Playa Grande: El primer conflicto del 2009 de la gestión Pulti

Luego de que 0223.com.ar anticipara en exclusiva que el intendente Pulti firmó los respectivos decretos intimando a las firmas Paseo de Las Toscas SA y Leopolo SA para que restituyan a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon tres Unidades Turísticas Fiscales del Complejo Playa Grande en el plazo de cinco días hábiles administrativos luego de ser notificados los señalados permisionarios; el representante legal de los concesionarios, Dr. Alberto Morteo, anticipó que en caso de que se desaloje “mala o arbitrariamente” a sus clientes, “se iniciarán acciones legales por daños y perjuicios y lucro cesante”.

En las últimas horas, el Jefe Comunal firmó los respectivos decretos por los cuales se intimó a las firmas Paseo de Las Toscas SA y Leopoldo SA para que restituyan a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon las Unidades Turísticas Fiscales 4 “A”, 7 y 8 del Complejo Playa Grande en el plazo de cinco días hábiles administrativos luego de ser notificados los señalados permisionarios.

Al vencer dicho plazo, el Jefe Comunal autorizó a la Procuración Municipal a promover acciones judiciales tendientes a lograr el recupero de la tenencia, uso, goce y explotación de los mencionados balnearios.

A su vez, se encomendó a la Dirección General de Inspección General y a la Dirección de Recursos Turísticos, en forma conjunta, la implementación del operativo tendiente a concretar la restitución de estas cotizadas playas.

En los fundamentos de los señalados decretos, a los cuales 0223.com.ar tuvo acceso exclusivo, el intendente Pulti explicó que “con fecha 30 de abril de 2007 finalizó el período de concesión” de los mencionadas balnearios.

Al respecto, el Dr. Alberto Morteo, representante legal de los concesionarios de las Unidades Fiscales 4 ”A”, 7 y 8 de Playa Grande, advirtió en 0223.com.ar que, “si no se respeta lo estipulado en los contratos, tendrán que pagar las consecuencias”.

“Ellos alegan que hay un contrato vencido pero nosotros sostenemos que no es así porque a mis clientes les corresponde una prórroga por 5 años, que está establecido en el pliego de bases y condiciones del contrato anterior”, insistió.

Asimismo, el abogado señaló que “esta divergencia judicial únicamente la puede resolver la Justicia”, y criticó la postura del Ejecutivo Municipal al resaltar que “no puede salir a dar por hecho que hay un contrato vencido sin una resolución judicial”.

En ese sentido, el letrado consideró que “es una arbitrariedad” por parte de las autoridades e indicó que “ahora deberán acudir a la Justicia para pedir el desalojo, que les podrá decir que sí o que no, pero salir antes por los diarios a decir lo que van a hacer me parece una irresponsabilidad”.

“Aún no hemos sido notificados de la decisión, pero cuando ellos acudan a la justicia para pedir el desalojo, allí nos presentaremos y diremos todo lo que tenemos para decir”, apuntó más adelante.

Y anticipó que, en caso de que el Departamento Ejecutivo “saque mala o arbitrariamente a los concesionarios, se le iniciará acciones legales por daños y perjuicios, y por el lucro cesante por las 4 temporadas que quedan, porque son sumas millonarias que como siempre, termina pagando el pueblo”.

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