Pobladores de Tartagal exigen una solución a los cortes de ruta

Pobladores de Tartagal exigen una solución a los cortes de ruta
Acompañado del fiscal federal y de sus secretarios, el magistrado explicó cómo trabaja el juzgado a su cargo.
Pese a ello, los vecinos no quedaron del todo conformes y piden que se haga respetar su derecho de circular.

Alrededor de treinta comerciantes, profesionales y pequeños y medianos empresarios del departamento San Martín, junto a representantes de las empresas petroleras que operan en la zona y de las fuerzas de seguridad -Policía provincial y Gendarmería Nacional- se reunieron ayer por más de tres horas con el intendente Sergio Leavy, el juez federal de Orán Raúl Reynoso y el fiscal José Luis Bruno.

Los comerciantes y habitantes del norteño departamento plantearon la difícil situación que desde hace varios meses se vive en Tartagal y localidades aledañas como consecuencia de los permanentes y reiterados cortes de la ruta nacional N� 34 que protagonizan diversos grupos, en especial desocupados y aborígenes, todos ellos integrados por no más de 30 personas y que provocan un sinnúmero de inconvenientes para el desarrollo de la vida cotidiana de miles de familias.

Los vecinos de Tartagal expusieron con claridad la situación que se vive en la zona.

Algunos oradores, como el vicepresidente del Centro de Empresarios de Tartagal, Gustavo Rauch Coll, calificaron de "disparatados, risibles y fuera de toda lógica" los motivos que en muchas oportunidades y para justificar sus acciones esgrimen quienes cortan la ruta, como son las disputas entre caciques o las internas entre piqueteros.

Reynoso y Bruno escucharon atentamente las diversas expresiones de quienes deben soportar las consecuencias que trae habitar en un departamento en el que en el mes de enero la ruta nacional 34 estuvo cortada prácticamente todos los días y que en febrero ya registra cuatro bloqueos.

"Ordené el uso de la fuerza pública en más de 50 oportunidades, pero los efectivos que se encuentran en los escuadrones de la zona sólo están munidos de armas de fuego. Para realizar el despeje se necesita una unidad especial antidisturbios provista con los elementos necesarios para que hagan cesar el delito pero evitando que haya víctimas fatales. Pero en toda la zona no hay unidades especiales y es por ese motivo que cuando yo libro una orden de despeje, los escuadrones deben elevarla a la Agrupación Salta y esta agrupación, a su vez, tiene que requerir la autorización ante El Ministerio de Justicia de la Nación".

En un extenso discurso, el juez federal de Orán, que se desempeña en ese cargo desde el mes de diciembre del año 2004, brindó un informe de cómo actúa el juzgado a su cargo, particularmente con las denuncias que recibe y las actuaciones que se producen a partir de un bloqueo en la ruta nacional 34, de competencia federal.

Al margen de los argumentos expuestos ayer por Reynoso, un nutrido grupo de vecinos, comerciantes y empresarios tartagalenses manifestó su malestar con el magistrado. "A esta altura, luego de meses de cortes de rutas, nos resulta insufrible su retórica", opinó uno de los asistentes. "No hace falta ser abogado para saber que aquí hay una cuestión de orden público. Permanentemente nos sentimos víctimas de un grupo de violentos. La convivencia está en riesgo, porque se coarta con impunidad nuestro derecho a circular libremente. Esa es la ley, y la ley no está siendo cumplida. Reynoso tiene que actuar en serio, de una vez por todas. Cualquiera sabe que una ley no puede ser negociada: simplemente, se cumple o no se cumple". Las voces críticas fueron especialmente duras.

Coincidieron en que un juez no cumple su rol si no aplica la ley en tiempo y forma; si la aplica incorrectamente, o si finalmente la aplica, pero con una demora injustificada. En cada una de esas alternativas queda incurso en mal desempeño de sus funciones, circunstancia que a su vez habilita la promoción de un jury de enjuiciamiento, ante la configuración del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Hoy escuchamos un repertorio de argumentos y excusas por parte del juez federal de Orán. Sin duda resultó valiosa su presencia, así como su voluntad de dar la cara. Pero no es suficiente. La cuestión de fondo es que los cortes de rutas deben concluir. La única ley que hemos visto en estos últimos meses en esta zona es la ley de la selva. La regla del más fuerte, del más pesado, se está imponiendo.

Son los jueces los que deben hacerse oír y terminar con esto. Reynoso debe actuar, sin tantas idas y vueltas, como hasta ahora. Actuar y no hablar tanto", manifestó uno de los asistentes al encuentro, convertido en circunstancial vocero de una situación que no admite más vacilaciones.

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