El juez Carlos Herrera, titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea, se declaró "incompetente” para entender y resolver ante la solicitud de medidas cautelares por parte de la empresa Playa de Camiones Quequén SA, para que se suspenda la ejecución de los alcances del decreto Nº 1273/16, a través del cual la Municipalidad rescindió el contrato de concesión del denominado "chiquero”, con la citada empresa.

Se conoció que de parte de la empresa Playa de Camiones Quequén SA se va a interponer una revocatoria con apelación en subsidio, es decir que se le pedirá que revise esa resolución y se declare competente, ante una serie de cuestiones doctrinarias y jurisprudenciales.

Otra instancia

De todos modos desde la empresa se presume que el juez podría mantener su postura y no revocaría su fallo. En ese caso, lo que tienen previsto los representantes de la empresa, es elevar una apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que en definitiva sería quien dispone qué juez es competente para este caso.

Se conoció que entre mañana jueves y el próximo viernes la empresa estará presentando la revocatoria para que el juez Herrera revise su fallo y se declare competente.Vale recordar que la empresa tomó posesión del predio el 8 de mayo del año pasado, día en que fue celebrado el contrato, hasta que de manera sorpresiva, y sin previa notificación, se decretó la caducidad de la misma, tomando posesión la Municipalidad.

Playa de Camiones Quequén SA realizó una extensa presentación judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea, en la que se exponen los argumentos de la empresa para solicitar la medida cautelar, enumerando una serie de supuestas irregularidades y manipulación de actuaciones cometidas por la Municipalidad durante el procedimiento.

La empresa solicitó oportunamente ante el juez medidas cautelares, entre las cuales se encontraría la de la de suspensión de la ejecución de todos los efectos del decreto.También se plantea que si el recurso de revocatoria es desestimado, se deberá iniciar la correspondiente acción de anulación del decreto con los correspondientes daños y perjuicios. En tanto, mientras se sustancien ambos reclamos y acciones, pide que los efectos del acto administrativo se suspendan y se restituya la concesión.En caso de no lograrse la medida cautelar solicitada, se indica "difícilmente se pueda volver el tiempo atrás, y los perjuicios, no sólo económicos, serán inmensurables”.

También se conoció que la empresa solicitaría la total anulación del decreto 1273/16. Básicamente, los fundamentos de dicha pretensión anulatoria radican en que "se han visto afectados derechos constitucionales básicos, como los de propiedad, a ejercer una industria lícita, a trabajar, a la defensa en juicio, al debido proceso adjetivo, entre otros”.