El plebiscito

Por Horacio Verbitsky

Que las elecciones legislativas de mitad de período son un plebiscito sobre la gestión presidencial es la Constitución no escrita que coexiste con el texto formal. De la Rúa creía que no lo involucraban y dos meses después ya no era presidente. El bloque agrario y sus voceros lo plantean en forma explícita, el gobierno terminó por aceptar el reto y procura darle contenido. Los conflictos de Macri, políticos con su primo y judiciales con su padre y sus hermanas.

La idea de que las elecciones legislativas de mitad de periodo son un plebiscito sobre la gestión presidencial, que condiciona el resto de su mandato, es la Constitución no escrita que coexiste con el texto formal. La idea de truncar el mandato de CFK por medio del vacío de poder y la ingobernabilidad fue enunciada por el ex senador Eduardo Duhalde, el experto que concibió la doctrina del empujón cuando se iniciaba la agonía del menemismo y la probó en 2001 para encaramarse en el sillón presidencial. Este desfasaje entre los libros y la vida lo padecieron Raúl Alfonsín a partir de 1987, Carlos Menem luego de su derrota de 1997 y Fernando de la Rúa en 2001. En cada una de esas situaciones coyunturales, en las que las distintas fuerzas políticas pugnan por consolidar o demoler un bloque social de poder, intervino el estadista de Lomas de Zamora. Ni aun así debería perderse de vista su carácter sistémico, no atribuible con exclusividad a un gobierno, un partido o un hombre, y que deriva de la extraña combinación entre presidencialismo y representación proporcional. En noviembre, Eduardo Buzzi dijo que el objetivo de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias era desgastar al gobierno. Hace diez días, en el discurso de Leones, ese mismo maestro del doble lenguaje pretendió que “no somos destituyentes” y que “nadie apuesta a un helicóptero”. Ni se ruborizó al mencionar ante esa audiencia el Cordobazo que precipitó el fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía. El 15 de febrero, el hijo natural del senador Gerardo Morales y del diputado Felipe Solá, escribió un artículo titulado “Acuerdos para gobernar cuando Kirchner no esté”. El tambero Hugo Biolcati musitó en privado “les ganamos en octubre y no terminan” y Elisa Carrió vaticina una muy próxima elección presidencial. La polarización es inevitable y el gobierno también lo sabe, no como De la Rúa, quien dos meses antes de renunciar sostuvo que las elecciones de renovación legislativa de 2001 le resbalaban porque no había sido candidato.

Bloques sociales

Un trabajo inédito del economista Eduardo Basualdo, que toma como referencia la conformación de nuevos bloques sociales descripta por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, contribuye a entender qué se pone en juego en los próximos comicios. Destaca el carácter estructural de los cambios introducidos a partir de 1976 en la producción y en las diferentes fracciones sociales del agro pampeano y su vinculación con el patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. Al agotarse ese ciclo, se inició en 2002 una etapa de transición. Las distintas fracciones sociales pugnan por definir un nuevo patrón de acumulación. El agro pampeano quiere terciar en la disputa por la distribución del ingreso y “ocupar el centro de la escena política y económica” para que “tanto el Estado como los asalariados y la producción industrial operen en función de sus propios requerimientos de expansión”. El incremento de la riqueza de los grandes terratenientes pampeanos; el reagrupamiento alrededor de la producción agropecuaria y agroindustrial de las dos fracciones de la oligarquía (una eminentemente agropecuaria y otra diversificada hacia la industria y las finanzas) y la emergencia de una fracción de pequeños y medianos propietarios rurales que obtienen alta rentabilidad arrendando las tierras de otros pequeños y medianos convertidos en rentistas, son síntomas de la aparición de un bloque agrario, que se aproxima al momento político narrado por Gramsci, cuando se alcanza la conciencia de que los propios intereses “superan el círculo corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados”. En la pugna ideológica, intenta “instalar en el sentido común que el agro y la agroindustria son el sustento material de la Nación en tanto, supuestamente, es el portador del cambio tecnológico, de la creación de riqueza y, en consecuencia, de la transformación social del conjunto de los sectores”. En un año electoral se articula con las diferentes vertientes de la oposición, como “sustento de una supuesta renovación política”, cuyo objetivo para asegurar la hegemonía es “el control del Estado”, ahora mediante una disputa democrática y no a través de un golpe de estado. Basualdo incluye en el análisis la extranjerización de la industria local a partir de 1995, principalmente por la venta de una parte significativa de las empresas industriales de la fracción diversificada de la oligarquía, que fugó esos recursos para inversiones financieras en el exterior. Esa fracción no intenta disputarle al capital extranjero su predominio en la producción industrial, sino recuperar sus posiciones en la economía real “a través de la expansión de la producción agropecuaria”. En su disputa por la hegemonía, recurre a “líneas de acción similares a las que han adoptado otros bloques antipopulares en diversos países latinoamericanos”. (Esto explica el alineamiento automático de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, su desdén por la agricultura de subsistencia y su rechazo al nuevo estatuto del peón que protege a los trabajadores rurales.) Por su parte el gobierno “abandonó la idea de generar una fuerza propia, privilegiando una construcción política sustentada en el Partido Justicialista”, cooptado durante el cuarto de siglo de la valorización financiera por los sectores dominantes y con escasa capacidad para convocar a los sectores populares.

