El Poder Judicial se está politizando

Punto de vista por Carlos Canevaro - Legislador oficialista -Bloque Unión Frente Grande .
¿La política se está judicializando o el Poder Judicial está politizado? En el fallo contra la reforma constitucional, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa tiró por la borda el andamiaje sostenido por los constituyentes en la integración del Jury de Enjuiciamiento (JE). Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo se arrogaron potestades legislativas y constituyentes; señalaron cómo tendría que quedar conformado con mayorías y minorías, y dejaron a salvo cualquier modificación al procedimiento de Juicio Político. ¿Por qué resolvieron de este modo? Porque el JE los abarcaba, y quisieron tejer una manta protectora que poco o nada tenía de jurídico, al punto que la Corte procedió a revocar esa medida y sostener que los camaristas se habían extralimitado en sus funciones.

Casualmente, esa Sala dispuso una cautelar impropia y paralizó el proceso de designación de jueces interinos en el estado de emergencia del Poder Judicial, lo que evidencia un cambio de su propio criterio. Durante la gobernación de Julio Miranda, se pretendió modificar la Carta Magna, pero se cuestionó la constitucionalidad de la ley que declaraba la necesidad de la reforma y se pretendió paralizar el proceso. Los jueces dijeron que no existía urgencia y que una cautelar implicaba adelantar posición sobre el fondo de la cuestión. Hoy, en las causas contra la Ley 8.136 dictaron cautelares que implican un adelantamiento de criterio sobre el fondo de los cuestionamientos, ya que se sostuvo que se infringió la norma, lo que es propio de la resolución final del litigio. Ya se sabe que van a declarar inconstitucional a esta ley, lo que importa un vicio que torna procedente la nulidad de la cautelar indebidamente dispuesta.

Se ha solicitado a la Corte Suprema que disponga un proceso selectivo de jueces. El único poder del Estado que puede sancionar una ley es la Legislatura, y en virtud de ese ejercicio soberano puede disponer el mecanismo previo en carácter que considere oportuno en una emergencia judicial. Ahora se está vedando al ciudadano el acceso a Justicia, en contra de lo que dispone la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La Constitución habla de la selección definitiva de los jueces naturales; nada dice sobre una designación transitoria (no está prevista). La implementación de concursos previos para los magistrados interinos llevaría sin dudas a su judicialización con la consecuente dilación indeterminada de las designaciones; ni existen jueces que puedan resolver las impugnaciones que se presenten. A nivel nacional se acudió a la figura de la subrogancia, porque el Consejo de la Magistratura que todos veneran hoy, no designa o las designaciones están cuestionadas.

Sin dudas, el Poder Judicial está politizado. Me gustaría ver la reacción de los magistrados y de la Corte si se impulsara un CAM a imagen y semejanza del existente a nivel nacional, que tenga poder disciplinario sobre los jueces y que elabore y administre el presupuesto de la Justicia. En tanto, el pueblo espera que los poderes políticos se ocupen de la política y que el Poder Judicial se ocupe de la Justicia. La única forma de alcanzar una solución definitiva al conflicto es reformar totalmente una Constitución magullada en miras a tener seguridad jurídica; hasta tanto, las soluciones a una emergencia son válidas y no deberían teñirse de política jurídica.

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