No obstante, ese vínculo se rompió a principios de este año, cuando el intendente interino Gustavo Bevilacqua dictó la caducidad del contrato.

Mientras retira sus colectivos de la ciudad, la empresa capitalina prepara dos reclamos ante la justicia.

Por una parte, una demanda por el quebranto económico sufrido por funcionar con una tarifa inadecuada desde el 2010. Según adelantó esta mañana en Frente a Cano el abogado de la compañía, Alex Di Berardini, la demanda rondaría los $55 millones.

Asimismo, realizará otra presentación por la rescisión “arbitraria” del contrato que unía a la comuna con Plaza hasta febrero del 2019. “Vamos a presentar un resarcimiento económico por la ruptura del vínculo. La Municipalidad tiene la facultad de dictar la caducidad del contrato, pero para ello debe cumplir una serie de pasos que aquí no se cumplieron”, remarcó el letrado.

Y se mostró confiado en que la justicia les dará la razón. “Cuando la violación de los procedimientos es tan grosera, es prácticamente imposible que el resultado de la justicia sea distinto al que esperamos”, sentenció.

¿Qué pasará con los 42 trabajadores que no formaron parte del traspaso?

Por otra parte, Di Berardini hizo referencia a los empleados de la firma capitalina que no fueron absorbidos por San Gabriel ni por la Sapem.

En tal sentido, adelantó que el jueves mantendrán una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo para analizar su futuro.

“Hasta el momento continúan siendo empleados de Plaza, pero no pueden seguir porque la empresa no tiene lugar para ellos”, sostuvo.

Y agregó: “en su mayoría, eran trabajadores de otras empresas de transporte que fueron incluidos en el traspaso que se hizo en 2009”.

Finalmente, opinó que ahora quedaron excluidos porque San Gabriel comenzó a operar siete líneas con menos colectivos que los que tenía Plaza para el mismo servicio. “Si se calcula que son tres trabajadores por micro, allí está la diferencia”, concluyó.