Polémica aprobación de un empréstito de más de 300 millones para viviendas

Son recursos provenientes de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que deberán amortizarse en un plazo de 15 años, con dos años de gracia para el vencimiento del capital. El bloque Justicialista se opuso a constituir una comisión parlamentaria de seguimiento de las licitaciones y adjudicaciones y el Radicalismo se retiró del recinto. El requisito de los dos tercios de la totalidad de la Cámara también fue motivo de controversia.
Con el voto del bloque Justicialista, del Radicalismo y del Frente Primero Jujuy, la Legislatura aprobó ayer una ley de autorización al Instituto de Vivienda y Urbanismo para la toma de un empréstito por hasta 339.693.40 pesos, con destino a la construcción de viviendas.

La sanción de la norma generó dilatadas conversaciones entre el PJ y la UCR y terminó con el retiro del recinto de los diputados radicales que denunciaron irregularidades en la aprobación en particular del proyecto y la falta de cumplimiento, por parte del oficialismo, de un acuerdo de palabra que contemplaba incluir en la ley la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento de las licitaciones y adjudicaciones de las obras.

Tras rechazarse la moción en ese sentido del presidente del bloque radical, Alberto Bernis, se desató la polémica acerca de si el tratamiento en particular también debía salir con los dos tercios del cuerpo. Pablo Baca, Jorge Rizzotti y Bernis fundamentaron que el artículo 81 de la Constitución lo dispone de esa manera y remarcaron que la bancada ucerreísta había condicionado aprobar el empréstito a que se crease la comisión de seguimiento. "La buena fe mínima que debe haber en esta Legislatura queda seriamente afectada y también las actitudes políticas en el futuro en este cuerpo", advirtió Baca.

Hugo Insausti y Miguel Rioja, del bloque Justicialista, encararon la defensiva de la postura oficial. Insausti echó mano al artículo 202 del Reglamento Interno de la Legislatura, que dice que durante la discusión de un artículo se pueden proponer modificaciones, adición o supresión parcial o total que, si son aceptadas por la mayoría de la Comisión o por el autor si se está considerando sobre tablas, se considerarán partes integrantes del dictamen o proyecto. Si no fueren aceptadas, se someterán a votación en primer término y en el orden en que hubieren sido propuestas; no logrando mayoría o el voto cualificado que pudiera requerir el asunto, se tendrá por aprobado el dictamen o proyecto considerado en general.

Rioja, por su parte, criticó la actitud de los legisladores radicales y aseveró que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en el Concejo Deliberante se "quiso crear una comisión de seguimiento del Fondo de la Soja, que fue vetada por el intendente Raúl Jorge". Subrayó además que "acá no estamos haciendo una especulación política sino hablando de puestos de trabajo de miles de trabajadores de la construcción".

Según el legislador justicialista, no es necesario crear una comisión de seguimiento pues es el Tribunal de Cuentas el que realizará el control de los dineros que llegarán de ANSeS.

"Es inaceptable que el diputado Insausti diga que se puede poner el Reglamento Interno de la Legislatura por encima de la Constitución de la provincia", retrucó Bernis para salir del recinto seguido por sus correligionarios.

La desconfianza del Radicalismo, explicó a El Libertario uno de los legisladores, es que los dineros sean utilizados en forma discrecional y como ya se ha visto en otras oportunidades, privilegiando a organizaciones sociales kirchneristas en desmedro de otros sectores. "En el Instituto puede pasar cualquier cosa y este Gobierno no soporta que lo controlen", disparó.

En cambio, los empresarios de la construcción que siguieron el tratamiento de la ley aseguraron que "sin esto no habrá trabajo para el 2010", remarcaron que la situación del sector es desastrosa por la falta de obras públicas y agregaron que la operatoria es únicamente para empresas constructoras.

La norma, asimismo, aprueba la Carta Compromiso suscripta por el Poder Ejecutivo provincial con ANSeS, Nación Fideicomisos S.A. y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. También establece que el endeudamiento se destinará a financiar la construcción de viviendas en el marco de los programas que implemente la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y autoriza a la provincia a afectar en garantía del repago del préstamo y de las demás obligaciones contraídas, "los recursos provenientes del recupero de las cuotas de las obras que se financien con las operatorias habitacionales involucradas, como así también los recursos que tiene derecho a percibir del Estado nacional en virtud de la Ley 24.464".

Tras autorizar al Instituto de Vivienda a realizar las gestiones y a suscribir los acuerdos necesarios para la obtención del empréstito, así como acordar las modificaciones que fueran necesarias "para adecuarlas a las condiciones sustanciales del crédito", la ley estipula que el endeudamiento deberá respetar el artículo 81 de la Constitución provincial, que dice que "con fines de promoción económica, la Provincia podrá contraer empréstitos destinados a financiar obras productivas específicamente planificadas y cuyos servicios financieros deberán ser cubiertos por los rendimientos de la obra".

Con el recinto casi vacío, la Legislatura terminó la sesión extraordinaria con la toma de juramento al nuevo secretario parlamentario, Carlos Aprile, quien reemplaza a Alberto Matuk, fiscal de Estado que asumirá hoy.

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