Pobreza, el próximo debate del Congreso

La Cámara de Diputados se prepara para comenzar a debatir proyectos del oficialismo y la oposición
La Cámara de Diputados será escenario en los próximos días de un intenso debate entre el oficialismo y la oposición sobre cómo combatir la pobreza que azota a la Argentina. Dos posiciones se enfrentan, por ahora irreductibles, sobre cuál es la mejor metodología para encarar el problema: si por medio de una asignación universal que apunte a toda la población o bien políticas focalizadas en los sectores más vulnerables.

El debate comenzará en un plenario integrado por las comisiones de Trabajo, de Familia y Niñez y de Salud de la Cámara baja. Ese fue el compromiso al que accedió el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi (Santa Fe), ante la presión opositora. Eso sí: la propuesta oficialista dista mucho de las pretensiones de la oposición, que apunta a ampliar el universo de los beneficiarios de asignaciones sociales, mientras que el Gobierno insiste en acotarlo con el argumento de que el Estado no puede afrontar semejante gasto.

Justamente, el presidente de la Comisión de Trabajo, el oficialista y abogado de la CGT Héctor Recalde, propondrá en la mesa de debate un proyecto de su autoría para extender las asignaciones familiares que hoy perciben los asalariados (de 135 pesos mensuales) a los trabajadores informales y a los desocupados.

"Antes de llegar a políticas universales, éste es un buen proyecto para arrancar", celebran en la cúpula oficialista.

Proyecto Recalde

La iniciativa de Recalde apunta a un doble objetivo: extender este beneficio a los sectores más vulnerables del mercado laboral y, de paso, detectar aquellas empresas que no cumplen con su obligación de blanquear a sus empleados. En efecto, para que un trabajador informal pueda percibir la asignación familiar por parte del Estado debería denunciar su situación irregular. Para resguardarlo del despido o de eventuales represalias del empleador, el proyecto de Recalde propone dotar al empleado de la misma protección de que hoy goza un representante sindical.

"Los trabajadores no registrados tienen los mismos derechos que los trabajadores registrados, por lo que con este proyecto cobrarían no sólo la asignación familiar, sino también el salario de convenio y percibirían la obra social correspondiente", explicó Recalde a LA NACION.

Alternativas opositoras

La oposición ya anticipó que no aceptará esta propuesta. "Está más enfocado en atacar el problema del trabajo en negro que en resolver la pobreza", afirman diputados de la UCR y de la Coalición Cívica. Propone alternativas más amplias en cuanto a su cobertura que, a juicio del oficialismo, son inviables desde el punto de vista fiscal. Estas iniciativas son:

* Ingreso universal a la niñez: propuesta alentada por el Acuerdo Cívico y Social, que consiste en una asignación de 200 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, sea rico o pobre. Según explicó el economista y diputado electo Alfonso Prat-Gay, esta iniciativa es "perfectamente financiable" si se eliminan las actuales exenciones en el impuesto a las ganancias, que benefician a los salarios más altos (a razón de 5000 pesos por hijo) y a la renta financiera.

"A ello deberían sumarse las actuales partidas que se destinan a asignaciones familiares y a los programas Jefes y Jefas de Hogar y Plan Familias. Con todo esto superaríamos los 20.000 millones anuales", dijo el diputado porteño elegido el 28 de junio.

* Asignación universal por hijo: es la que impulsan Claudio Lozano, de Proyecto Sur, y los diputados de Solidaridad e Igualdad (SI). Es similar a la anterior, aunque proponen elevar la asignación a 300 pesos mensuales por hijo menor de 18 años. "Como primer paso proponemos extender los $ 135 que cobra el empleado de la categoría más baja. Luego hay que incrementar el valor de la asignación para resolver el drama de los menores indigentes y pobres", afirmó el diputado nacional Lozano.

* Ingreso de inclusión familiar: lo impulsa Unión Pro, encabezada por Francisco de Narváez y Felipe Solá. No tiene el carácter universal de las anteriores, pues el beneficio sólo apunta a los sectores vulnerables de la población por medio de un registro único de beneficiarios y una tarjeta social para percibir el ingreso.

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