Se podría privatizar el asistencialismo

Entre los muchos escándalos políticos que debió soportar este año el magro gobierno provincial figura, otra vez, el mal destino que tienen los alimentos que deberían destinarse a los mas necesitados. ¿Por qué el Estado es tan torpe en esa distribución? Las razones son varias. La primera tiene que ver con la naturaleza misma de la transacción. Repartir dinero ajeno justamente es siempre difícil y la ayuda pública tiende a ser mucho más burocrática que la privada.
La solución a este problema consistiría en quitarle al Estado de las manos gran parte de una tarea que hace tan mal para entregarla a alguna organización de la sociedad civil, como para en muchas partes del mundo, pero eso sería imposible, porque acabaría el negocio millonario que hacen los proveedores amigos del oficialismo, y el propio FCS se perdería la posibilidad del clientelismo.

Pero ¿por qué el Estado es tan torpe en el ejercicio del asistencialismo? Las razones son varias. La primera tiene que ver con la naturaleza misma de la transacción. Repartir dinero ajeno justamente es siempre difícil. Los políticos, que son los que deben asignar los fondos, suelen ver esta tarea como parte de la incesante campaña de relaciones públicas a que los obliga su profesión.

Desean sacarse la foto para mostrarla en El Ancasti o La Unión y transmitir la impresión de que son intensamente compasivos, aunque les importe menos el resultado de la solidaridad con los necesitados que los votos que ésta les traiga.

Los financian esas practicas son los ciudadanos que pagan impuestos, y cuando se enteran que alimentos aptos fueron a parar a chiqueros o se compró alimentos vencidos para repartir entre los pobres que necesitan un bolsón no suelen sentirse felices con la manera en que se desperdicia el dinero, los beneficiarios a su vez toman esos recursos ''públicos'' con una actitud cercana a la arrogancia y la ingratitud total: el Estado tiene que ayudarlos. Para ellos, inconscientemente, el dinero público crece en los árboles y no es el producto del trabajo de otras personas.

El segundo factor que entorpece la ayuda pública es la burocracia. Las normas y reglamentos son infinitos y difícilmente pueden ponerse en marcha rápidamente ante la necesidad siempre urgente de los necesitados. Quienes los administran suelen estar mal pagados, carecen de impulsos filantrópicos personales, les molesta tener que actuar con premura y acaban por desarrollar una evidente antipatía contra las personas a las que deben ayudar. Sin embargo, con frecuencia comparten con sus asistidos la misma falta de precaución con relación al gasto. Entre evitar los abusos y defender el dinero del anónimo contribuyente, o colocarse junto a quien pide ayuda, una persona de carne y hueso que demanda asistencia airadamente, le resulta más fácil dar que negar, aunque íntimamente sepa que comete un error. Al fin y al cabo no es su dinero.

El alivio de este problema, naturalmente, está en quitarle al Estado de las manos gran parte de una tarea que hace tan mal para entregarla cuanto antes a la sociedad civil. El asistencialismo nunca se ejercerá de manera perfecta por el tercer sector o el privado, pero, sin duda, nadie puede cometer los mismos errores que Desarrollo Social de Torres de Mansilla y Vega. Eso es lo que nos ha enseñado la experiencia.

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