Pobreza: cómo piensan combatirla los partidos políticos

Por Diego Valenzuela

Estamos frente a una sorprendente paradoja. Buena parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluido el oficialismo, consideran prioritaria la reformulación de la política social para atacar la pobreza y la exclusión. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se resiste a admitir el deterioro social: ¿por qué habría de cambiar el rumbo si la pobreza está en baja?

Los últimos números del Indec descolocan hasta a quienes se sienten cerca del Gobierno. En un contexto de recesión, con una actividad industrial que baja -según la Unión Industrial- un 9,5 % en los primeros siete meses del año, con algunos sectores que producen un 30 o 40 % menos que el año anterior (siderurgia, petroquímica, autos), y con una inflación de dos dígitos, en la Argentina la pobreza se redujo varios puntos: 13,9 % en el primer semestre de 2009. Mientras que la indigencia tiende a desaparecer (5,1 % en el mismo período). El problema es que el Indek pinta un país donde hay una recesión muy leve, y la inflación es de un 6 % anual (contra 12 o 15 que estiman las fuentes privadas). Lo peor es que, aun tomando como válidos los datos del organismo oficial, difícilmente la pobreza podría estar bajando.

La novedad. Mientras el Ejecutivo gambetea la discusión, hay cinco proyectos en el Congreso orientados a crear ingresos básicos para la población más vulnerable. Con diferencias, presentan puntos en común en cuanto a instalar derechos básicos, ingresos no contributivos desde el Estado, tratando de incentivar mejoras en el acceso a la salud y a la educación. Todos demuestran una honda preocupación en el sistema político alrededor de lo social para dar a entender que una acción urgente es prioridad en la agenda pública.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) acaba de presentar un estudio comparativo de estos cinco proyectos, de diferentes fuerzas políticas, cuatro de ellos presentados en Diputados y uno en el Senado. El trabajo (¿Hacia un sistema de protección social integral?), conducido por el director del área de Protección Social de Cippec, Fabián Repetto, es esclarecedor y señala que podría ser viable un consenso alrededor de un tema central de la política pública. Un repaso por las características principales de estos proyectos ayuda a ver matices y potencialidades.

1- El proyecto de la Coalición Cívica.

Catorce diputados de esta fuerza lo firmaron e ingresó en mayo de 2008, siendo una reformulación de otras iniciativas pasadas de Elisa Carrió. Se trata de un ingreso ciudadano para la niñez, la atención prenatal y la discapacidad. La población objetivo son niños y niñas menores de 18 años, mujeres embarazadas y discapacitados. Los requisitos que plantea son la presentación de certificados de escolaridad, controles médicos y vacunas. Los montos a otorgar son 130 pesos (para embarazadas y niños de 0 a 5 años), $ 214 (de 6 a 15 años) y $ 244 para adolescentes de 16 a 17. Esta ayuda se ajusta en función de la canasta básica y del salario mínimo, y se financiaría con dinero público, asignación de impuesto a las ganancias y aportes de empleadores. Se propone que el organismo responsable sea la Anses. El costo anual se calcula en 30.814 millones de pesos.

2-El proyecto del Frente para la Victoria

Firmado por los diputados Héctor Recalde y Agustín Rossi, entró en la cámara baja en julio de 2008. Propone llevar las asignaciones familiares vigentes para los empleados en blanco a los trabajadores no registrados o informales. La población objetivo son los trabajadores en negro y la asignación sería de 135 pesos más 170 de ayuda escolar una vez por año. Entre los requisitos están presentar partida de nacimiento de los hijos y certificados de escolaridad.Pero uno que representa una innovación: acreditar el nombre del empleador y la antigüedad en el puesto para acceder al beneficio. Esta sería una forma de incentivar el blanqueo de trabajo en negro. El responsable sería el Ministerio de Trabajo, y el financiamiento sería presupuestario (sin especificar).

3-El proyecto de la UCR

Lo presentaron los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz, en mayo de 2009. Propone una asignación para embarazadas, niños y adolescentes de hasta 18 años, estableciendo la necesidad de controles sanitarios, vacunas y escolaridad. Serían 100 pesos por menor o mujer embarazada, $ 200 por menor discapacitado y $ 240 por cada nacimiento. El ente responsable debería ser, según esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social. El costo anual se calcula en 10.000 millones de pesos.

4-El proyecto de Claudio Lozano.

Acompañado por legisladores del bloque SI y Encuentro Popular, y presentado en agosto de 2009, impulsa una asignación por hijo menor de 18 años (que no perciba asignaciones familiares). Como requisitos establece controles sanitarios, y escolaridad hasta los 18 años. El monto propuesto es de 135 pesos, y el financiamiento incluye una idea de modificación de la ley de impuesto a las ganancias, eliminando exenciones. El costo anual se calcula en 21.575 millones de pesos.

5-El proyecto de Francisco de Narváez

Presentado en agosto de 2009, propone crear un Ingreso Básico Familiar (IBF), que apunta a familias en situación de pobreza o indigencia con hijos menores de 18 años y también a familias pobres sin hijos (con un límite de percepción del beneficio de dos años). Como requisitos propone escolaridad, vacunas y controles médicos. La forma de calcular la prestación es innovadora: la familia recibiría un monto igual a la diferencia entre el 50 % del valor de la canasta básica (toma $ 1600) y sus ingresos regulares. El financiamiento saldría de créditos internacionales y de la reasignación de los recursos que hoy pagan los planes Jefes de Hogar y Familias. El costo anual se calcula en 22.000 millones de pesos y el responsable sería un ente a crear en la órbita de la Presidencia de la Nación. Felipe Solá, socio de De Narváez, apunta que "el Congreso no debe respirar si antes no avanza en un proyecto contra la indigencia".

Hasta aquí la descripción de los proyectos en danza. Cabe resaltar, asimismo, que tienen varios puntos en común a pesar de las evidente diferencias. Buena parte de ellos pone énfasis en crear un ingreso básico para niños y adolescentes, y todos señalan la necesidad de promover con ellos la escolaridad y la atención en salud. Dos de ellos se basan en asignaciones familiares, que pone como sujeto de derecho a los trabajadores informales o desocupados. Otro apunta a las familias pobres e indigentes. Un acuerdo se hace evidente: según el estudio de Cippec, hay un "creciente consenso en torno de que el bienestar de las familias requiere de asegurar un ingreso en cada hogar, pero que necesita ser complementado con mejoras en términos de calidad y acceso a la educación y la salud". En todos se asigna un rol indelegable al Estado a través de sus agencias y en proveer los recursos públicos que garanticen un piso de derechos.

"La buena noticia de este grupo importante de iniciativas legislativas es que se vuelve a colocar en un lugar prioritario del debate y la acción política el modo de afrontar la cuestión social", señala Cippec. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para 2010 no hay una partida para garantizar un mínimo bienestar a niños y adolescentes, ni ideas de reformular los planes sociales existentes. En diciembre de este año se renovará el Congreso nacional, con la composición provista por la elección del 28 de junio. ¿No sería deseable que se crucen y complementen las agendas del Legislativo y el Ejecutivo?

Comentá la nota