El prestigioso Doctor en Derecho, abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, advirtió que el no funcionamiento de la Justicia -como sucede en Santa Cruz desde hace más de un mes y medio- es "muy grave" ya que "afecta el derecho de una persona que espera una resolución de su conflicto".

También sostuvo que esta "paralización"   afecta "el funcionamiento del sistema  republicano y la vigencia de los derechos de la Constitución Nacional y Derechos Humanos para que sean garantizados".

El letrado también fue consultado por la independencia del Poder Judicial,  respecto al presupuesto que debe manejar, según fue el pedido del sindicato de Judiciales por la presentación del "amparo -mandamus" que tuvo el visto bueno de la Justicia, que ordenó el envío de fondos  por parte del Ejecutivo y que fue apelado por el Fiscal de Estado.

 

FUNCIÓN

"La independencia del Poder Judicial y su autonomía, si no cuenta con recursos propios, es vacío e inocuo, porque autonomía e independencia sin presupuesto y sin recursos es sinónimo de vulneración de esa autonomía y esa independencia", apuntó.

Agregó que el fallo por el mandamus es correcto debido a que afecta "los derechos patrimoniales, económicos, alimenticios y de vida".

"Me parece que esa es la función que tiene la Justicia. Una decisión de un juez se tiene que cumplir, si no se está de acuerdo, se apelará. Toda decisión judicial se debe cumplir por más que se esté en desacuerdo", vertió.

 

INTERVENCIÓN

En tanto, el letrado sostuvo que la intervención federal "está prevista por la Constitución Nacional" en donde "evaluará el Congreso si se procede o no".

El Dr. Herlado Nanni opinó que existen "causas para que Santa Cruz sea intervenida, lo que derivó en una denuncia penal del Fiscal de Estado por "incitación a la violencia e intimidación pública y /o sedición".

"Bajo ningún punto de vista la opinión de un funcionario sobre la aplicación o no  (de la intervención) en una provincia,  puede dar lugar a una denuncia penal. No hay una incitación a la violencia. La opinión manifestada por este funcionario   no está fuera del marco constitucional. Se puede discutir si se aplica o no (la intervención), pero decir que puede haber causal de intervención y que dé lugar a un proceso penal por sedición o incitación a la violencia, es incomprensible. Incluso esto afecta el derecho a la libertad de expresión, porque está vinculada a asuntos de interés o cuestiones de interés público, que es lo que más se debe proteger porque se consolida la democracia", destacó.