Poca plata y funciones limitadas para los organismos de control

Es fácil, por ejemplo, saber el patrimonio que Alejandro Cazabán tenía hace diez años, cuando integraba el gabinete de Arturo Lafalla, pero es imposible acceder a sus datos actualizados aunque hoy también es ministro.
Asimismo, era esperable que en esa época hubiera alguna denuncia de corrupción de parte del propio Gobierno, mientras que ahora se les ponen trabas a las causas que se siguen contra funcionarios en la Justicia. La diferencia está en que hace 14 años Mendoza tenía una propuesta formal y sistemática de transparencia y acceso a la información, algo de lo que carece ahora.

De hecho, según coinciden varios informes oficiales, Mendoza es vulnerable a la corrupción y aunque hubo recomendaciones nacionales para mejorar los organismos de control, ningún gobierno hizo nada al respecto en los últimos años.

El tema tampoco tiene mucha relevancia presupuestaria, pues apenas algo más del 1 por ciento de los recursos de la Provincia se destina a los distintos encargados de control del Estado y menos del 0,5 del personal público tiene esa función, según un informe de la Oficina Anticorrupción nacional.

En el presupuesto 2009, Fiscalía de Estado tiene previsto gastos por 30 millones de pesos, de los cuales 24 millones son para juicios. Y el Tribunal de Cuentas tiene un presupuesto de 16 millones para controlar el destino de más de 10 mil millones que manejan el Gobierno provincial y los municipales.

El último intento por mejorar la transparencia de la gestión pública lo hizo Lafalla con la Inspección General de Gobierno y el Programa de Información Ciudadana, que fue anulado luego por el radical Roberto Iglesias. En lo que coinciden desde los distintos sectores del Estado es que hoy la importancia y el protagonismo de los organismos de control dependen de la impronta que les aporten quienes los conducen.

Incluso, cierta información sobre las principales figuras del Ejecutivo depende sólo de la voluntad de cada uno. Así, por ejemplo, Lafalla y Julio Cobos publicaron sus declaraciones juradas en la web, y Roberto Iglesias y Celso Jaque restringieron la información sobre ellos. Hoy el Gobernador ni siquiera publica los viáticos que usa, como deben hacerlo todos los funcionarios públicos.

Muchas veces ocurre que la defensa del patrimonio público o de los derechos de los ciudadanos y consumidores queda "privatizada" en manos de abogados y organizaciones que aprovechan los espacios vacíos. Es el caso, por ejemplo, de los problemas con los servicios públicos.

Aunque el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) son los órganos naturales de defensa, varias organizaciones de la sociedad civil son las que, a cambio de un pequeño arancel, terminan promoviendo acciones judiciales y de representación ante casos de sobrefacturación, contaminación y demás.

En el Gobierno aseguran que Mendoza tiene una buena estructura de organismos de control, pero aceptan que hay dos deudas pendientes: un mecanismo de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios y un sistema de acceso a la información pública. Para esto hay incluso varios proyectos en la Legislatura que están cajoneados desde hace años.

Como en familia

El Estado y sus cuentas tienen como organismos de control naturales a Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas e internamente la Contaduría General de la Provincia. Sin embargo, esas estructuras han quedado desactualizadas. El otro órgano natural de control es la Legislatura.

En Mendoza, las tres fuerzas políticas principales tienen equilibrado el poder desde que volvió la democracia y, aunque eso parece bueno, en algunos casos complica que haya controles efectivos.

Uno de los tres informes de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre Mendoza asegura que las relaciones personales y políticas entre los actores del Estado y quienes lo controlan complican la independencia.

"Las personas que tienen alguna clase de participación pública constituyen un grupo muy reducido, estable e incluso cerrado que ha convivido a lo largo de décadas... los márgenes de libertad y autonomía con que pueden operar los actores son muchísimo menores", asegura.

Por eso ocurre que ese "equilibrio" entre las tres fuerzas se reproduce en los entes de control. Así, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas es conducido por un ex radical, Salvador Farruggia, pero entre los jefes del organismo hay varios hombres ligados al justicialismo, como el relator Julio Ramón Gómez.

La situación es idéntica en cada sector. Hasta los tres primeros fiscales especiales quedaron impregnados con el mismo estigma al principio: Eduardo Martearena era el radical, Daniel Carniello el justicialista y Luis Correa Llano el allegado a los demócratas.

Los representantes del Estado aseguran hoy que no hacen falta mayores instituciones y que los organismos de control funcionan. Ese tema también está contenido en los diagnósticos de la OA.

"Esta idea de una Mendoza ´ordenada y transparente´ deja, a nuestro entender, de lado la posibilidad de plantearse el problema de la debilidad sistémica de algunas instituciones para encarar problemas relativos a corrupción; o para decirlo en otros términos, deja de lado la posibilidad de plantearse el problema de la corrupción estructural, como problema central de la sociedad contemporánea", se explica.

El presidente del Tribunal de Cuentas asegura que los organismos de control funcionan, pero que es necesario destinar más recursos para profundizar los controles.

"Hay que mejorar la eficiencia del Estado. Hay que tener en cuenta que la ineficiencia significa muchas veces corrupción. Yo opino que no hace falta crear más organismos que se superpongan en sus funciones, sino reforzar los que ya están. Nosotros estamos a cargo del control de la legalidad, pero sería útil avanzar sobre la gestión", aseguró Farruggia y así volvió a repetir un pedido que plantea desde hace años sin éxito.

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