Polémica por detención de médica acusada de corrupta

La detención del jefa de la Guardia del Hospital Regional de Río Gallegos, Alicia Campbell, junto a una enfermera y un chofer de ambulancia, generó la inmediata reacción de sectores políticos y gremiales que la respaldan. La médica junto a otros dos empleados del hospital habían sido detenidos el domingo y luego liberados, acusados de alquiler una ambulancia en 1.400 pesos.
La trama de la detención y las circunstancias que rodearon el hecho, fuero el detonante para que sectores opositores al gobierno lanzaron sus reclamos.

Vale mencionar que para acceder a las pruebas del supuesto acto de corrupción, se contó con la colaboración del Ministro de Asuntos Sociales, Jorge Mascheroni.

Mientras la médica estuvo presa, varias personas llegaron a la sede policial reclamando la liberación además de un sector gremial que amenazó con realizar un paro.

El caso

Alicia Campbell, jefa de la Guardia del HRRG y titular del INCUCAI en la provincia de Santa Cruz, fue detenida junto a otros tres empleados del hospital zonal de Río Gallegos y posteriormente liberados.

La médica como así también la jefa de Enfermeras del Hospital, Sandra Andrade, y Patricio Toledo, quien sería chofer de la unidad, fueron detenidos tras una denuncia en la que se los vinculaba con el alquiler de una ambulancia; hecho que constituiría un grave delito.

La medida ordenada por la justicia fue llevada a cabo personal de la Comisaría primera de Río Gallegos. Campbell y Andrade fueron trasladadas a la Seccional Tercera y Toledo quedó alojado en la Comisaría Primera. Horas más tarde los presuntos implicados en el hecho fueron liberados.

De acuerdo a la información difundida, todo se originó en una versión que refería el alquiler de la unidad para la cobertura de un evento deportivo. El trascendido, que precisaba que esta prestación se había cobrado 1.400 pesos, derivó en la posterior denuncia penal y en la detención del mencionado personal de nosocomio.

Pruebas

La irregularidad fue comunicada al Ministro Mascheroni, quien ordenó que ante esta denuncia se montara un dispositivo para contar con las pruebas del caso. De esta manera, cuando el personal del nosocomio concurrió al boxing Club para prestar el servicio irregular, la acción fue filmada y fotografiada; además de abonarse con dinero previamente identificado en su numeración.

“Yo saqué de mi cuenta particular el dinero, tomé cada una de las numeraciones de los billetes, se los entregué bajo firma al intermediario y se les hizo la entrega a quien estaba en ese momento como chofer de ambulancia, y de inmediato se dio intervención a la Policía y al juez de Instrucción, Santiago Lozada”, sintetizó el ministro a un medio de Río Gallegos.

“Se ordenó el control de la gente que estaba ahí, y en poder de uno de los chóferes y de la doctora Campbell se encontró gran parte del dinero entregado, que concordaba con la numeración anotada previamente”, precisó el funcionario acerca de las pruebas que incriminarían al personal del nosocomio.

Cuestionamientos

En franca oposición a la captura de la médica acusada de corrupta, el Concejal radical Alberto Lozano, disparó durísimas críticas a Mascheroni y dejó entre ver que el caso era parte de una “persecución” política.

“Es realmente inusitado que el propio Ministro de Asuntos Sociales se haya prestado e involucrado en el montaje de una estratagema casi de película, marcando billetes, avalando una cámara oculta, para poner en evidencia una supuesta irregularidad. Si bien le cabe ejercer un rol de contralor respecto a todo lo que suceda en el organismo a su cargo, tampoco es menos cierto que no se puede admitir conductas excesivas con el justificativo de clarificar situaciones, cualquiera sea su naturaleza. Más aún cuando existen otros mecanismos y vías administrativas bajo las cuales como autoridad, el Dr. Mascheroni puede ordenar una investigación interna, ya sea con un sumario para deslindar responsabilidades, se determine la existencia y gravedad de la falta y si corresponde finalmente, una denuncia penal en caso de presunción concreta de un delito”; sentenció el edil.

“Si en nuestra sociedad no se garantiza una Justicia clara e imparcial para todos los ciudadanos, lejos estamos entonces de vivir en el debido marco del Estado de Derecho”. Concejal Lozano

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