La amenaza del Gobierno de intervenir al Grupo Clarín, deslizada por la Afsca en una resolución del jueves último, cerró un peligroso círculo. En ella se encierra una administración dispuesta a violar las leyes y las normas con el propósito de levantar otra vez todas sus banderas. En el fondo, es la actitud propia de un gobierno que se siente derrotado y que ya se aparta del poder. Siembra, en el medio, la confusión. Sectores políticos y sociales resultan convencidos de que existe un gobierno omnipotente que, en rigor, siente más miedo que certezas. Miedo al desierto irremediable, a no volver nunca al poder y a la persecución de los jueces.

Llegó el ataque del Norte. Cristina Kirchner no se refirió nunca a un asesinato ordenado por Washington, como se supuso en su momento. Ella sabía que se produciría la denuncia de los fondos que ganaron el juicio en el despacho de Thomas Griesa. Esa denuncia, que sólo se conoce en una parte casi insignificante, exhibió un entramado de empresas y de bancos en América y Europa para lavar dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Versiones confiables aseguran que las empresas atribuidas a Báez tienen dueños más vinculados a la familia Kirchner que el propio Báez. La denuncia quedó en manos de un juez de Nevada, en los Estados Unidos, que deberá investigar. El lavado de dinero es un delito universal, que no está, por lo tanto, atado a una jurisdicción nacional. El miedo tiene sus razones.

La disputa entre el gobierno argentino y los fondos buitre llegó ya a un nivel potencialmente letal. La intensidad de esa guerra política pone en duda las versiones que indican que el gobierno argentino podría iniciar en enero una negociación para cumplir con la sentencia del juez Griesa. Sin embargo, debe consignarse que el ministro de Economía, Axel Kicillof, les repitió esa estrategia a los empresarios del Grupo de los Seis, que se reunieron con él el martes pasado. Terminó aceptando, a pesar de todo, que el proceso de esa eventual negociación será difícil. Lento, también. Y probablemente inconducente si la administración no designara antes a dos o tres funcionarios con la aptitud necesaria para semejante misión política, jurídica y financiera. No hay en el gobierno de ahora funcionarios con nivel ni experiencia.

Tendrá que superar, además, un enorme obstáculo político. La Presidenta debería enviar otro proyecto de ley al Congreso para derogar la ley de pago soberano, que acaba de hacer aprobar. Podría derogarla también mediante un decreto de necesidad y urgencia. Lo único que no podrá evitar, en ningún caso, es el precio político de esa decisión. Mientras esté vigente aquella ley, un acuerdo en el juzgado de Nueva York es claramente imposible. También deberá arriar el eslogan "Patria o buitres", que electrizó a su militancia y que le dio algunas satisfacciones efímeras en las encuestas. Tal vez, aquella misión "difícil" que entrevé Kicillof se refiere más a los límites políticos internos que a la negociación con los fondos especulativos.

Una sola frontera hace creíble la posibilidad de una negociación: la que separa la sobrevivencia de la ruina. Un largo default parcial podría condenar a la administración a una creciente carencia de dólares, que es la enfermedad común que aquejó a todos los gobiernos argentinos que terminaron muy mal. Una pregunta no tiene respuesta: ¿es la Presidenta consciente de que deberá optar irremediablemente entre las banderas políticas o el realismo económico?

Ciertas informaciones indican que no lo es. Uno de aquellos empresarios que escuchó a Kicillof terminó alarmado: "Era el ministro de un país que crece al 10 por ciento, que tiene una inflación anual del 2 por ciento y que cuenta con 100.000 millones de dólares de reservas", contó. Los empresarios saben que eso no es cierto, pero es el discurso que Cristina recibe de su ministro. Kicillof no puede ponerse de acuerdo ni con él mismo. En el presupuesto enviado al Congreso, previó para el año próximo una inflación del 15 por ciento, pero a los dirigentes gremiales con los que se reunió recientemente les aseguró que "la inflación no pasará en 2015 del 25 por ciento". Después de escucharlo en el Congreso, el sindicalista Héctor Daer se preguntó públicamente: "¿A qué ministro debo creerle sobre la inflación? ¿Al del 25 por ciento o al del 15?"

El gobierno de Cristina Kirchner es estructuralmente muy frágil. El país está en una recesión profunda, con una inflación anual del 40 por ciento, con un precio impredecible del dólar, con cotidianas pérdidas de puestos de trabajo y con cierres o quiebras de fábricas y comercios. No obstante, decide más allá de la ley como si tuviera todos los márgenes políticos posibles. Es la extorsión que le hace a la dirigencia opositora. Ésta tiene problemas con la aritmética parlamentaria, es cierto, pero también es verdad que la agitación social, que es el único camino que le queda, podría parecer un empellón al sistema institucional. Cristina lo sabe. Saca provecho de esa situación.

La oposición carece (y esto también es verdad) de una cuota necesaria de creatividad política y de la vocación indispensable para defender una mínima noción de institucionalidad en el país. ¿Cómo es posible que el Congreso avale leyes inconstitucionales o viole su propio reglamento sin que la mayoría oficialista pague ningún precio? ¿Por qué el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, puede hacer un sketch cómico todas las mañanas sin provocar un escándalo político e institucional? La última ocurrencia de Capitanich consistió en contar que existe un "poder visible", que son ellos, y un "poder invisible", que son "las corporaciones mediática y judicial". Una amnesia súbita le borró la memoria de lo que pensó siempre. Decidió, en cambio, construir en la mañana de cada día su irreversible muerte política.

El Código Civil salió herido de incurable ilegitimidad. El Gobierno pudo hacerlo de otra manera, pero prefirió el camino de la prepotencia institucional. La nueva embestida contra Clarín no respetó ni siquiera a la minoría opositora que integra la Afsca. Los dos opositores, Gerardo Milman y Marcelo Stubrin, no pudieron leer el supuesto informe legal que descalificaba la adecuación de ese grupo de medios. Se abstuvieron. Hicieron bien. Hasta un voto en contra hubiera legitimado una maniobra ilegitima. Si lo hubieran leído, el resultado final hubiera sido, de todos modos, de cinco votos contra dos a favor del Gobierno. ¿Por qué el cristinismo hace mal hasta lo que podría hacer bien? Es la extorsión como sistema. Extorsiona al peronismo, a la oposición y al periodismo.

Es probable que la Justicia vuelva a frenar el desguace de Clarín mediante una medida cautelar. Los argumentos de la Afsca son sencillamente inexistentes para rechazar la adecuación del holding. A esa constatación se le suma la comprobación de que hay una clara ?desigualdad de trato. ¿Queda ahora alguna duda de que la ley de medios tenía nombre, apellido y propósito específico? Estuvo escrita contra Clarín y el objetivo era su destrucción. Para peor, en una resolución del jueves sobre una presentación de Clarín, Martín Sabattella advirtió que el Estado podría intervenir a todas las empresas periodísticas de ese conglomerado de medios. El caso significa una amenaza clara al sistema de libertades de la democracia argentina y afecta a todo el periodismo, no sólo a Clarín.

El Gobierno hasta tuvo la oportunidad de llevarse un triunfo político con la adecuación propuesta por Clarín, que significaba que sus principales propietarios de ahora se irían del diario, de radio Mitre y de Canal 13. Eligió reanudar la guerra, que es el único arte probado del kirchnerismo. Once años de guerra perpetua estresan necesariamente a la sociedad y devastan a cualquier país.