Polémica por beneficio a represores que colaboren

Adhesiones y rechazos están cosechando los conceptos de Graciela Fernández Meijide (78) -madre de un adolescente desaparecido, ex dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional, colaboradora de la Conadep y ex ministra del gobierno de Fernando de la Rúa-.
En su libro "La ilusión" y por algunos de sus conceptos, acepta la posibilidad que se les reduzca la pena a miembros de las fuerzas de seguridad que den datos concretos respecto a los hechos ocurridos durante la dictadura. También, Meijide considera que los detenidos-desaparecidos durante ese proceso -de 1976 a 1983- son unos 8.000 y no 30.000, como referencian organismos de derechos humanos.

El miembro de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos Carlos Segovia, dijo que el número de 8.000 desaparecidos "no se ajusta a la verdad. Los familiares, muchas organizaciones nacionales e internacionales, por denuncias e investigaciones tienen datos que son más de 30.000", señaló.

Mientras tanto, la ex detenida política en el proceso presidenta de la Fundación Margarita, María Emilia Salto, coincidió con Meijide respecto de la posibilidad de acotar penas a quienes otorgando datos concretos. "Yo no quiero venganza, quiero justicia. Y como dice Meijide, en Sudáfrica, país que ha sufrido la represión en grado superlativo, se planteó esta experiencia. Y en otras latitudes. Yo quiero saber qué hicieron en Córdoba con el cuerpo de mi hermanita de 20 años, Mara, torturada por su militancia en la Juventud Universitaria Peronista", dijo.

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