Podrían tratar una iniciativa que obliga a los políticos a cumplir con sus promesas

La Cámara de Diputados provincial podría tratar en la sesión de mañana un proyecto de ley del diputado justicialista Eduardo Romero que busca establecer que la falta de cumplimiento de las plataformas habilite a la realización de un juicio político contra el político incumplidor.
La iniciativa que promete despertar mucha polémica aparece en el Acta de Labor Parlamentaria para la próxima reunión.

Romero pretende así reglamentar el artículo 54 de la Constitución provincial, que establece que los procedimientos de designación de candidatos deben ser democráticos "con manifestación pública de principios y plataformas".

Ante la falta de presentación de propuestas de los aspirantes a cubrir los cargos electivos y ante el incumplimiento de las promesas electorales, el legislador propone en su proyecto que "la falta de cumplimiento de las plataformas electorales presentadas por los candidatos que resulten posteriormente electos, será considerada causal de mal desempeño en el cargo y, por lo tanto, justificación suficiente para la promoción del procedimiento de juicio político establecido por la Constitución provincial". Además, la norma dispone que "todo candidato a ocupar un cargo electivo en el Poder Ejecutivo o Legislativo provincial, para mantener su condición de tal, tiene la obligación de dar a conocer su plataforma electoral de manera pública, y de debatirla también públicamente cuando así lo requiera un competidor en la elección a la que se postule".

Basado en el precepto de que se debe responsabilizar políticamente al ciudadano electo que no cumpla con su propuesta electoral, y por el otro, permitir a la ciudadanía evaluar, con la adecuada antelación, y mediante la publicidad y debate de sus ideas, la idoneidad moral y política de los candidatos, Romero asegura en los fundamentos que "resultaría un deber, de plantear y dar a conocer a la ciudadanía la plataforma electoral a efectos de que en su legítimo ejercicio de la soberanía, el pueblo, pueda guiar los destinos de la provincia".

Además, y citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegura que "la autonomía institucional de las provincias implica que en la elección de sus gobernadores, legisladores y funcionarios, cada provincia posee una potestad que no depende ni puede ser igualada por ningún otro poder".

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