¿Podrá el matrimonio K dejar de ser kirchnerista?

Por Damián Glanz.

Las dos cámaras operaron como una escribanía pública para rubricar los deseos de la Casa Rosada y también sus abusos, en especial la delegación de las facultades constitucionales que concentraron en el jefe de Gabinete la capacidad para diseñar y modificar el Presupuesto nacional.

"No se aceptan modificaciones". La sentencia que anula el diálogo y la búsqueda de consenso, es la frase que los taquígrafos oficiales registraron con mayor frecuencia en los últimos seis años en el Congreso de la Nación. Ciertamente, en ese período, las dos cámaras operaron como una escribanía pública para rubricar los deseos de la Casa Rosada y también sus abusos, en especial la delegación de las facultades constitucionales que concentraron en el jefe de Gabinete la capacidad para diseñar y modificar el Presupuesto nacional.

El Congreso que asumirá el 10 de diciembre promete cambiar de rubro y recuperar su función legislativa. El fin de la hegemonía kirchnerista abre el paso al diálogo, aunque no necesariamente al consenso. La oposición prometió instalar una agenda que apunta, precisamente, contra las bases del "modelo" que instaló Néstor Kirchner:

* Eliminar los superpoderes.

* Reformular el mecanismo de aprobación de los Decretos de Necesidad y Urgencia para que sean tratados como una ley –que requiere la aprobación de ambas cámaras– y no como una resolución, que se aprueba por mayoría simple de una de las dos.

* Instaurar la boleta única para limitar el fraude electoral.

* Coparticipar el impuesto al cheque y los demás recursos que el Estado Nacional se apropia de la recaudación y que deberían ser distribuidas entre las provincias.

* Regular la publicidad oficial y sancionar una ley de acceso a la información pública.

* Dar marcha atrás con la reforma que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en el Consejo de la Magistratura para limitar el control de la Presidencia sobre el Poder Judicial.

Dicho de otra manera, la oposición promete refundar la división de poderes y el respeto por las instituciones de la República. La propuesta es ambiciosa, pero casi inviable: las democracias presidenciales no resisten la convivencia de un "gobierno parlamentario" opositor. Para ello, el jefe de Estado retiene la facultad de veto, una herramienta conocida por el matrimonio presidencial: no titubeó en observar la Ley de Protección de Glaciares que habían apoyado hasta sus propios bloques.

Si la agenda opositora avanza desde el 10 de diciembre en el Congreso, el Acuerdo Cívico y Social y el peronismo disidente se expondrán a ver sepultadas sus buenas intenciones bajo el decreto presidencial, con el riesgo de llegar a 2011 impedidos para volver a debatir esos mismos temas que son el eje de sus propuestas presidenciales. Sólo con la red del consenso –que incluya al oficialismo– la oposición podrán intentar esas reformas.

El mismo esquema necesitará el kirchnerismo si quiere mantener la gobernabilidad. Por ejemplo, el desafío de lograr la sanción de la Ley de Presupuesto para 2011, el primero que votará el próximo Congreso, le será más difícil que la pelea por la Resolución 125. Tendrá a mano la Presidenta los Decretos de Necesidad y Urgencia, que le permitirán –que lo hizo ella y su marido– a reformar esa norma con absoluta discrecionalidad. Pero no le será fácil conseguir que esos DNU sean refrendados por el Parlamento: para que esas normas adquieran estatus de ley requieren de la aprobación de una resolución por mayoría simple, un atributo que perderán a fin de año.

Pero el consenso no es un rasgo que defina al oficialismo. La confrontación es su atributo fundamental. Para sostenerse en el poder, el matrimonio Kirchner deberá dejar de

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