En un plebiscito, Uruguay decidió que la ley de amnistía siga vigente

Es una norma de 1986. Un referéndum similar tampoco pudo eliminarla en 1989.
La algarabía de los impulsores de la derogación de la Ley de Caducidad ante los primeros datos arrojados por las encuestas a boca de urna que indicaban que la papeleta rosada por el Sí obtendría más del 50% de los votos, se transformó en decepción cuando comenzaron a avanzar los conteos de los votos que mostraron que este plebiscito no sería aprobado. Al cierre de esta edición, los votos a favor la anulación rondaban el 48%.

"Todo indica que no se llegará a superar la mitad más uno de los votos", dijo pocos minutos después de las 10 de la noche Danilo Astori, candidato a vicepresidente por la coalición gobernante Frente Amplio, en una conferencia de prensa. "Tenemos que aceptar con serenidad la decisión de la sociedad. Cuando se toma una decisión que no coincide con la voluntad que hubiéramos querido tiene que quedar la tranquilidad de que fue un pronunciamiento democrático en un marco de fiesta cívica", añadió.

La ley 15.848 de amnistía -más conocida como la Ley de Caducidad de la pretención punitiva del Estado- fue aprobada en Uruguay en 1986 y tres años después, en 1989, fue sometida a referéndum y confirmada por la mayoría de la ciudadanía. Varias voces, en general provenientes de la izquierda, señalan desde hace tiempo que ese referéndum se realizó entre amenazas de desacato militar y de ruptura institucional, por lo que mucha gente, por temor, votó por no derogarla, y así evitó a que se juzgara a militares y a algunos policías autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre 1973 y 1985.

Sin embargo, a poco más de un año de asumir el gobierno, el actual presidente Tabaré Vázquez, amparándose en potestades que tiene el Poder Ejecutivo, anunció que los mandos militares que actuaron en la dictadura no iban a estar más amparados por la Ley de Caducidad, así como otros que participaron de otros vergonzantes crímenes, como el de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, que fue cobardemente asesinada luego de dar a luz.

A raíz de esto, hoy varios jerarcas cívico-militares, como Juan María Bordaberry, quien abriera a los militares las puertas del gobierno, y Gregorio Alvarez, el último dictador antes de la reapertura democrática, están privados de su libertad.

Sin embargo, hace un par de años se formó la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, conformada por el PIT-CNT (Central gremial uruguaya) y otras organizaciones sociales que trabajaron con gran denuedo para juntar más de 300 mil firmas (se precisaban 257 mil, el 10% del padrón electoral) que entregaron a la Asamblea General para poder habilitar esta consulta, que finalmente no tuvo eco en la población.

Para muchos fue una sorpresa este resultado, teniendo en cuenta que las principales consultaras preveían una victoria del SI a la derogación y que además, hace una semana, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley para el caso del asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Los magistrados, por mayoría, entendieron que la normativa viola la separación de poderes y vulnera tratados internacionales.

Hasta el final, la Coordinadora siguió trabajando para impulsar a la ciudadanía para ensobrar la papeleta rosada que habilitaba la reforma. El pasado martes, realizó la última convocatoria con la siguiente consigna: "El último 20 con ley de impunidad", en referencia a todos los 20 de mayo en los que desde 1994 se realiza una marcha para recordar a los detenidos desaparecidos que hubo en Uruguay, fecha no elegida al azar sino que recordaba ese día de 1976, en el que en Buenos Aires aparecieron los cuerpos sin vida de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz asesinados en el marco del Plan Cóndor.

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