Polémica en Chaco por el veto de Capitanich a la ley sindical

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, vetó una ley de paritarias para el sector público que preveía la participación en las negociaciones colectivas de los gremios "chicos" del ámbito estatal. De ese modo, cedió a un reclamo formulado por la CGT local y por los principales sindicatos de la provincia.
El veto es parcial y se centra en impugnar las cláusulas del texto en las que los diputados provinciales habilitaban a formar parte de las comisiones paritarias a las entidades sindicales con personería jurídica pero sin personería gremial. Según el gobierno provincial, eso "atomiza" la representación de los trabajadores y contraría normativa superior, como la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales.

"El concepto de negociación colectiva de trabajo con un único representante patronal y la organización gremial representativa de las mayorías, es consecuencia de una larga lucha de los trabajadores argentinos", planteó el titular de la CGT chaqueña, Carlos González.

Por su parte, la Federación de Gremios, que agrupa a los sindicatos que tienen solamente personería gremial, dijeron que la decisión del Ejecutivo "afecta la libertad sindical y pretende desconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de septiembre de 2007, que fija jurisprudencia a favor de las organizaciones gremiales en el ejercicio de la actividad sindical sin ninguna restricción, incluyendo participar en paritarias, sin más requisito que la simple inscripción gremial, y sin necesidad de tener personería gremial a nivel nacional".

Además, recordaron que el artículo 30 de la Constitución Provincial garantiza a los gremios los siguientes derechos: "organizarse libremente", "ser reconocidos sin otro requisito que la inscripción en un registro especial" y el de "concertar contratos colectivos de trabajo".

La Federación también considera que el gobierno bloqueó el acceso de los sindicatos menores a las negociaciones colectivas porque "se viene observando de un tiempo a esta parte la abierta violación de normas laborales y salariales en diversos sectores de la administración pública, que incluyen casos de discriminación, persecución y de violencia laboral".

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