Plusvalía: Las cosas en su lugar

La semana pasada el Bloque del Frente Grande de la Legislatura Provincial presentó un proyecto de ley que intenta reunir las 3 iniciativas que desde su presentación, en marzo del corriente año, y con el firme acompañamiento del Intendente Ferreira, viene impulsando el PPR desde esta banca en la ciudad de Viedma.
A saber:

La creación de un Fondo de Desarrollo Habitacional, proyecto que el Concejo Deliberante, con el único voto en contra de la Concejal Andaloro, ya hizo realidad.

El proyecto de Movilización de Suelo Ocioso, que constituye una herramienta para contrarrestar la tenencia especulativa de suelo servido, ocioso.

La Participación del Estado Municipal en Plusvalía Urbana, o sea, en el mayor valor alcanzado por los inmuebles sin intervención alguna del propietario que con ello ha de beneficiarse.

Sabor amargo

La presentación del Proyecto de Ley del Frente Grande, que intenta reunir en un único cuerpo normativo estos tres proyectos, me deja una sensación profundamente contradictoria. Por un lado resulta gratificante que el Frente Grande haya tomado las iniciativas que nuestra ciudad viene llevando adelante. La Legislatura, la institución política por excelencia, tiene la aptitud necesaria para instalar el debate que estos conceptos novedosos requieren. Y para abrirles paso en los ámbitos locales en los que aún resultan desconocidos.

Ahora bien, la reunión de estos tres instrumentos en un solo proyecto es, a mi entender, inadecuada, ya que se trata de cuestiones que merecen un tratamiento particular. Porque la creación del fondo es una herramienta de atención del déficit habitacional. Y la movilización del suelo ocioso y la participación municipal en la plusvalía urbana son dos herramientas de gestión del suelo, es decir, de planificación urbana.

Y aquí es donde el proyecto comienza a preocupar, a resultar extremadamente perjudicial para los municipios. La planificación urbana es competencia municipal. Así lo dice nuestra Constitución Provincial, un maravilloso instrumento de vanguardia que parece necesitar más lectura o atención.

La gestión del territorio, la facultad por excelencia de los gobiernos locales

Desde diversos estamentos del Estado Provincial se irrumpe, permanentemente, con ideas que parecen ignorar esta clara competencia de los gobiernos locales. Proyectos legislativos, un estudio conjunto del CFI y la Provincia e incontables acciones cotidianas intentan avanzar en planificación urbana.

Esta provincia, nuestra legislatura y nuestros representantes en el Congreso Nacional, históricamente han exigido distribución de recursos, descentralización y federalismo.

¿Qué está pasando en casa con lo propio… dónde está el respeto a las autonomías municipales? Nos llenamos la boca hablando de reformas constitucionales y aún no nos hemos hecho carne de los mandatos de la actual Carta Magna. ¿Hace falta que los Municipios rionegrinos se vean en la necesidad de estar permanentemente reivindicando potestades constitucionalmente conferidas?

Pues así parece… el punto 12 de las atribuciones municipales que nuestra Consitución dispone – "el Municipio organiza y reglamenta el uso del suelo…"- resulta permanentemente puesto en jaque. Ni que hablar de la larga y tristemente ignorada intención constitucional de dirigirnos hacia el sistema de ejidos colindantes, en el que todo el territorio provincial quede sometido a la lógica y debida gestión territorial de los gobiernos locales.

En este mismo peligroso sentido, que implica una marcha atrás en las reivindicaciones locales, avanza el proyecto del Frente Grande. Además de la indebida ingerencia que propone en la utilización de herramientas de planificación urbana, de intentar "reglamentar" algunas acciones propias de las esferas de decisión locales, intenta despojar a los municipios de dos fuentes importantísimas de financiamiento:

1º: establece para el suelo ocioso, al que incorrectamente equipara con el concepto de baldío, un adicional sobre el impuesto inmobiliario que cobra la Provincia. Esto significaría una doble imposición con el Impuesto al Baldío, que constituye una poderosa herramienta de los gobiernos locales para contrarrestar la especulación inmobiliaria y una importante fuente de financiamiento para las magras arcas municipales.

2º: entre las Políticas Especiales del Estado, nuestra Constitución, en punto a Ordenamiento

Territorial, consagra el derecho a la "…intervención en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor originado por planes u obras del Estado." (plusvalía urbana), a fin de alcanzar "los fines sociales de la actividad urbanística". ¿Quién "hace"actividad urbanística? ¿Cuesta tanto entender que es competencia de las ciudades, de los gobiernos locales? Pues sí… en el proyecto del Frente Grande es la Provincia quién cobra la plusvalía urbana y no sus legítimos "dueños", los municipios.

En los fundamentos del proyecto, los autores hablan de los conceptos vertidos por el Arq. Fernández Wagner, prestigioso urbanista con quien tuve el honor de compartir la Mesa de Disertantes en las Jornadas organizadas por la Fundación Alternativa Popular. Hubiera sido interesante que alguno de los firmantes del proyecto del Frente Grande hubiera estado allí.

Porque por esos espacios pasa el trabajo cuando se trata de conceptos innovadores; la participación municipal en plusvalía urbana, las herramientas para desincentivar la tenencia especulativa del suelo ocioso, el derecho urbanístico como rama autónoma de derecho público. Y de otros, que no son novedosos pero sobre los que aún nos resta recorrer un largo trecho, tales como la redistribución del ingreso y de la renta del suelo y la función social de la propiedad privada. Esta es la tarea que hoy enfrenta el Municipio de Viedma, que ha venido dando un largo debate en la materia, que aún continúa.

Colaborar realmente con los municipios que aún no han avanzado en estas estrategias de desarrollo, en la instalación de estos conceptos novedosos, no tiene nada que ver con la chapa de autoría de un proyecto inviable, que avasalla las autonomías municipales e intenta absorber sus escasos mecanismos de financiamiento.

El derecho de los Municipios a percibir el Impuesto Inmobiliario

El bloque legislativo PPR Histórico trabaja en un proyecto que, verdaderamente pretende una reivindicación de las autonomías municipales – hablo de una autonomía real, tangible, financiera - promoviendo el cumplimiento del artículo 20º de las Disposiciones Transitorias del Regimen Municipal de nuestra Constitución Provincial, que consagra el derecho de los Municipios a percibir el Impuesto Inmobiliario.

Otro largo anhelo del PPR: el sentido inverso de la coparticipación, desde los Estados Municipales al Estado Provincial y de allí a la Nación. Es un ideal que a más de uno le gusta calificar como imposible, pero como lo imposible se logra empezando, este es un camino que hay que empezar a andar. ¿No parecía una utopía la captación de plusvalías urbanas, la edificación necesaria para los eternos especuladores? Y sin embargo, por ahí vamos.

Otras provincias han reconocido los beneficios de fortalecer las gestiones locales; sus ciudades perciben el impuesto inmobiliario y las patentes… y esas provincias son objeto del mismo nefasto sistema nacional de coparticipación federal de impuestos que Río Negro.

Desde aquí me permito invitar al bloque del Frente Grande, a seguir sumándose a las iniciativas del PPR, esta vez a las del bloque provincial y a procurar un trabajo serio y compartido con las ciudades que ya han avanzado un trecho en las materias que intenta abordar.

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