Ejes claros

CFK trata de recuperar la iniciativa política y dar un contenido nítido a la confrontación, no sólo en términos económicos. Algunas medidas recientes en esa dirección:

- reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba;

- emplazamiento del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) a la distribuidora de La Plata, Edelap, y a su controlante, la estadounidense AES. Bajo amenaza de rescisión, deben modificar los convenios de Reestructuración de Pasivos con el banco HSBC (que priorizan el pago de esa deuda, por lo que sólo podría cumplir sus compromisos de inversión si le aumentaran las tarifas y no le cobraran las sanciones por incumplimientos del servicio);

- anuncio de una propuesta oficial para debatir una nueva ley de radiodifusión;

- denuncia penal de la AFIP contra un banco y varias sociedades de agentes de bolsa que fugaron más de mil millones de dólares del país mediante compra y venta de títulos públicos en Buenos Aires y Nueva York;

- proyecto del diputado oficialista Héctor Recalde, firmado por sus colegas Agustín Rossi y Eduardo Fellner, para volver a la redacción histórica del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que hasta el golpe de 1976 prohibía la prórroga de jurisdicción en favor de árbitros o jueces extranjeros. Esto golpearía la próspera industria del juicio contra el Estado en el CIADI;

- estudios no interrumpidos para nacionalizar el comercio exterior de granos y recuperar el control del Banco Hipotecario, donde con dos tercios de las acciones el Estado no tiene arte ni parte en la conducción;

- insistencia política y administrativa para la preservación del empleo a pesar de la crisis;

- cesión a las provincias del 30 por ciento de las retenciones a la soja, que sólo podrán aplicarlo a “infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial”, por decreto firmado cuando la ley de adelantamiento electoral entraba al Senado.

El espectro de la democracia

La decisión más significativa es la propuesta para debatir en una docena de foros regionales el tan demorado proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La presentación del texto comienza por explicar cómo cumplirá con los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una Radiodifusión Democrática elaborados por una amplia coalición de organizaciones, como la CGT, la CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el CELS, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, las entidades que agrupan a radios comunitarias y universitarias, sindicatos de todo el país de trabajadores de prensa, educación y televisión, centrales de cooperativas, canillitas y actores. Cada artículo está respaldado por legislación de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. La reserva de un tercio del espectro para personas sin fines de lucro; la participación como radiodifusores de provincias, municipios y organismos no gubernamentales; las cuotas de producción nacional; la referencia a los principios de libertad de expresión y pluralismo contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos; la regulación por un ente colegiado en el que tendrán representación las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso, como también ocurrirá con el sistema de medios públicos; la intervención legislativa en el nombramiento de la autoridad de aplicación, el sistema de medios públicos y el Defensor del Público; las audiencias públicas antes de prorrogar una licencia; el establecimiento de una tarifa social para el servicio básico de cable allí donde no haya alternativas, conforman un conjunto de una amplitud y solidez superior a los de cualquier proyecto anterior en la materia. Los objetivos de desconcentración y desmonopolización incluyen varias cláusulas merecedoras del debate a fondo que se inicia. Por ejemplo, los titulares de licencias de televisión abierta (como los canales 2 y 13), no podrán poseer al mismo tiempo licencias de televisión por cable (como Supercanal y Cablevisión/Multicanal). Quienes operen sistemas de cable por suscripción (como Supercanal o Cablevisión/Multicanal), sólo podrán poseer una señal propia (como América 24 o TN). Esto obligaría al Grupo Clarín y a la sociedad integrada por el diputado De Narváez, la familia Vila y José Luis Manzano a desprenderse del canal de aire o del cable. En cambio, Clarín podrá conservar un canal de televisión, lo cual implica un grado de permisividad superior a la de Estados Unidos, donde el Wall Street Journal o el New York Times no pueden hacerlo en Nueva York. Otro punto polémico es la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas, operen un servicio de televisión por cable. Hace dos décadas se lo prohibió la ley de privatización de ENTel. Es cierto que para levantar esa veda la propuesta oficial pone como condición que las telefónicas abran más de la mitad de su propio mercado a la competencia mediante una serie de duras exigencias. Entre ellas:

- Permitir en las mejores condiciones técnicas y de precios la interconexión con otros operadores, en cualquier punto de su red.

- Posibilidad de que el cliente conserve su número telefónico, celular o fijo, aunque cambie de compañía prestadora y/o de domicilio.

- Facilitar a los competidores el acceso a su propia infraestructura de postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y a su información técnica y comercial pertinente.

- Interoperabilidad de redes.

¿Esto es suficiente o debería mantenerse la prohibición? Nada mejor que discutirlo en un año electoral, para que cada uno decida si es más merecedor de su voto el gobierno que propone esta reforma o la oposición, que anuncia su alianza con los grupos económicos para resistirla, o que tiene intereses creados en la situación preexistente.

