La poco conocida ley 3.550, en el debate político

Denuncia de Piccinini contra Sartor puso la norma de Ética Pública en el tapete. Su puesta en valor promueve la calidad institucional y la transparencia, remarcan.
La denuncia de la defensora del Pueblo contra el legislador Daniel Sartor por el presunto incremento desproporcionado de su patrimonio puso en el centro de la escena una ley que poco se conoce en la sociedad rionegrina y cuya puesta en práctica es clave para garantizar transparencia en los actos de gobierno.

La ley 3.550, denominada de Ética e Idoneidad de la Función Pública, fue sancionada a fines de 2001 y su decreto reglamentario fue suscripto unos dos años después. Desde entonces, los integrantes de los tres poderes del Estado deben regirse por ella a la hora de considerarse sus conductas éticas durante el ejercicio de su función.

Uno de los puntos centrales de esta norma es la obligatoriedad de presentar la declaración jurada que involucra a todos los funcionarios de designación política en el Ejecutivo, a todos los legisladores, secretarios, directores y cargos de designación política en el Legislativo, jueces, secretarios, fiscales, defensores y asesores y otros funcionarios del Poder Judicial, representantes designados en empresas del Estado, personal policial desde la jerarquía de subcomisario y todos los jefes de dependencia, todos los funcionarios de los organismos de control, los agentes públicos con categoría no inferior a la de subdirector y personal de conducción y toda persona, cualquiera sea su vinculación con el Estado Provincial que administre fondos públicos.

Los vocales del Tribunal de Cuentas, Pedro Casariego y Carlos Malaspina, informaron que para controlar la presentación de las declaraciones juradas, para lo cual la ley les asigna el rol de autoridad de aplicación, consideran "las grillas que nos envían los responsables de los distintos organismos acerca de quiénes son los que administran fondos permanentes. La policía, por ejemplo, es un paquete enorme y también Educación", explicó Casariego. "Y ahora con el tema de los fondos permanentes, cualquiera que maneje dinero público aunque sea un peso, tiene que presentar su declaración jurada", completó Malaspina. Dicen tener en su poder unas 2000 declaraciones, algunas antiguas que conservan sin motivo.

Aunque reconocieron que "a algunos los intimamos para que las presenten la mayoría lo hace sin inconvenientes".

No obstante, también admitieron que "si un organismo no nos informa quiénes son los que manejan fondos, no podemos saberlo".

Casariego y Malaspina destacaron el espíritu de la norma pero pusieron reparos en su implementación. "Estamos viendo que la ley tiene muchos defectos, tiene contradicciones con las funciones propias nuestras y nos pone en una situación de que si emitimos una opinión nos inhibe de actuar como jueces administrativos".

En relación a la confidencialidad de los datos dijeron los vocales que "choca contra la posibilidad de una apertura de los sobres, la confidencialidad proviene de una garantía constitucional, y por otro lado una norma administrativa como ésta te marca pautas para poder abrirlos en casos excepcionales".

"Al quedar tan en nebulosa queda dependiente de más de una interpretación propia, sobre actuar o no actuar, abrir o no abrir, custodiar o no custodiar", sostuvo Casariego.

Otra cuestión que según los vocales debe reverse "es la compulsividad, porque un funcionario que deja de serlo y se va y no pertenece más al Estado ¿cómo se lo obliga a que traiga la declaración jurada y la presente si ya no tiene ninguna relación de dependencia?. No se puede ejercer la sanción, porque no se pueden descontar de los pagos".

Explicaron que intervienen de oficio "cuando vemos que no tienen presentada una declaración jurada, ahí intimamos y ordenamos en su caso que se descuenten los sueldos".

Los dos funcionarios del Tribunal indicaron que "es la primera vez que se realiza una denuncia concreta, hubo dos casos antes en que la Justicia nos pidió que les enviemos las declaraciones juradas. En esas ocasiones se envía el original, se hace la copia certificada y se vuelve a guardar en sobre lacrado. En este caso la defensora del Pueblo nos puso en conocimiento y nos mandó copia del escrito que presentó en la Legislatura".

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