Plus patagónico: el PEP dice que los jueces pretenden gobernar

La contestación de la Fiscalía de Estado por el amparo que presentaron los gremios estatales pidiendo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desplieguen alguna política relacionada al tema, contiene duras críticas a la decisión de la Cámara Civil de Apelaciones al revertir el rechazo "in límine" de primera instancia y admitir la demanda.
Las críticas apuntan al tribunal integrado por los jueces Jorge Cañón, Graciela Martín, Guillermo Perdigués y Laura Torres.

En el encabezado de la contestación de la demanda, los abogados José Vanini y Marina Alvarez despliegan la postura jurídico-política del Gobierno: "Cuestión no judiciable, principio republicano de división de poderes, improcedencia del amparo, ausencia de inconstitucionalidad por omisión, inexistencia de vulneración de derechos constitucional".

Al iniciar la contestación, la Fiscalía de Estado dice, en una velada alusión a la parte demandante, que "no recurre a trampas jurídicas vestidas de ropaje elegante para defender situaciones anómalas y que como pretende la actora conculcan derechos de terceros; ejerce la defensa del Estado Provincial sustentándola en el marco fáctico jurídico aplicable al caso en conteste".

En el tema de la no judicialidad, la crítica a la Cámara de Apelaciones que aceptó el amparo es ácida: dice que a los jueces "no les está permitido inmiscuirse en las decisiones que eventualmente pudieran adoptar otros órganos constitucionalmente instituidos y a quienes se les han asignado", como el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Además que "ese constitucional freno es el que ha sido desconocido por el Tribunal de Alzada, y como tal, se encuentra viciado de inconstitucionalidad que ahora, al tomar conocimiento, desde ya denuncian y en modo alguno consienten". La Fiscalía sostiene que la decisión de la Cámara de Apelaciones "invade ciertamente el ámbito de facultades privativas y constitucionalmente asignadas al Poder Ejecutivo Provincial, que implica por ende la abierta vulneración del principio republicano del división de poderes". En otro tramo, Vanini y Alvarez analizan la doctrina judicial del "gobierno de los jueces". Dicen que ese avance es inconstitucional. Por un lado nadie se puede meter con una gestión de gobierno elegida por el voto: sólo se puede sancionar con el sufragio, la inactividad o actividad de un gobierno. Pero además aseguran que "la pretensión de gobernar por parte de los jueces -erigiéndose en legislador o administrando la cosa pública- se encuentra desde el inicio con una restricción constitucional. Es que el artículo 22 de la Constitución Nacional impide al pueblo gobernar si no a través de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución".

Al rechazo de la injerencia judicial por la independencia de los poderes, la Fiscalía de Estado sostiene que "el dictado de una ley o en su caso la fijación de la política salarial del sector público, pretensión de los hoy accionantes, reviste el carácter de actos políticos por naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación y en este caso de la Provincia de La Pampa".

El Gobierno de La Pampa, en cuanto a los hechos puntualmente niega: "Que el Estado Provincial incumpla u omita actuación alguna; que exista obligación constitucional ni legal que obligue al Estado Provincial a otorgar una compensación económica o plus salarial por pertenecer a la Región Patagónica; que exista omisión inconstitucional por parte del Estado Provincial; que exista vulneración de Derechos Constitucionales y/o supranacionales por parte del Estado Provincial; que exista arbitrariedad y/o ilegalidad ni menos aún que se presente manifiesta; que exista vulneración del principio de igualdad, propiedad, trabajo, ni derecho constitucional alguno; que exista inequidad ni discriminación de los empleados públicos pampeanos respecto de sus coprovincianos y/o copatagónicos, ni respecto de los empleados nacionales; que las autoridades provinciales gocen de ’beneficios’ por pertenecer a una ’provincia patagónica’, como así también que a los funcionarios provinciales se les abone el pretendido ’plus patagónico’ por representar a la Provincia; que la totalidad de los habitantes de la Patagonia perciban una compensación salarial por la pertenencia a dicha región; que resulte aplicable en el caso la doctrina de los ’Actos Propios’". Además les niega a los gremios la legitimidad para reclamar por todos los empleados públicos provinciales: sostiene que esta cuestión (el plus patagónico) es ajena a los temas que permiten amparos por las leyes provinciales de intereses difusos o colectivos o la Constitución Nacional.

La Fiscalía sostiene que en el amparo concedido a los gremios no se dan los supuestos previstos por la ley. Es decir los siguientes: "a) un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal de una autoridad pública o de particulares; b) un perjuicio cierto, actual o amenaza inminente, y c) la inexistencia de otro medio jurisdiccional idóneo que permita, en su caso, el pronto y eficaz restablecimiento del derecho vulnerado".

Omisión

En relación a la omisión inconstitucional (el "no hacer" del Poder Ejecutivo y de los diputados vulnera un derecho de los estatales pampeanos), la Fiscalía refuta el argumento diciendo que ese derecho no existe.

Precisamente señala que la pertenencia de La Pampa a la Región Patagónica no implica la obligatoriedad del pago de un plus. Señala que en el Tratado Fundacional nada dice del plus ni la provincia de La Pampa puede renunciar a su autonomía por pertenecer a esa región.

Afirma que "resulta el de la ocasión, otro de los tantos intentos que se dirigen contra el Estado Provincial, de intentar forzar a través de la Justicia, la adopción de políticas de gobierno -en este caso salarial- que se encuentran reservadas a la oportunidad, mérito y conveniencia de cada uno de los Estados Provinciales, y desde luego a sus propias particularidades y posibilidades de recursos y finanzas; claro que esta vez, bajo el pretendido ropaje de ’omisión legislativa’".

En relación a la igualdad entre los otros empleados patagónicos, el Gobierno señala que esa igualdad no es tal. Y además que no hay un perjuicio cierto, actual e inminente.

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