Polémica entre Gobierno, Iglesia y oposición por la ayuda social

El oficialismo planea otorgar un subsidio de $ 135 por hijo a las familias pobres, pero no definió de dónde saldrá el dinero. Elisa Carrió sostiene que eso fomentará el clientelismo y pide que alcance a todos los chicos. Hoy se reúne con la Iglesia.
La forma en que se debería asistir desde el Estado a millones de niños y jóvenes pobres y en situación de riesgo social en la Argentina, divide aguas entre el oficialismo y la oposición. La Iglesia -como anticipó ayer Clarín- ya entró conctacto con varios funcionarios para que el Gobierno de luz verde a un proyecto de ayuda social por hijo a padres sin cobertura social o desocupados. En tanto, en la Cámara de Diputados el oficialismo busca darle forma a un proyecto para crear un nuevo plan social, que consistiría en hacer llegar un subsidio por hijo a quienes no están alcanzados por ningún beneficio.

Sin embargo, desde sectores de la oposición insisten con la idea de que la asistencia debe centrarse en una "asignación universal a la niñez". Ayer, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cargó duro sobre el Gobierno al asegurar que si el subsidio no es "universal", será "una trampa clientelar del kirchnerismo". Y el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, también defendió la "universalización" como forma de "romper con el esquema clientelar de la intermediación".

En Diputados, fuentes del bloque oficialista que comanda el diputado Agustín Rossi dijeron a Clarín que "hay decisión de tratar" un anteproyecto que está a consideración de las comisiones de Acción Social, y de Minoridad y Familia, que encabezan los kirchneristas Mariano West y Juliana Di Tullio. Pero ratificaron que el oficialismo no tiene en mente una asignación universal. "Eso es para países que no tienen nada, aquí significaría desarmar todo el sistema de planes, de salario familiar y beneficios conexos. Lo de Carrió es regresivo", aseguraron las fuentes próximas a Rossi.

De las iniciativas oficialistas, trascendió la del diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde, que propone una asignación por hijo de unos $135 destinada a sectores en situación de informalidad laboral o que no llegan al salario mínimo.

Aunque está en conocimiento de los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, la iniciativa oficialista circula por ahora en el Parlamento, indicaron fuentes de la Casa Rosada. El jefe de la cartera laboral no quiso comentarla.

Que la "universalidad" de la asignación esté fuera de los planes oficiales fue blanco de las críticas opositoras. Carrió las hizo conocer al encabezar ayer la presentación de un informe de investigación y denuncia hecho por jóvenes de la Coalición Cívica, justamente sobre un caso tremendo de chicos de la calle en La Plata, sumidos en el abandono. En ese marco, defendió la asignación universal, que "libera a los chicos pobres para que no sean esclavos de Kirchner", disparó.

Carrió anticipó que se reunirá hoy a las 18 con el titular de la comisión de Pastoral Social del Episcopado, Jorge Casaretto, para "advertir" que "la Iglesia no puede caer en esta trampa". Dijo además que enviará cartas a todos los obispos del país. La Coalición Cívica propugna una asignación universal de $ 200 por hijo que se financiaría gravando la renta financiera, entre otras medidas.

"Pero el Gobierno piensa cómo atar a los niños y sus familias para la próxima elección presidencial", cuestionó Carrió.

El diputado Lozano aseguró por su parte que el Gobierno "no cumplió su promesa" de tratar en el Congreso la asignación universal a la niñez y aseguró que nadie vio los anteproyectos del oficialismo. Lozano sostuvo que el Gobierno "quiere poner una cobertura a los pibes que están afuera del sistema, pero eso no tiene nada que ver con la asignación universal, con la que nunca han comulgado".

Según los números que maneja, hay 7 millones de chicos pobres (de éstos, 3 millones son indigentes). "La mitad de los menores de 18 años en la Argentina son pobres", sostuvo.

En la Casa Rosada defendieron el esquema de políticas sociales del Gobierno y aseguraron que una muestra de su "legitimidad" fue que la ministra Alicia Kirchner fuera designada el sábado en París como presidenta del Consejo de Gestión de Transformaciones Sociales, un programa de la Unesco para las ciencias sociales.

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