Playa Grande: Advierten que se viene “un escándalo” y funcionario municipal ya se excusó

El futuro de un grupo de unidades turísticas fiscales de Playa Grande se transformó en una gran incógnita faltando pocos días para que arranque la temporada de verano, debido al conflicto suscitado entre los concesionarios y el intendente Pulti.

La polémica abarca a los balnearios 4A, 7 y 8 cuyo contrato venció en abril de 2007. Los concesionarios que los explotan solicitan que la Comuna les dé la prórroga de cinco años contemplada en el contrato original y rechazan la opción de “derecho de preferencia” para una próxima licitación acordada por la Municipalidad con el resto de los permisionarios del sector.

El Ejecutivo Comunal intimó a los concesionarios para que rubriquen un convenio o, en caso contrario, a desalojar las instalaciones.

Los concesionarios, por su parte, elevaron un recurso de revocatoria pero éste fue rechazado por el Secretario de Gobierno Juan Guiñazú. Ahora, se espera la decisión clave del Jefe Comunal.

Por su parte, el Director General de Recursos Turísticos, Dr. Martín Sala, se excusó de seguir interviniendo en las señaladas cuestiones administrativas.

CONVENIO POLÉMICO

El pasado 30 de agosto, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza por la cual se prorrogaron algunos contratos de concesión de los balnearios de Playa Grande hasta el 30 de abril de 2009.

A los pocos días de asumir en su cargo, el intendente Pulti anunció el llamado de un concurso de ideas y una licitación de las mencionadas playas, pero los ex concesionarios reclamaron un pedido de prórroga contractual por cinco años. Incluso, amenazaron con ir a la Justicia si el gobierno municipal no les concedía esa petición, que consideraban como un “derecho adquirido”.

Finalmente, el Jefe Comunal aceptó la incorporación de una cláusula otorgándoles un “derecho de preferencia” a favor de algunos permisionarios en la futura licitación en donde tendrán la posibilidad de mejorar la oferta preclasificada en primer término.

Como contrapartida, los empresarios garantizaron que no harán ningún reclamo judicial y desecharon la posibilidad de solicitar la prórroga contractual por cinco años.

Aunque, el acuerdo no fue firmado por todos los concesionarios del cotizado Complejo Playa Grande.

RECHAZO

Los concesionarios de las Unidades Turísticas Fiscales, 4A, 7 y 8, con el patrocinio letrado del Dr. Alberto Julio Morteo, presentaron comenzando el mes de octubre del corriente año ante el Ejecutivo Comunal y el HCD un recurso administrativo por el cual se plantea la “inconstitucionalidad” de la reciente ordenanza que estableció la prórroga de los contratos de las playas del señalado sector costero del Partido de General Pueyrredon.

En el señalado documento, al cual 0223.com.ar tuvo acceso, los concesionarios Leopoldo Ciancaglini y Gerardo Di Scala plantearon la “inconstitucionalidad” de la reciente norma por “violar las Garantías Constitucionales de Defensa, Legalidad, Propiedad, Igualdad y Razonabilidad”.

Además, denunciaron que perjudica “inconstitucional e ilegítimamente” sus “derechos e intereses jurídicamente protegidos”.

“Hacemos reserva de promover las acciones contencioso administrativas pertinentes, a fin de reclamar de la Municipalidad y personalmente de los funcionarios responsables, los daños y perjuicios que se nos produzcan” advirtieron los empresarios.

El pasado 24 de octubre, el Secretario de Gobierno, Juan Guiñazú, rubricó la resolución Nº 2544 rechazando el mencionado recurso de revocatoria interpuesto por los Concesionarios de los balnearios 4ª, 7 y 8 del Complejo Playa Grande.

En la señalada resolución, el Dr. Guiñazú aseveró que “el municipio posee facultades suficientes para decidir o no el acuerdo de la prórroga de la concesión en función de lo normado por el Pliego de Bases y Condiciones que rigiera el uso y explotación de las unidades fiscales en cuestión, y en caso afirmativo, por que lapso se dispone la misma”.

Y remarcó que “la Comuna ha hecho uso de tal potestad fijando un término de prolongación del contrato acorde a las previsiones de dicho plexo normativo (dos años a partir del vencimiento del contrato original), lo que hace la expiración del plazo de la concesión se produzca indefectiblemente en fecha 30 de abril de 2009. Esto implica que se ha actuado dentro del marco legal y relación contractual en vigencia y aplicable para cada una de las unidades fiscales mencionada”.