Todo en uno

Entró al banco solo, con un revólver de caño corto. Reclamaba el pago de un subsidio de 5000 pesos por el impacto de la emergencia agropecuaria en el campo que explota. Sólo se apaciguó cuando las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe se allanaron al pago que exigía. De allí no marchó a su campo sino a la Unidad Regional XIX, donde quedó detenido. En su camioneta llevaba también una Magnum 357 y panfletos titulados “Queremos a los militares”. Su texto exhortaba: “Dejemos de jugar a la democracia, servicio militar obligatorio, mano dura para los delincuentes, droga y alcohol”. El productor agropecuario Carlos Azzaro es suboficial retirado de la policía bonaerense. En 1976 participó en el homicidio de Omar Darío Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijitos de cuatro y dos años, y de Ana María Granada, en un enfrentamiento simulado en una casa de San Nicolás. El defensor de Azzaro, Héctor H. Hernández sostuvo que la responsabilidad por la muerte de los chicos fue de sus padres porque no se rindieron ante la intimación policial. Azzaro reconoció en una carta al ex ministro de Seguridad Carlos Arslanian que fue el autor material del fusilamiento de Ana María Granada, pero el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo lo excluyó de la elevación a juicio. A fines de 2008, Azzaro se encadenó frente a los tribunales de San Nicolás para protestar que no se respetaban sus derechos humanos: un juez de garantías lo excluyó del hogar por golpear y amenazar con un arma a su mujer. En un artículo publicado en la Revista El Derecho, su defensor Hernández atribuyó a jueces, fiscales y funcionarios “manodurismo” y “tolerancia cero” contra los policías “en nombre de supuestos derechos humanos falsos de los delincuentes”. En su perturbación mental, Azzaro logró una síntesis suprema de las pulsiones que hoy agitan a las distintas fracciones de la derecha: los embates del bloque agrario, la reivindicación de los crímenes de la dictadura, el desdén por la democracia y los procedimientos legales, en aras de la seguridad, que no se respeta en casa.

Diga 33

¡Cuánto ha cambiado el país para que una modelo proponga volver al Servicio Militar Obligatorio y un general le responda que el Ejército no es un reformatorio! Si Susana Giménez perseverara en ocuparse de cuestiones de interés público tal vez en algún momento haría algún aporte valioso. También decían burradas las promociones militares anteriores a la del general Mario Dotto, quien ahora comprende bien el rol castrense en la sociedad que pasado mañana recordará los 33 años del último golpe cívico-militar. El cómico Marcelo Tinelli dijo que hoy “te matan por el pancho y por la Coca-Cola”, sincero reconocimiento de las causas sociales de algunas conductas desviadas de la ley. En ese contexto proliferan otras reivindicaciones. En Tucumán, la empresa 9mm (sic), cuya marca incluye el diseño de un blindaje perforado por disparos, fabrica remeras con consignas como “Las Fuerzas Armadas salvaron a la Patria”. Al mismo tiempo se siguen distribuyendo copias de una carta escrita por el director del Colegio católico Champagnat, Eugenio Magdaleno. Quien le respondió fue el ex sacerdote Patricio Rice, uno de los fundadores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quien hoy integra la comunidad laica “Carlos de Foucauld”. La carta de Magdaleno, reproducida en esta página en mayo pasado, “me entristece y me preocupa porque desde 2003 la realidad nacional me da motivos de esperanza”, escribe Rice. A pesar de ver “las rutas cortadas y la población privada de elementos de primera necesidad, fue notoria la mesura con la cual la presidente manejó las fuerzas de seguridad. Esta actitud fue una originalidad en la historia argentina reciente donde generalmente en situaciones parecidas hubo represión con sus secuelas de muertos y heridos”, dice. Nada le parece tan grave como las observaciones de Magdaleno sobre “la trágica década de los setenta. Lo que divide a Argentina no es la política oficial de los derechos humanos sino el terrorismo de Estado que gobernó entre 1976 y 1983”. El jurista Alberto Bovino divulgó un panfleto repartido en algunos domicilios de clase media de Villa Luro, en el que se insta a atacar, incluso con armas de fuego, a “los hombres vestidos de mujer que están ensuciando nuestro barrio”, a quienes llama villeros y les atribuye desvalorizar la propiedad con su mera presencia, vender drogas y “tener arreglada a la policía”. Para “eliminar a estos travestis de nuestro barrio todo tipo de agresión hacia ellos es valida, cuanto mas violenta mas miedo les va a causar, y mas rápido se van a ir”. Con mejor prosa, el rabino Sergio Bergman, fue el principal orador en un menguado acto por seguridad en la Plaza de Mayo, en el que hizo uno de los dos aportes de la semana a la demonización de Néstor Kirchner, a quien comparó con Nerón. El otro, por partida doble, provino del escritor Marcos Aguinis, quien asoció al ex presidente con Napoleón Bonaparte luego de Waterloo y con el rey que según Plutarco “mandó asesinar al oficial que lo había salvado en una batalla para que no hubiera un testigo de su debilidad”. Dos intelectuales judíos, voceros del bloque agrario. Desde el edificio vecino a la Catedral, un hombre astuto sonríe.

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