Polémica por un anexo en los contratos con las cooperativas

Según denunciaron, el Gobierno pretende imponer que no se celebren asambleas y las críticas sólo las podrá realizar el presidente de cada institución por escrito.
Los contratos para las cooperativas de empleo están listos para ser convalidados, por lo que sólo resta la firma de sus presidentes. Sin embargo, un acta adjunta que acompaña al documento central, en el que se detallan los parámetros de contratación, el tipo de relación de dependencia que mantendrán con el Estado y la cantidad de meses en los que se les garantiza la realización de obras, impone reparos y menosprecia derechos constitucionales de todo trabajador.

Según explicaron los cooperativistas, el reglamento anexo incorporado y redactado por el municipio no permite el desarrollo de asambleas ni la manifestación u ocupación de oficinas comunales. Para los integrantes de las distintas empresas sociales, ésta es una imposición que acorrala los derechos de los obreros y que viola lo establecido en la Constitución Nacional. De igual manera, lo interpretó la concejal Verónica Beresiarte (Frente para la Victoria), que desde el anuncio que realizó la presidente, Cristina Fernández, para la conformación de cooperativas de empleo, veló por la implementación del programa en la ciudad. "Es una medida arbitraria y condicionante. Es un verdadero exceso", definió, al aclarar que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de la ejecución del plan, no se impone a este anexo como condición excluyente para la firma de los contratos.

El Atlántico, para obtener más precisiones respecto de ese documento adjunto, intentó comunicarse con los secretarios de Obras (Manuel Regidor) y de Desarrollo Social (Fernando Gauna), pero ninguno respondió.

Según establece el documento anexo, que fue difundido por el Partido Obrero, en su artículo primero, se establece que la única persona que con exclusividad y de manera excluyente tendrá la potestad de peticionar, sugerir o manifestar ante la Municipalidad (…) es el o la presidente de la cooperativa, que en tal caso sólo podrá expresar las inquietudes del grupo de trabajo, "exclusivamente", a través de un escrito. Esa consulta o pedido deberá ser entregado ante la Unidad de Gestión que se conformará para asistir las demandas de las cooperativas, tal lo indica el punto dos.

"Se encuentra terminantemente prohibido a las cooperativas celebrar reuniones asamblearias en ámbitos de la Municipalidad, entes y Osse, como también pretender ejercer el derecho a manifestarse en el interior de cualquier delegación y/o repartición municipal", sentencia el tercer artículo del anexo. Es éste el que más controversia trae entre los integrantes de las cooperativas.

Primero a través de un comunicado y luego en conversación con este medio, Alejandro Martínez, referente del Partido Obrero e integrante de la cooperativa "Los Horneros", aseguró que son muchas las empresas sociales que no firmarán los contratos porque entienden que no puede ser condición el renunciar, justamente, a los derechos que tienen como trabajadores.

"En el acuerdo central, la Municipalidad no asume responsabilidades sino todo lo contrario, pero después adjuntan un documento en donde ponen reparos a la libertad de expresión y acción de los obreros", se quejó el dirigente, que aseguró que el rechazo al acta adjunta es prácticamente unánime.

El documento, a través de su título (Normas y pautas regulatorias de la relación entre el Municipio de General Pueyrredon y las cooperativas incluidas en el Programa de Inversión Social") deja más que claro el espíritu que persigue: El Ejecutivo no tolerará nuevas situaciones como la toma del Enosur y la del Concejo Deliberante.

"Nos imponen un techo salarial, no nos garantizan aportes jubilatorios, ni ART y menos aún el derecho a sindicalizarnos", comentó Martínez, que seguido agregó que si con estas cláusulas fuese poco "tampoco permiten que los trabajadores gocen de su auténtico derecho a manifestarse".

Por su parte, Marcela Flores, de la cooperativa "General Belgrano", del barrio Santa Rosa de Lima, confirmó que ellos sí van a firmar hoy el acuerdo de trabajo. "Nos asesoramos con nuestro abogado, y como es inconstitucional el planteo que hace la municipalidad, de hacer algún tipo de manifestación no podrán juzgarnos. Por eso es que decidimos garantizarnos el empleo y firmar el convenio", explicó.

Dijo que el anexo quedará sin validez, "porque la Constitución Nacional es suprema a toda acta menor". "No somos ignorantes, tampoco letrados, pero nos asesoramos y sabemos que eso es así", sostuvo.

Según comentó, "General Belgrano" ya tiene adjudicada una obra en el barrio. Se trata de una plaza que deben construir desde cero en una manzana baldía. "Creemos que si firmamos hoy (por ayer) en dos o tres días podríamos empezar a trabajar", calculó Flores, que ratificó los comentarios de Martínez: "La Municipalidad no se responsabiliza en ningún momento de nosotros".

"MEDIDA ARBITRARIA Y CONDICIONANTE"

Beresiarte aclaró no tener en su poder la copia del contrato, aunque sí conocer el alcance del planteo. Contó que dialogó en los últimos días con los integrantes y presidentes de varias de las cooperativas, que manifestaron su descontento por el anexo redactado por el municipio. "Es un verdadero exceso", calificó y agregó que se trata de "una medida arbitraria y condicionante", que lejos está de dar cumplimiento al derecho que tienen los trabajadores de expresarse.

"Quiero aclarar que éste no es un requisito de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Es una acción promovida, con exclusividad, por el municipio", señaló la concejal del Frente para la Victoria.

Los puntos del acta

• Indica que sólo el presidente, y por escrito, tienen potestad para dar a conocer a las autoridades los inconvenientes, problemas o demandas de la cooperativa.

• Establece la conformación de una Unidad de Gestión, que estará integrada por el Ente municipal de Servicios Urbanos y el de Vialidad, Obras Sanitarias, la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales. Este órgano se encargará de recibir las peticiones de las cooperativas y se inscribirá como el enlace entre las empresas sociales y las autoridades municipales.

• Aclara que están terminantemente prohibidas las asambleas y manifestaciones en dependencias municipales.

• Detalla que la Unidad de Gestión responderá por escrito a las demandas de los presidentes de las cooperativas.

• Impone que al menos una vez por mes la Unidad de Gestión y los responsables de las cooperativas se encontrarán en reuniones informativas.

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