Por otra parte, el Director General de Recursos Turísticos, Dr. Martín Sala, se excusó de seguir interviniendo en las cuestiones administrativas vinculadas con el “conflicto suscitado en el complejo ‘La Normandina’ y ex concesionarios de los balnearios 7 y 8 del Complejo Playa Grande, y en todas las actuaciones administrativas vinculadas con la restitución de los balnearios 7, 8 y 4A, por el vencimiento del período contractual operado”, según explicó el Dr. Guiñazú en la resolución registrada bajo el Nº 2526.

En tal sentido, el Secretario de Gobierno explicó que el Director General de Recursos Turísticos solicitó que se lo excuse de seguir entendiendo en dichas actuaciones y “muy especialmente” respecto de las revocatorias planteadas por los recurrentes, en virtud de considerar, en atención al contenido de la pieza recursiva, que “el mismo lo agravia condicionalmente la objetividad que debe primar en todas sus resoluciones funcionales”.

“ESTA CONDUCTA ES JURÍDICA Y POLÍTICAMENTE INCORRECTA”

En declaraciones a Radio Brisas, el Dr. Morteo manifestó este miércoles: “Es la primera vez que me ocurre en mi carrera que una autoridad pretende imponer coactivamente la firma de un ‘acuerdo’, que por su naturaleza es voluntario, saliendo luego a amenazar por los diarios que el que no firme, será desalojado. Esto es un abuso de autoridad incompatible con un gobierno democrático. Es un medio de presión y coacción ilegítima, ante el cual algunos concesionarios se doblegaron y firmaron, pero que mis clientes no aceptan porque no es justo ya que los perjudica”.

Además, agregó: “No se entiende la conducta administrativa del Secretario de Gobierno de la Municipalidad. Sin embargo, el intendente aún no ha tomado la decisión final en el recurso que nosotros interpusimos. Esta conducta es jurídica y políticamente incorrecta y no creo que haya estado en la mente de muchos concejales haberla autorizado al sancionar la Ordenanza, por lo que deben salir a aclarar cual es su verdadera voluntad política”.

“En todos los gobiernos, la conducta administrativa habitual ha sido prorrogar las concesiones aún cuando estas no estuvieran autorizadas en el pliego como una forma de amortizar las inversiones realizadas. Esta es una actividad arreglada. Cuando hay una norma previa que le indica al Ejecutivo lo que debe hacer, debe respetarla de buena fe con aquello que se comprometió”, añadió Morteo.

Por otro lado, afirmó que “si el pliego de bases y condiciones en el articulo 5º de las cláusulas particulares y el contrato, previeron que la prórroga sería de 5 años, sujeto a la autorización del HCD, este debía ser por plazo quinquenal y no por 2 años, más un derecho de preferencia que nadie pidió y que no estaba previsto en el pliego”.

“Mis representados tienen el derecho a la prórroga por 5 años porque poseen las 3 condiciones requeridas para ello: Cumplieron con todas las obligaciones del pliego, no tuvieron ninguna sanción y el HCD autorizó la prórroga”, aseguró el abogado.

En tal sentido, explicó que “si ahora se vulnera tal derecho, tomando posición de las unidades, como amenaza el Secretario de Gobierno, se generará un conflicto de imprevisibles consecuencias en la puerta de la temporada estival. Además, se dará inicio a un cuantioso reclamo por daños y perjuicios contra la municipalidad que como siempre, terminaremos pagando todos los marplatenses cuando los actuales funcionarios ya no estén en sus cargos, aunque tengo instrucciones para demandar personalmente a los funcionarios responsables”.

A renglón seguido, el abogado indicó que “la Ordenanza 18701, en ningún artículo autoriza a proceder a la toma de posición o desalojo de los concesionarios que no firmen el convenio que pretenden imponer bajo esa amenaza. Es inexplicable que estas decisiones se pretendan ejecutar en la puerta de la temporada estival, que pone en riesgo el puesto de trabajo de varias familias en los 3 balnearios”.

“No se entiende que una prórroga quinquenal se pretenda cambiar por una de dos, que vence en abril de 2009 más un supuesto derecho de preferencia. Cuando mis clientes preguntan las razones de dicha decisión y las negativas a buscar todo intento de conciliación, el Secretario de Gobierno sólo dice que es una decisión política sin dar otra explicación”, agregó Morteo.

De la misma forma, aconsejó que “el Ejecutivo municipal tiene que aprovechar esta etapa del procedimiento administrativo para conciliar intereses y evitar un escándalo”.

Finalmente, el letrado afirmó: “No queremos el proceso judicial porque no le arregla el problema a nadie. A mis clientes sólo les interesa trabajar en lo que saben y quieren hacer, que es prestar servicios turísticos”.

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