Pobreza, clientelismo y violencia política: una espiral al infierno

Por: Julio Blanck.

En el Gran Buenos Aires hay 1.000 pobres por kilómetro cuadrado. De esos compatriotas postergados, más de 300 viven en la indigencia.

Los datos están en el último informe de la consultora que dirige Ernesto Kritz, de lo más serio en estudios socioeconómicos.

Un hombre que acompaña a los Kirchner hace una década y que tiene funciones de gobierno desde el mismo día en que Néstor llegó al poder, dice, con razón, que la pobreza y el desempleo, siendo más altos que lo deseado, "todavía no se expresan a través del conflicto social abierto".

Compara así las circunstancias actuales con la explosión social de 2001, que fue detonante de las circunstancias políticas y económicas que se llevaron puesto al gobierno de Fernando De la Rúa.

Pero hay que prestar atención al "todavía" del funcionario kirchnerista, que tiene un alto nivel en el Gobierno. Y es inevitable cruzar su comparación con los números que ofrece el trabajo de Kritz. Hay, entonces, una situación crítica latente, que requiere de una orfebrería de contención social para que no se repita el pasado.

Sobre ese tema está trabajando desde siempre la Iglesia. Esta semana esa labor salió a la superficie porque el obispo Jorge Casaretto, titular de la Pastoral Social, al presentar el proyecto de asignación por hijo puso bajo la luz el drama creciente que afecta a millones de chicos pobres.

Así como miembros y colaboradores de la Iglesia mantienen buena relación con estamentos del Gobierno dedicados al tema social, fueron los obispos quienes refrescaron su preocupación por estos temas ante los referentes de la oposición. Un hecho está probado: ni los principales dirigentes opositores, ni sus seguidores, suelen caminar seguido las calles donde la pobreza y la indigencia apretan. Allí está la Iglesia Católica, también los evangelistas. Y están las redes de los intendentes del conurbano que conviven, desde la gran crisis, con las organizaciones sociales, varias de ellas con formato piquetero.

Sobre estas formaciones piqueteras, colocadas en el centro de la mezcla explosiva entre pobreza y violencia, está enfocada ahora alguna preocupación de la Iglesia. Y también motiva inquietudes del Gobierno, aunque quizá con otro sentido.

Fuentes próximas al cardenal Jorge Bergoglio habían hecho trascender, algún tiempo atrás, información acerca del presunto proceso de compra de armas para grupos sociales afines al kirchnerismo. El dato se hizo correr con discreción, pero con firmeza. Y no tuvo estado público hasta que, en el marco del hostigamiento contra el jefe de la UCR, senador Gerardo Morales, la semana pasada en Jujuy, se mencionó el armamento que obraría en poder de la organización Tupac Amaru, que fue parte del grupo atacante.

El Senado, en una iniciativa de la que ni siquiera pudo sustraerse el propio bloque kirchnerista, le estampó al Gobierno un pedido de informes acerca de quiénes están autorizados a portar armas en Jujuy. La intención es comprobar si esa nómina coincide con integrantes de la Tupac Amaru que lidera la reconocida dirigente social Milagro Sala, de relación directa con los Kirchner.

Mientras se tramita ese pedido, dirigentes de la oposición preparan otra solicitud de informes al Gobierno. Quieren verificar la certeza de una información que recibieron esta semana, según la cual el Registro Nacional de Armas (Renar) otorgó más de un millar de permisos de portación de armas, en los últimos meses, en favor de organizaciones sociales que actúan en el Conurbano.

El Renar depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuyo titular desde hace poco más de tres meses es Julio Alak. Antes estaba allí el actual Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El Renar dependía hasta 2006 del Ministerio de Defensa. Ese año pasó a la órbita de Interior, por ese entonces a cargo del mismo Aníbal Fernández, quien después se llevó consigo la dependencia a Seguridad y Justicia. En 2006, Fernández puso al frente del Renar a un funcionario de su confianza, quien aún sigue en el puesto: Andrés Matías Meiszner. Es hijo de José Luis Meiszner, oriundo de Quilmes, municipio del cual Fernández fue intendente, presidente del club Quilmes durante 17 años y actual secretario ejecutivo de la AFA.

Elisa Carrió se sumó hace dos días al reclamo del radical Morales y denunció que hay "grupos piqueteros armados". Desde el kirchnerismo le contestó Edgardo Depetri, diputado y piquetero, de larga militancia sindical, acusándola de "preparar el camino a la ilegalidad de todo el movimiento popular y la represión".

Ni tanto ni tan poco.

Detrás de las denuncias de Carrió y Morales pueden avanzar, camuflados, los intentos de contener con mano dura los brotes de violencia política que se extendieron en las últimas semanas. Es un camino peligroso y antidemocrático la criminalización de la protesta social. Pero sería necio, o interesado, negar que hay grupos que se están criminalizando solos, con más o menos indulgencia del poder político.

Al Gobierno no le resulta indiferente esta cuestión. Porque al tolerar, cuando no alentar, la acción prepotente de los grupos afines, también libera el permiso para aquellos que no le responden. La pregunta que se hacen en oficinas kirchneristas es cómo favorecer a unos y al mismo tiempo controlar a los otros, a quienes se deja afuera del reparto de planes de ayuda y fondos operativos.

Algunas de estas cuestiones, que tienen que ver con el control de la calle y del conflicto social, estuvieron presentes en las conversaciones entre Hugo Moyano, líder de la CGT, y Emilio Pérsico, el jefe de la fuerte agrupación Movimiento Evita, eyectado de su cargo en Desarrollo Social por una cuestión policial que afectó a su hijo.

Episodios recientes de reclamo con ribetes violentos tuvieron ese sello preocupante para el Gobierno. Los activistas del Movimiento Atahualpa y otras agrupaciones que tomaron la Municipalidad de Mar del Plata pedían ser incluídos en el nuevo plan del kirchnerismo, que contempla fondos por 1.500 millones de pesos para crear unos 100.000 puestos de trabajo a través de cooperativas creadas para ese fin. También reclamaban por haber quedado afuera los manifestantes que protestaron en los accesos a la Capital y frente al Ministerio de Desarrollo Social que comanda Alicia Kirchner. Se trató de militantes de Barrios de Pie y el Movimiento Territorial de Liberación, que se mueven a la izquierda del kirchnerismo.

La aparición de Fernando Esteche, jefe de la turbulenta agrupación Quebracho, junto al kirchnerista autónomo Luis D'Elía, en un acto de respaldo a los agresores del senador Morales, agregó nuevos ingredientes a esa mezcla.

Es un hecho que, en las últimas semanas, Néstor Kirchner pregunta casi obsesivamente a sus interlocutores, sean gobernadores o intendentes, acerca del estado de la protesta social en sus territorios. Su ingeniería de reconstrucción dificilmente pueda resistir un escenario de conflicto extra político en este tiempo de repunte de la pobreza y el desempleo.

Sus hombres operan para contener a las organizaciones sociales, favoreciendo a las que, si las circunstancias y sus planes lo aconsejan, pueden terminar convirtiéndose en fuerza de choque del oficialismo.

Curiosa relectura de Evita. Aquello de "donde existe una necesidad nace un derecho", ahora, demasiadas veces, parece interpretarse como donde hay una necesidad se refuerza el clientelismo.

El objetivo es permanecer en el poder.

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