“No podemos naturalizar que el Estado viva en emergencia”

“No podemos naturalizar que el Estado viva en emergencia”

Astarloa, jefe del servicio jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, celebró la reunión de fiscales de Estado y convocó a buscar la excelencia.

Tiene el entusiasmo del principio. Y parte de ese entusiasmo obedece al hecho de haber promovido la reunión de los fiscales de Estado del país en Tucumán que tuvo lugar este jueves, con funcionarios nacionales de primer orden incluidos. Este encuentro extraordinario de la abogacía pública enorgullece a Gabriel Astarloa, que es un recién llegado al Estado: luego de hacer carrera en estudios jurídicos prestigiosos de la capital, a fines del año pasado aceptó la invitación a encabezar la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Es un encuentro que hasta hace poco tiempo parecía imposible. Se abren muchas posibilidades de intercambio de experiencias y de colaboración. Subrayo el clima de diálogo que existe en el país”, expresa Astarloa en una mesa de café.

De esa reunión en la que participaron representantes de las jurisdicciones provinciales, y los funcionarios nacionales Germán Garavano (Justicia y Derechos Humanos); Pablo Clusellas (Legal y Técnica) y Carlos Balbín (Procuración del Tesoro), salió un acta con compromisos y una proclama redactada por Daniel Leiva, fiscal de Estado de Tucumán. En el primer documento, los letrados congregados reafirmaron su vocación por trabajar con ahínco en la defensa de los ideales republicanos y democráticos, en procura de la vigencia irrestricta del Estado constitucional de derecho. “Nos comprometemos a ser auxiliares en la búsqueda de la justicia y del bien común para posibilitar así a los habitantes el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”, expresa el acta, que también suscribió el gobernador Juan Manzur.

“Estamos en un momento del país donde todos nos tenemos que proponer ser mejores”, explica Astarloa, que en diferentes tramos de la conversación convoca a demostrar que el sector público puede alcanzar la excelencia y la calidad que merecen los argentinos. En ese sentido, el procurador general porteño reivindica el control de legalidad inherente a su función. “Esto no sólo consiste en que los actos administrativos cumplan las normas, sino en que el Estado cumpla las sentencias”, manifiesta. Y añade: “no podemos naturalizar la situación de emergencia ni acostumbrarnos al hecho de no pagar los fallos”. 

Según la concepción de las cosas de Astarloa, el Estado debe ser el primero en ajustar su proceder al orden jurídico y judicial. “Hay una cuestión de ejemplaridad que debe colorear la vida pública. El Estado tiene que predicar con el ejemplo: que sea difícil, que haya limitaciones y complicaciones, no es excusa para naturalizar lo que no es natural”, insiste.

Ni bobo ni inerme

El desequilibrio de fuerzas implícito en la relación Estado-particular. La posibilidad del Gobierno de postergar una y otra vez la observancia de sus obligaciones. El abarrotamiento de los Tribunales y una mora que es funcional a los excesos del poder. Estos y otros temas aparecen en el diálogo con Astarloa, quien comenta que el presupuesto anual de la Ciudad prevé los desembolsos por condenas judiciales. Amén de eso, el procurador general dispone de la facultad de acelerar el pago de los créditos de naturaleza alimentaria.

“Esto es casi automático, con el sólo límite de que el monto no puede superar la cifra equivalente a dos sueldos del jefe de Gobierno. Pero, en general, todo acreedor del Estado porteño cobra en un tiempo razonable”, afirma. También asegura que en su cuerpo se esfuerzan por desmentir la creencia popular de que siempre es negocio litigar contra el Estado. “Esta cuestión de que es bobo e inerme debe cambiar. Nuestro celo es seguir los litigios hasta el final”, dice el titular de un órgano integrado por 500 abogados seleccionados por concurso público de antecedentes, que gestiona alrededor 900.000 juicios.

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