialmente.

En este contexto, la reforma jubilatoria se suma a un ambicioso plan de ahorro fiscal por el cual el gobierno español prevé recortar el gasto en 50.000 millones de euros (unos 70.000 millones de dólares) hasta 2013.

Este "plan de austeridad", anunciado también ayer, busca adecuar las cuentas de España al pacto europeo de estabilidad, que obliga a los miembros del bloque a tener un déficit público de menos del 3% del PBI.

España acumula cinco trimestres consecutivos de una profunda contracción de la economía, motivada por el colapso de su sector inmobiliario, las altas tasas de desempleo y el frenazo del consumo y el crédito. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inyectó miles de millones de dólares en planes de estímulo financiero y de creación de puestos de trabajo. No obstante, la economía sigue en recesión y no ha seguido la senda de otras naciones de la UE, como Francia, Alemania o Gran Bretaña, que han comenzado a ver la luz al final del túnel.

Según fuentes oficiales, la economía española se contrajo no menos de un 3,6% del PBI en 2009, y para este año se prevé otra caída, aunque más leve, del 0,3%.

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