¿Podrán aplicar ley para evitar llamados de venta?

La norma aprobada ayer resulta de dudosa aplicación. Crea un registro para que las empresas no llamen.
La ley aprobada ayer en la Cámara de Diputados de la provincia para evitar la pesadilla de la oferta publicitaria a través de las llamadas telefónicas o de los mensajes de texto se presenta como de dudosa aplicación en la práctica porque tanto el procedimiento para inscribirse en un registro antillamadas como el sistema para aplicar las sanciones que fija es complicado o no está definido. No es la primera norma que va camino a ser letra muerta (ver aparte).

¿Por qué las dificultades? Primero, porque la persona que no desea recibir llamadas de las empresas de telemarketing, es decir las que utilizan las llamadas o los mensajes para publicitar bienes o servicios, tendrán que inscribirse en el "Registro No Llame". Y ese registro debe ser consultado por las empresas de telemarketing para saber a quiénes pueden llamar y a quiénes no.

Pero la mayoría de las empresas del sector son nacionales y algunas hasta internacionales. La dificultad entonces radica en cómo hacerles llegar los registros para que no llamen a números sanjuaninos.

Una alternativa, que no está contemplada en la ley y que quedó para la etapa de la reglamentación de la norma, es que se implemente un registro nacional en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, según dijo ayer Ana López de Herrera, titular de Defensa al Consumidor en San Juan, que será la autoridad de aplicación en la provincia. Ella asesoró a la diputada Lucía Gómez, la autora de la iniciativa.

Con un registro nacional sería más fácil el control de las llamadas, pero en ese caso haría falta una ley nacional y no tendría sentido la norma local.

Aún cuando exista el registro, si una persona inscripta recibe una llamada tendrá que anotar el día, la hora y hacer la denuncia. Se habla que podría ser a un 0800, pero tampoco está definido. Tampoco está claro cómo se demostrará que la llamada existió.

Otra cuestión complicada es la multa, que serviría para que las empresas no sigan llamando. Según entienden en Diputados todas las empresas tienen oficinas en Buenos Aires y allí podría llegar las intimaciones. Pero no está claro qué pasará con las que se nieguen a pagar las sanciones.

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