Poca gestión y mucha distorsión

Por Adrián Ventura

El Gobierno parece haber renunciado a gestionar el país: su único fin es conservar el poder, aun con legitimidad y consenso frágiles, sin importar si el costo de ese autoritarismo es censurar a los diarios, atacar a los medios audiovisuales o controlar a los partidos. Hay muchas pruebas de que el Gobierno no gestiona, sino que busca imponer sus criterios. Ayer, en materia de medios, dio dos nuevos pasos.

Por un lado, contra toda lógica consensual, apuró la conformación de los organismos que controlarán la aplicación de la ley de medios, la Autoridad de Aplicación y el Consejo Federal, y sin esperar a que la oposición y los medios privados nombraran a sus representantes, publicó la lista de los delegados oficialistas.

Por el otro, dio un paso para pisotear a Papel Prensa. A Guillermo Moreno no le bastó con lanzar una amenaza para estatizar la empresa ni con haber nombrado a la conflictiva Beatriz Paglieri en el directorio de la empresa, lo que hizo que las últimas reuniones fuesen, por lo menos, complicadas. Ahora echó de su cargo a Eduardo Hecker, uno de los directores de la Comisión Nacional de Valores. El Gobierno quiere desbaratar la empresa desde adentro y desde arriba.

Día tras día, una cara del oficialismo acusa a la oposición de desestabilizar al Gobierno. Ayer fue el turno del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El problema que tiene, sin embargo, es múltiple: nadie desestabiliza al Gobierno, la gente no lo cree y, lo peor de todo, es que Marcelo Tinelli y Susana Giménez son voces críticas que llegan a millones de personas dispuestas a creerles a ellos más que a Fernández o a Cristina Kirchner. El Gobierno es el que desestabiliza a la sociedad. La censura y la manipulación informativa son las pruebas del fracaso: cuanto menos gestiona la realidad, más necesita distorsionarla.

El conflicto en los subtes entre la reconocida Unión Transporte Automotor (UTA) y la desafiante Asociación Gremial de Subtes y Premetro está enfermo por el mismo vicio. En octubre de 2008, la Corte Suprema resolvió el caso "ATE contra Estado Nacional" y dio el primer paso para la pluralidad sindical: esa sentencia estableció que un sindicato que tiene simple inscripción puede nombrar delegados gremiales, aun cuando no posea personería gremial ?en estos días, la CTA impulsa en la Corte otra causa similar?. Por eso, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, prefiere hacer oídos sordos a un fallo por el cual la Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo le ordenó el 29 de octubre último, que, en 10 días, resuelva si le otorga la simple inscripción a esta asociación.

Ayer, el Banco Provincia, con la presencia de Guillermo Franco, y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional hicieron quizás el único acto para recordar los 150 años del Pacto de San José de Flores, que superó una crisis bélica con el consenso y permitió darle forma definitiva a la Argentina.

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