La iniciativa del intendente Juan Carlos Giannattasio de cerrar los espacios donde se ejerce la prostitución -sean éstos cabarets, whiskerías o clubes nocturnos- ha generado polémica en la ciudad. Mientras gran parte de la opinión pública y organizaciones por los derechos de las mujeres considera que es un paso positivo, desde el Concejo Deliberante hay en principio otra visión, por las consecuencias que podría traer esta medida. Esta situación hizo que, a una semana de haberse presentado el proyecto, el texto aún no haya sido analizado en profundidad.

Viviana Tortorelli, concejal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien tiene mayoría de representantes en el Cuerpo, manifestó que esperan tener una resolución antes de fin de año, aunque aclaró que su tratamiento es complejo. “Hace unas semanas que debatimos el tema en comisión, y desde los diferentes bloques han pedido más tiempo para interiorizarse y hablar con especialistas”.

Tortorelli comentó que buscarán conocer cuáles son las ciudades que ya decidieron la prohibición para saber qué opinan las trabajadoras sexuales, y también escuchar cuáles son sus propuestas en representación de la mayoría.

La edil sostuvo que, si bien el deseo de la mayoría es cerrar este tipo de lugares donde se facilita la prostitución, la prohibición también trae complicaciones. “Se tiene la idea de que se puede perder el control que hay sobre estos clubes nocturnos y sobre las trabajadores que tienen una libretad sanitaria, se pueden perder ciertas estadísticas y el control de la trata de personas”.

Por su parte, Daniel Hernández, de Unión por los Neuquinos, sostuvo que el proyecto enviado por el Ejecutivo es vacío de contenido, y no da una solución definitiva ni una contrapropuesta laboral ni una opción de inserción social a las mujeres que trabajan en estos lugares. “La prostitución se erradica con una alternativa laboral que no existe hoy en la ciudad”, indicó, y agregó que “podemos cerrar los cabarets, pero después a las trabajadoras las tenemos en la calle”.

María José Canale, representante de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) en la comarca, cruzó a los ediles al decir que, si un proyecto no está completo, tendría que trabajarse para completarlo. Indicó además que “mientras no se resuelva el problema, se sigue teniendo a la mujer como objeto y con un trabajo denigrante”.

La activista por los derechos de las mujeres acotó que lo más grave de no cerrar los cabarets es que se sigue avalando un delito penado como es el regenteo de la prostitución. “La existencia del proxeneta significa un delito, porque promover la prostitución es un delito”, sentenció.

Canale aseveró que en este tema el que mejor sale parado es el cliente, dado que “los controles sirven para el que paga, porque, por más controles que haya en los cabarets, la prostituta sigue siendo prostituta, y no es mejor vista en la sociedad”. Afirmó que hoy en Huincul está todo facilitado para que existan casos de trata de personas con fines de explotación sexual, y se preguntó “quién controla de dónde vienen las prostitutas, quiénes son y si son mayores de edad o si están bajo su consentimiento”, y dejó en claro que las trabajadoras sexuales son explotadas tanto en los cabarets como si trabajan en las calles. En Plaza Huincul funcionan actualmente tres clubes nocturnos con licencia comercial, en los que se estima que hay entre 60 y 75 mujeres involucradas. Señalaron que Bromatología hace un control regular en los tres locales y que se tiene una ficha de cada una de las integrantes, con foto y datos. Además, se les hace un control de salud.

La ruta del petróleo y la trata

Plaza Huincul > Tanto esta localidad como Cutral Co están dentro de lo que se ha denominado la “Ruta del Petróleo”, en relación con la trata de personas, zona conformada por ciudades que tienen como eje principal de sus economías la actividad hidrocarburífera, y que no están muy desarrolladas, por lo cual, en su mayoría, están habitadas por hombres trabajadores de la industria alejados de sus familias.

En la Comarca hay una importante cantidad de cabarets en los que las redes de trata de personas con fines de explotación sexual pueden asentarse para desarrollar sus negocios.

Desde las organizaciones de los derechos de mujeres afirman que en este contexto es que la prohibición de los espacios donde se lleva adelante esta práctica se convierte en algo necesario.